Andalucía pospone la tramitación de su Renta Mínima de Inserción ante la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital

La Junta de Andalucía ha enviado una carta a los Ayuntamientos en la que les advierte de que con motivo de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno el próximo 15 de junio, dejará de tramitar las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social (RMI) de la comunidad, en tanto que no se tenga constancia de la resolución de la ayuda establecida por el Ministerio de la Seguridad Social. En la misiva también obliga a las familias vulnerables a que antes de pedir la ayuda regional reclamen el IMV, aun cuando ya sean beneficiarias de esa prestación. Se trata del primer movimiento de esta comunidad para coordinar la convivencia de los dos subsidios que ha sido recibido con ambivalencia por parte de las organizaciones sociales y con indignación por la oposición que considera que con ello el Ejecutivo andaluz elude tener que seguir gestionando esa partida mientras se lleva a cabo un recorte de fondos encubierto de esos recursos asistenciales. La Junta, por su parte, alega que su intención es “aclarar al ciudadano los pasos que debe dar mientras se hace una reestructuración normativa para compaginar ambas ayuda”, según explica un portavoz de la consejería de Igualdad.

La RMI andaluza tiene carácter subsidiario y en eso se justifica la carta de la Junta, remitida por el director general de Servicios Sociales, para recomendar a los Ayuntamientos que “en la información facilitada a las personas interesadas se priorice la solicitud del ingreso mínimo vital, supeditando las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a aquellos supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del ingreso mínimo vital, o supuestos en los que claramente la normativa no permita el acceso”. Aunque el Ministerio de Seguridad Social aclara que las comunidades autónomas con sus prestaciones pueden complementar a los beneficiarios del IMV o no hacerlo, informa Laura Delle Femine, la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, aseguró que la Junta “tendrá que decidir dónde va a complementar los fondos que tenía dedicados a su prestación y se tendrá que centrar también en algún colectivo que no quede cubierto por este ingreso mínimo vital”.

En Andalucía unas 200.000 personas podrían tener derecho al IMV del Gobierno. En lo que va de 2020, 14.615 familias se han beneficiado de la ayuda andaluza de último recurso, a razón de 419 euros al mes, según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación. El presupuesto para esta medida en 2019 asciende a 134.710.538 euros (68 millones menos que el año anterior). A finales de mayo la Junta activó una prestación extraordinaria de 10,5 millones de euros por la covid-19 para beneficiar a 10.000 familias vulnerables durante cinco meses. Todas esas tramitaciones, según la nota enviada a los Ayuntamientos, quedan en suspenso. “Desde las Delegaciones Territoriales de esta Consejería, a partir del día 15 de junio, en que se puede solicitar el ingreso mínimo vital, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la RMI en Andalucía, tanto en los procedimientos de tramitación ordinaria, como en los procedimientos extraordinarios”, indica la carta.

Desde Save The Children, su director en Andalucía, Javier Cuenca, entiende que amparándose en el carácter subsidiario de la RMI, la Junta priorice la solicitud de la ayuda estatal, pero alerta de las trabas burocráticas. “El ingreso mínimo vital tiene un plazo de tres meses para resolver la solicitud positiva o negativamente”, alega.

“Estos cambios no pueden anunciarse en una carta sino a través de cambios normativos porque se trata de prestaciones que vienen en títulos constitucionales diferentes, el IMV depende de la Seguridad Social y la RMI de la asistencia social”, advierte Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. El profesor tampoco está de acuerdo en que desde la Junta se imponga la obligación de reclamar primero la prestación estatal. “No está escrito que ninguna persona esté obligada a pedir el IMV por encima de la renta y si una comunidad autónoma quiere establecer incompatibilidades no puede hacerlo por carta”, añade.

“Las personas y/o unidades familiares que se encuentren en situación de vulnerabilidad quedan obligadas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital antes de solicitar la Renta Mínima de Inserción Social, incluso, en el caso de ser ya solicitantes o beneficiarias de la misma”. Esto es lo que se establece la Junta en su carta y es el último punto el que Cuenca cuestiona. “El pago de la RMI lleva mucho retraso en Andalucía y muchas veces las mensualidades se reciben de golpe, el IMV tiene efectos retroactivos hasta el 1 de junio, ¿las familias que reciben la prestación andaluza deberían devolver las otras cantidades que se le adeudan o renunciar a ellas?”, se pregunta.

Para la APDHA, la decisión de la Junta implica un “recorte de derechos sociales a las familias andaluzas, evitando que puedan acceder a derechos que previamente ya tenían reconocidos por pertenecer a colectivos de alta vulnerabilidad social” y consideran que la medida supone “un recorte presupuestario encubierto a los fondos sociales de nuestra comunidad”. Desde el PSOE de Andalucía, su portavoz parlamentaria de Igualdad, Soledad Pérez, ha reclamado a la Junta que reconsidere esa posición que de facto supone “la suspensión de un derecho vigente”. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha asegurado que su Gobierno no va a eliminar la RMI, pero que es necesario realizar “modificaciones normativas de calado, que no se hacen de un día para otro”. Su primera medida entra en vigor el próximo lunes.