Cambiar las cañerías dando agua

Los rebrotes de la pandemia, con los consiguientes obstáculos a la movilidad, cierre de fronteras y parálisis de sectores como el turismo, acentúan la incertidumbre. Y reabren la discusión sobre el ritmo de salida de esta crisis. El consenso de los organismos internacionales —y domésticos— apuntaba a una recuperación en V, un relanzamiento rápido, casi automático, tras la intensa y brusca caída. Ahora más voces se apuntan a una salida en L, más plana, lenta y penosa.

Casi no hay dudas, sin embargo, de que la recuperación será asimétrica, a distintas velocidades según los sectores y los países. Y que a España, igual que protagonizó un buen rebote tras la Gran Recesión, le toca ahora una malísima sima en Europa: por su debilidad sanitaria, por su especial exposición al turismo, por su desapego del consenso político.

Y por su estructura laboral, dado el nefasto peso de los contratos temporales, tan fácilmente destruibles: mientras el PIB de abril a junio cayó solo la mitad más que en la UE (18,5% contra 11,7%), la pérdida de ocupados se triplicó, un 7,5% frente al 2,6% en los Veintisiete (un millón de nuevos parados, de los 3,6 millones europeos).

Si esto es y va a ser así, parece que será inevitable cambiar el énfasis estratégico. Antes se trataba de salvar a cualesquiera empresa y proteger todo empleo mientras se preparaban reformas e inversiones. Ahora convendrá una mayor selectividad, incorporar reformas de fondo desde el principio. En plata: donde la prioridad era suministrar agua mientras se cambiaban las tuberías, ahora será renovar cañerías sin dejar de ofrecer agua. El matiz en el orden de los factores importa. Indica que será imposible, por inabordable, recuperar los costes ya hundidos de empresas zombi, como apunta el Banco de España.

Una referencia es la explosión de autoconsumo energético a través de nuevas instalaciones de renovables, especialmente de paneles solares. Durante el segundo trimestre —el del confinamiento— Cataluña pasó a 1.459 instalaciones desde las 943 del trimestre anterior, un alza del 54%, sobre todo debida a la inversión de familias en municipios con alta densidad de viviendas unifamiliares. Igual sucede en empresas como Hotel Marqués de Riscal, Estrella Galicia, Nestlé España, Iberia, Icer Braker o Mapfre (Expansión, 18/8), en cooperación con compañías eléctricas.

El cambio del marco legal permitiendo a los hogares el libre acceso a las renovables y las bonificaciones municipales (en 753 localidades de más de 10.000 habitantes, donde vive el 79% de la población) impulsan ese avance. Y algo similar sucede con la digitalización (para la que existe ya el Plan España digital 2025, con inversiones de 15.000 millones) y el teletrabajo (pendiente de regulación).

¿Alguien duda de que un consenso político e institucional aceleraría esas reformas? ¿O que sería útil para resolver problemas acuciantes como el uso del superávit municipal, los abusos en los contratos laborales, o la saturación de los desbordados institutos de empleo? Se llama política real.