Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo: “Europa no puede competir solo en base a salarios”

Bruselas sigue buscando la fórmula para imprimir al proyecto europeo el carácter social que tradicionalmente ha definido al continente. La pandemia se antoja como un posible catalizador para seguir adelante con el llamado “pilar social” de la Unión Europea, que el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker ya se propuso reforzar como respuesta al auge del populismo. El comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit (Differdange, 66 años), asegura que la “convergencia salarial debe ser un elemento importante de la Europa social”, aun cuando esta “no será inmediata”. Con esa idea, Schmit arranca la segunda ronda de consultas para diseñar un salario mínimo interprofesional común para la UE. En una entrevista concedida a seis medios europeos, entre ellos EL PAÍS, Schmit sostiene que ese plan sería una “señal política” de primer orden. “Esto va incluso más allá de la Europa social. Se trata de la Europa que crece unida. Y en este momento de crisis, esta convergencia es todavía más importante”, señala Schmit.

Desde la salida de la crisis de la deuda soberana, en 2014, la Unión Europea creó más de 12 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, uno de cada seis empleados tenía una retribución muy baja. Bruselas constata que muchos de esos trabajadores con sueldos bajos mantuvieron los servicios esenciales durante el confinamiento y que, paradójicamente, pueden ser los más afectados por la depresión. “No queremos interferir en los sistemas de fijación salarial de los países”, señala Schmit, consciente de que seis países (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Italia, Chipre y Austria) carecen de ese marcador. “Queremos asegurarnos de que, en ese espíritu de convergencia, los salarios más bajos garantizan unas condiciones de vida decentes”, señala Schmit.

La Comisión no se propone fijar un salario mínimo europeo, sino un marco para que cada país pueda establecer el suyo. Pocos países pueden permitirse fijar un salario mínimo de 2.071 euros mensuales, como Luxemburgo. Aun así, el nivel de vida de ese país hace que sea el segundo socio de la UE, solo por detrás de Rumania, con más trabajadores pobres. Bruselas barrunta una remuneración del 60% del salario medio nacional, puesto que esa proporción marca la frontera con la pobreza. “No puede ser el único indicador”, recuerda el comisario socialdemócrata. La consulta, por ahora, constata no pocos desacuerdos entre los agentes sociales. En última instancia, sin embargo, serán las capitales las que deberán llegar a un pacto, ya sea porque se opte por una directiva o porque acabe imponiéndose una recomendación del Consejo.

Schmit no se pronuncia sobre si la subida del salario mínimo en España en un 29% en dos años puede ser un obstáculo para la creación de empleo tras la pandemia. Y pide, en todo caso, superar la tónica de ganar competitividad por la vía de la reducción salarial. “El problema es cómo mejoramos la productividad, incluso en un país que usted conoce bien y yo conozco un poco menos”, señala el comisario, en referencia a España. “Y no se puede construir a largo plazo sobre sueldos bajos. China empezó su desarrollo económico mediante esas brechas salariales, pero han dejado de basar su competitividad en las remuneraciones. En algunas áreas de China los sueldos ya son incluso más altos que en algunas partes de Europa. Y ahora crean su competitividad con mejores productos, tecnología, innovación…”, explica. “Estamos en un mercado único. No podemos basar la competencia en las diferencias sociales”, remacha.

El otro revulsivo que debe impedir que muchos países de la UE ganen competitividad a través de los sueldos es el peligro de otra oleada de fuga de talento. Un informe del think tank CEPS debatido por los ministros de Finanzas de la UE el año pasado apuntaba que el 19,7% de los ciudadanos rumanos, el 13,9% de los croatas y el 13,8% de los portugueses trabajan fuera de su país. “Muchos jóvenes dejan su país en parte a causa de la falta de puestos de trabajo, pero también por el nivel de sueldos y de condiciones de vida de otros países”, apunta el comisario. Sobre si la recepción de fondos europeos para la recuperación podría estar vinculada a reformas sociales para enderezar esos problemas, Schmit es tajante: “Sé que algunos temen que habrá algún tipo de nueva condicionalidad, pero no está en el debate. Como dijo la presidenta, la única condición es el Estado de derecho”.

Sin embargo, sí admite que deben tenerse en cuenta los objetivos sociales si se pretende que el plan de recuperación tenga un “impacto adecuado” sobre las economías europeas. “No veo ninguna contradicción. Supongo que lo menciona [la cuestión de las reformas] porque piensa, por ejemplo, en asuntos como el mercado laboral. Bien, de acuerdo, deberemos mirarlo. El empleo es de la máxima prioridad para la Comisión, porque somos conscientes de que esta crisis puede tener un impacto muy negativo sobre el desempleo juvenil”, afirma el comisario. De momento, los países podrán acceder a los fondos del plan Sure para financiar sistemas de protección temporal de empleo, como los ERTE. Schmit explica que en julio los países podrían poner los avales para que la Comisión pueda emitir deuda por 100.000 millones de euros, lo cual podría suponer que las capitales recibieran el dinero que pidan a partir de septiembre. Para entonces, Bruselas deberá haber cerrado la segunda ronda de consultas con los agentes sociales sobre el salario mínimo.