Señales esperanzadoras

El mercado laboral está dando señales esperanzadoras de recuperación, que muestran que la economía española todavía tiene músculo para crear puestos de trabajo. Desde finales del abril, cuando el periodo más estricto de confinamiento tocó fin, la afiliación a la Seguridad Social no ha parado de incrementarse, y el pulso se aceleró en julio. También sorprende que más de 700.000 personas hayan salido de los expedientes temporales de empleo (ERTE) en un solo mes. Esta evolución confirma el repunte de la actividad registrado en las últimas semanas, como lo muestra la mejora de los principales indicadores de coyuntura.

El índice de sentimiento económico de la Comisión Europea de julio se acerca a niveles pre-covid, mientras que el barómetro de los gestores de compra de las empresas (indicador PMI) supera ese listón. Según las informaciones disponibles, el rebote podría ser incluso algo más acusado que en los otros países de nuestro entorno, aunque todavía estará lejos de compensar el desplome histórico del segundo trimestre.

Y es que la economía española tiende a sobrerreaccionar tanto a los giros recesivos como a las fases de recuperación. Esto se debe en buena parte a la exagerada proporción de contratos temporales que caracteriza nuestro modelo laboral. Estos contratos se extinguen al mínimo indicio de debilitamiento, para reanudarse cuando la economía rebota (una práctica que tiene un impacto globalmente negativo sobre la productividad y las desigualdades). El propio tejido productivo tiende a responder con celeridad a los cambios. El ejemplo paradigmático es la industria del automóvil, que en pocas semanas ha pasado de la parálisis a aumentar notablemente las cadencias para satisfacer una demanda dopada por los planes de renovación del parque automóvil que se han extendido por toda Europa.

Además del carácter ciclotímico del mercado laboral, las buenas sensaciones que se desprenden de los datos más recientes apuntan a una recuperación muy frágil y tremendamente desigual. Uno, porque la recuperación está amenazada por los rebrotes víricos y sus efectos nefastos sobre la producción, el gasto de las familias que tienen miedo a desplazarse y consumir, y por supuesto el turismo. Sin duda, la multiplicación de los contagios es el principal peligro para el mercado laboral.

En segundo lugar, solo se ha recuperado el 30% de la afiliación perdida durante el periodo de confinamiento estricto, y todavía quedan 1,1 millones de personas en ERTE. Estas cifras, si bien son un fuerte retroceso sobre los más de 3,3 millones de ERTE registrados a finales de abril, muestran que muchas empresas que mantienen el vínculo con sus trabajadores están al borde de la insolvencia, especialmente en los sectores más dependientes de la movilidad (transporte, turismo) y del contacto humano (actividades artísticas, de ocio y cultura).

La política laboral se enfrenta a un dilema endiablado. O bien el Gobierno perpetúa los ERTE y las ayudas a empresas que no tienen futuro. Esta es una estrategia de continuidad que, si bien amortigua el impacto social de la crisis, tiene un coste elevado para las maltrechas arcas públicas que se disponen a acudir al fondo europeo de apoyo temporal para el empleo. O bien se aplican los criterios de transitoriedad de los ERTE, lo que obligaría a extinguir aquellos que a todas luces son inviables. Este darwinismo permitiría reasignar recursos para invertirlos en la reactivación de la economía, pero también conllevaría un súbito recrudecimiento del paro en las próximas semanas.

Sin duda, la clave está en encontrar un punto intermedio que combine la continuidad de las ayudas al mantenimiento del empleo en empresas que presentan un mínimo de viabilidad con la puesta en marcha de un nuevo instrumento de recalificación y de colocación de parados. Una tarea nada fácil habida cuenta del discreto papel que han jugado las políticas activas en nuestro país.

Raymond Torres es director de Coyuntura de Funcas.