¿Solidaridad o contrapartida?

El plan de recuperación económica europea propuesto por la Comisión cristaliza la solidaridad en un sentido amplio: el de un apoyo financiero mutuo, de todos los socios entre sí. Porque todos sufren el impacto de la pandemia y su consiguiente recesión. Otra cosa es que, como debe ser, los más dañados resulten más intensamente compensados, en subsidios y créditos.

Pero no es solidaridad en el sentido de un donativo (como quería el ministro holandés Wopke Hoekstra) de los ricos a los pobres, frágiles o vulnerables; ni en el de una propina a los menos competentes o menos eficaces. No es un rescate al (casi) asfixiado Estado individual. Es un salvavidas de todos, para todos: los recursos se consiguen por la emisión mancomunada de deuda y se destinan al conjunto. Y se devuelven al mercado que los presta desde el presupuesto común.

Por eso todos contribuyen de dos maneras. Una, con una garantía global ante los acreedores sobre el mismo presupuesto, que en caso de quiebra harían efectiva en proporción a su cuota del capítulo de ingresos. Dos, se comprometen a contribuir a la liquidación de la factura para amortizar la deuda según el propio peso en los nuevos impuestos finalistas que se propone establecer Bruselas: emisiones de gases, carbono en frontera, grandes conglomerados empresariales, tasa Google.

En cuanto a la garantía global, los probables mayores beneficiados contribuyen mucho más que los halcones autodenominados frugales, porque exhiben mayor tamaño económico, medido en Renta Nacional Bruta: esta constituye el baremo sobre el que opera la principal fuente de ingresos del presupuesto, pues lo alimenta en cerca de un 75%. Solo España aporta 1,6 veces más que Holanda, 2,9 veces más que Suecia, 3,5 veces más que Austria y 4,3 veces más que Dinamarca (datos de Estadista para 2018). Y el conjunto de Italia y España contribuye 1,63 veces más que la cuantía aportada por la suma de esos cuatro Gobiernos del frente de rechazo. El sur-económico, más desvalido, protege así a los más prósperos del norte-económico.

En cuanto a la liquidación de la factura de amortización de la deuda a emitir, todavía se desconoce, pero podría seguir pautas comparativas no muy distintas.

Claro que estamos refiriéndonos a contribuciones brutas, a las que hay que restarles las transferencias presupuestarias recibidas por cada Estado miembro (en concepto de cohesión, política agrícola, I+D, etcétera) para obtener el saldo neto que tanto enarbolaba Margaret Thatcher. Y sus sucesores. Aquí sí hay solidaridad expresa con el sur, y abundante, un flujo que se debe agradecer y honrar: pero tampoco funciona como donativo, sino como aportación neta del norte (déficit fiscal) a la cohesión del conjunto. Se trata precisamente de un conjunto del cual el norte obtiene una ventaja (superávit comercial) muy superior a la del sur.

En efecto, la clasificación por países que más beneficios per cápita obtienen del mercado interior comunitario coloca a Holanda en la cuarta posición, a Austria en la quinta, a Dinamarca en la sexta y a Suecia en la octava, todos ellos muy por encima de la media comunitaria. Por el contrario, España se sitúa en la posición 19; e Italia, en la vigésima, de entre los 27 miembros (Multinannual Financial Framework 2021-2027 and the reform of the EU’S own resources, Parlamento Europeo, 2019).

Así que la relación coste-beneficio es para los frugales —en términos cuantitativos— mucho más favorable que para los países de la cohesión. Todos extraen grandes apoyos económicos de su pertenencia a la Unión, pero quienes los obtienen en mayor medida son los más prósperos.

Así, la solidaridad de los potentes (su déficit fiscal como saldo neto) no es sino la contrapartida a su dominio del mercado (su superávit comercial), como sucede en todo conjunto territorial cohesionado: los más ricos pagan peaje por vender más sus productos.