Radiografía del ‘error Bankia’

No es fácil explicar cómo se pueden falsear las cuentas del tercer banco español que, antes de salir a Bolsa, estaba bajo la vigilancia de cientos de ojos. Examinaron sus balances decenas de inspectores del Banco de España, empotrados en su sede social; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; los auditores y los analistas de los bancos de inversión que recomendaron comprar sus acciones. Nunca antes se había considerado fallida una salida a Bolsa de la magnitud de Bankia, pero lo que ocurrió en el sistema financiero español entre 2009 y 2012 tampoco había sucedido: una crisis sin precedentes en la que se actuó sin manual de instrucciones. El juicio quedó visto para sentencia en octubre de 2019 y ahora se espera de manera inminente la sentencia de la Audiencia, que había quedado aplazada.

Los inspectores-peritos del Banco de España, a las órdenes del juez, determinaron que hubo un maquillaje de las cuentas para lograr el éxito de la salida a Bolsa en julio de 2011. Afirmaron que Rato y sus directivos, con el beneplácito del consejo de administración, no reconocieron las pérdidas encubiertas provocadas por la enorme inversión en el ladrillo tóxico, que alcanzó las decenas de miles de millones de euros. El objetivo, según ellos, sería doble: por un lado evitar realizar provisiones contra la cuenta de resultados que hubieran llevado a pérdidas a Bankia, truncando así su estreno en el parqué; y por otro, mantenerse en sus cargos y conservar sus retribuciones.

Si los gestores retorcieron los números para darles un barniz atractivo ante los inversores cabe preguntarse si lo hicieron con la colaboración de los supervisores o engañando a todos los vigilantes. Para juzgarlo hay que recordar que en el primer semestre de 2011 el euro se jugaba su supervivencia por las dudas sobre la solvencia de varios países, entre ellos España, y las miradas de los organismos internacionales, incluido el FMI y la Reserva Federal de EE UU, se dirigían al éxito de la salida a Bolsa de Bankia. Parecía el tapón que impedía la recuperación de la zona euro. Otro espejismo de esta crisis.

Tras casi un año de deliberaciones, el tribunal de la sala cuarta de lo penal de la Audiencia debe dilucidar si atiende a la Fiscalía Anticorrupción, a la que se han adherido la mayor parte de acusaciones, que pide ocho años y medio de prisión para el exministro; seis años para el ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella; cinco años para el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, y hasta nueve meses para el ex consejero delegado, Francisco Verdú.

También se solicitan penas de uno a dos años de cárcel conmutable por multa para los exconsejeros del grupo con presencia en los comités de auditoría, entre ellos sus antiguos presidentes, el exministro Ángel Acebes, y Alberto Ibáñez. Las acusaciones particulares también han pedido penas para el interventor de Bankia, Sergio Durá, y el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma.

Bankia, que fue la tercera entidad financiera de España, creada en 2010 al integrar Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros, fue intervenida en mayo de 2012 y se tragó 22.424 millones de ayudas públicas. El fiasco dejó miles de perjudicados que compraron acciones o participaciones preferentes. A la mayoría de ellos, Bankia ya les ha devuelto su dinero aumentando así el coste para los contribuyentes, que ahora quieren saber qué pasó y, sobre todo, de quién fue la culpa.

Rato fue el único que hizo uso de su derecho a la última palabra antes de cerrar el juicio. Habló tres minutos para decir que el Banco de España no solo supervisó todas sus decisiones, sino que jamás las criticó, y que solo le movió la defensa de los intereses de los accionistas.

En el juicio tuvieron un papel destacado los competidores de Rato. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, hoy vicepresidente del BCE, estableció un sistema inédito: convocó en 2012 a los máximos responsables del Santander, BBVA y La Caixa —Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé— para forzar la salida de Rato. Lo hizo a espaldas del Banco de España, ya que apoyaba los planes de reestructuración de Bankia que, según Guindos, eran irrealizables.

González declaró que el BBVA sabía que Bankia tenía problemas antes de la salida a Bolsa y culpó de la situación “no solo a los administradores, sino también a las instituciones”. También fue el primero que contó que el entonces subgobernador, Javier Aríztegui, llamó a los principales bancos para pedirles que participaran en la operación. Aríztegui lo negó. Pero luego Fainé confirmó que el propio Aríztegui contactó con La Caixa para pedir que comprara acciones. Lo hicieron: compraron 100 millones; perdieron la mitad.

Pero los que más pueden perder son los contribuyentes, que se juegan 22.424 millones. Ocho años después del rescate continúa el debate sobre si mereció la pena gastar tanto en salvar un banco público. Antonio Carrascosa, ex director general del fondo de rescate FROB, lo tiene claro: “Liquidar Bankia habría costado mucho más que 22.424 millones al Estado, al sistema financiero y a los contribuyentes. La entidad tenía cientos de miles de millones de depósitos de sus clientes, una parte de ellos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que los hubieran perdido. Los ahorros que sí estaban cubiertos por el FGD hubieran obligado a realizar un gran desembolso a este organismo, soportado en parte por los bancos, lo que hubiera hundido a buena parte de ellos, provocando más caídas en el sistema financiero”.

Pero muchos ciudadanos siguen viendo como un escándalo mayúsculo que en plena crisis, que obligó a recortar en sanidad, educación y dependencia, el Estado se endeudara para rescatar un banco. Todavía se desconoce el coste definitivo de la factura de Bankia, una incógnita que solo se resolverá cuando el Estado venda sus acciones.

‘22.424’: el podcast del EL PAÍS sobre las intrigas de Bankia

La historia del rescate de Bankia empieza mucho antes de la Gran Recesión, antes incluso del extraordinario crecimiento de la economía española y de la formación de la burbuja inmobiliaria. Se remonta a la creación misma de las cajas de ahorros y a los manejos políticos que iban de su mano. Todo ello contribuye a explicar cómo la tercera entidad financiera acabó dejando un agujero de 22.424 millones y a sus dirigentes sentados en el banquillo. El podcast '22.424' hace un recorrido desde la época de Miguel Blesa, el enfrentamiento entre Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre y la llegada de Rodrigo Rato de la mano de Mariano Rajoy, hasta el juicio celebrado el año pasado. Es un relato en primera persona, desde la redacción de EL PAÍS, elaborado por periodistas que cubrieron el juicio y con años de experiencia en información financiera que conocen los intereses económicos y políticos y han conversado con los protagonistas del caso.

'22.424' se apoya en audios y testimonios para dibujar un relato de los efectos sociales de la Gran Recesión. Se centra en los excesos cometidos durante la época del milagro económico español, pero no pierde de vista el impacto sobre los clientes y los ciudadanos. El podcast reflexiona sobre los límites entre la responsabilidad penal, la mala gestión derivada de la politización de las instituciones y la falta de control sobre el sistema financiero. Cuando la economía mundial vuelve a verse sometida a un gran estrés, el reportaje busca generar un debate sobre la gestión pública de unos eventos económicos devastadores e imprevisibles.