Amenaza a la transición energética

A medida que descienden los precios de la electricidad en el mercado aumenta la zozobra en el Ministerio de Transición Ecológica y la desconfianza en las virtudes del supuesto mercado eléctrico. En 2019 el precio medio fue de 47,68 euros por MWh; en enero de 2020 había bajado a 41,10 euros, a 27,74 euros en marzo y a 17,65 euros en abril. Cierto que en mayo se recuperaron levemente, hasta 21,25 euros; pero resulta que la tendencia a la baja, como puede observarse fácilmente en la serie, es anterior a la covid-19. No está causada por la pandemia, aunque sí agravada, sino por la introducción en el sistema de tecnologías de producción, como la eólica o la solar, cuyo coste variable se aproxima a cero. Vamos a suponer que los inversores interpreten (correctamente) que los efectos del virus sobre el precio sean transitorios y los precios se recuperen en 2021. Así parecen sugerirlo los contratos de los próximos años. Pero como los precios pueden entrar en una tendencia descendente (canibalización) prolongada, tal circunstancia sí puede ser un desincentivo para los inversores. Recuérdese que la transición energética requiere hasta 2030 una inversión de más de 193.000 millones.

¿Cómo ha resuelto el Gobierno el problema? Prometiendo subastas, que garantizan un precio con independencia del que marque el mercado. Pero la condición inexcusable es que el Gobierno no garantice un precio fijo a todas las horas, como quieren las empresas, porque entonces el oferente no reflejará en sus ofertas el coste variable. Ya puede adelantarse que las subastas que propone el Gobierno no van a beneficiar a los consumidores.

Hay que contar con una perturbación añadida que por ahora no tiene respuesta: por debajo de los 40 euros MWh los grupos nucleares y los ciclos combinados dejan de ser rentables y amenazan cierre o hibernación. Como el plan de renovables implica contar con una potencia de respaldo de unos 30 GW, la inviabilidad económica de nucleares y ciclos combinados compromete en principio el suministro garantizado de electricidad durante esta transición energética. ¿Solución? Aprobar los llamados “pagos por capacidad”, vigentes en algunos países europeos, que suponen en la práctica un reconocimiento de costos al margen de los precios que fija el mercado, que se pagan prorrateados entre las centrales disponibles en las 3.000 horas de demanda punta. Pero esto no es “mercado”; es una prótesis obligada por la evidencia de que el método de fijación de precios vigente es incompatible con un cambio energético esperado. Lo que los consumidores ganan en sus bolsillos con las renovables (coste variable cero) lo pierden en pagar las muletas necesarias para sostener las tecnologías de respaldo que ya están amortizadas. Para concluir con éxito un cambio energético radical hay que empezar por una reforma en profundidad del supuesto mercado mayorista.