Una nueva laboralidad de las plataformas como garantía del contrato social

En febrero de 2020 McKinsey Global Institute publicaba un informe sobre la necesidad de formalizar un nuevo contrato social para el siglo XXI. Apenas cinco meses después, la tragedia del COVID-19 ha agudizado la dimensión de este gran reto colectivo. La llamada nueva economía ha generado una serie de creencias que hemos aceptado sin filtro crítico y hemos evitado el necesario debate sobre este contrato social de la era digital. Así, hemos creído que existe una disonancia entre innovación y protección social, de forma que toda apuesta que se haga por una mayor digitalización pasaría, inevitablemente, por reducir derechos que tanto esfuerzo han requerido conseguir. Hemos creído también que la economía digital es un apósito de la “economía real”, y seguimos sin definir políticas y actuaciones que integren lo digital en el sistema productivo general de los Estados. Hemos interpretado la digitalización de nuestras economías como una amenaza y, lo que es peor, hemos estado tentados de abandonar el timón.

Sin embargo, la digitalización de la economía es un motor ineludible en el desarrollo de nuestras sociedades, y lo encarnamos cada uno de nosotros como operadores (con el tipo de empleo que generamos), como Administraciones Públicas (con el marco de relación que definimos), y como ciudadanos (con nuestras opciones de compra y nuestras deliberaciones públicas). Y del contrato social que dejemos a las generaciones futuras va a depender lo afinado que sonemos todos en este concierto. Los datos apuntan a varios impactos positivos. Por un lado, según datos de la propia Comisión Europea, en 2025 la economía digital alcanzará un volumen de negocio cercano a los 60.000 millones de euros. Nuestro sector, el mercado de la comida a domicilio, genera ya 2.000 millones de euros en España y, en Europa, producirá ingresos de unos 25.000 millones de euros en 2023. Esta creación de riqueza y empleo solo se va a incrementar.

Por otro lado, más del 50% de las PYMES europeas actúan mediante plataformas digitales, las cuales contribuyen a que prosperen en un mercado cada vez más competitivo e incierto. Por ejemplo, el sector de la restauración, tras experimentar una caída del 90% en su cifra de negocios durante este contexto pandémico, ha podido evitar dejar a cero su actividad gracias al reparto a domicilio. Es más, fue el propio gobierno quien reconoció la esencialidad del trabajo de las plataformas. No sin dificultades, creemos haber estado a la altura de las circunstancias para satisfacer un reto con carácter de emergencia nacional.

La clave, sin embargo, que define el tono, el fondo y la forma de este reto colectivo está, como todos sabemos, en el modelo laboral. El desarrollo de la digitalización no puede resultar en precariedad y vulnerabilidad del sistema. En breve volverá el debate sobre la regulación de las plataformas. El Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas tienen la oportunidad de definir un marco que permita la integración de la dimensión digital en la Economía y el desarrollo de un proyecto digital-país para España. Un marco que permita abanderar un nuevo contrato social innovador, competitivo y sostenible en Europa.

Actualmente, España no tiene un marco laboral específico para las plataformas digitales. Esto ha generado incertidumbre y desconfianza, que han resultado en una costosa judicialización y, lo que es más grave aún, desventajas competitivas derivadas de los diferentes modelos de unos y de otros.

Somos muchos los operadores que consideramos que la laboralidad es la base sobre la que construir el modelo de relación profesional entre repartidores y plataformas. Y, atendiendo a ese principio, sería necesario que el debate incluyera fórmulas laborales más fluidas de las que existen actualmente, para aunar la demanda de flexibilidad del entorno digital con la protección social del mercado laboral. A comienzos de año, el estado de California regulaba esta materia en una línea similar a esta, y los beneficios ya se empiezan a notar. California marca un precedente en el que inspirarnos porque se adapta a nuevas realidades económicas que requieren una flexibilidad sin precedente, sin renunciar a derechos y garantías previamente adquiridos. Esto dota de sostenibilidad a todos los integrantes del sistema.

La responsabilidad de las empresas trasciende la búsqueda del retorno financiero para sus accionistas y el cumplimiento de la legislación vigente. Debemos trabajar junto con las Administraciones Públicas para evitar posibles frenos al crecimiento y posibles ataques al Estado del Bienestar. Entre todos, tenemos la oportunidad de definir un nuevo contrato social que permita aunar innovación y desarrollo sostenible en un entorno tan dinámico, incierto y complejo como el actual.

Patrik Bergareche Sainz de los Terreros es director general de Just Eat España