Anticorrupción pide imputar a un exdirectivo de El Corte Inglés en el ‘caso Púnica’

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un escrito en el que pide que se cite a declarar como imputado al que fuera jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés Faustino José Soriano por las presuntas irregularidades detectadas en una operación urbanística desarrollada entre 2001 y 2006 en Valdemoro (Madrid) con terrenos propiedad del grupo empresarial. La trama encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados se embolsó con ella 60 millones de euros.

El documento detalla la supuesta participación del entonces directivo de la empresa en la permuta gestada aquellos años de 16.650 metros cuadrados de terreno rústico que El Corte Inglés tenía en este municipio del sur de Madrid —y que fueron posteriormente recalificados y destinados a la construcción de vivienda libre—, por otros 188.775 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento en otro polígono para levantar nuevas instalaciones logísticas que sumar a las que ya contaba en la localidad desde los años setenta. Anticorrupción concluye que la operación estuvo plagada de irregularidades.

El antiguo directivo del grupo empresarial ha negado a EL PAÍS cualquier ilegalidad en una operación en la que, asegura, él no tuvo participación directa, y de la que responsabiliza a otro directivo del grupo ya fallecido. Soriano, que abandonó su puesto en El Corte Inglés hace seis años, sugiere que tal vez su nombre figure en algún documento, aunque limita su papel a la gestión de terrenos: “Yo era un empleado”. Por su parte, fuentes del grupo empresarial rechazan igualmente irregularidades en la permuta y recalcan que El Corte Inglés salió perjudicado en aquella operación porque finalmente no pudo levantar la instalación industrial que pretendía, porque posteriormente se dio a los terrenos valor ecológico.

Plusvalías de 60 millones

La petición de la Fiscalía se produce después de que la acusación popular ejercida por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) presentase en febrero un escrito al juez reclamando nuevas diligencias a partir de un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó en el verano de 2018 sobre las supuestas irregularidades urbanísticas en Valdemoro. Aquella petición fue rechazada el 3 de marzo por el magistrado al considerar que no había indicios suficientes para iniciar las nuevas pesquisas. Sin embargo, siete días después, Anticorrupción presentaba el informe en el que, además de respaldar la petición de la acusación popular, incorporaba nueva información, entre ella informes de la Agencia Tributaria sobre algunos de los presuntos implicados, incluido el directivo del grupo.

En su escrito, la Fiscalía insiste en que Soriano “participó activamente, representando a El Corte Inglés y, además, buscando un beneficio propio en varios ardides del plan concertado” por varios integrantes de la trama, entre los que cita, además de a Granados, a los constructores Ramiro Cid, David Marjaliza y José Luis Cápita, además de al sucesor de Granados al frente de la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, todos ellos ya imputados. Anticorrupción destaca que el plan “buscaba el enriquecimiento de todos ellos a costa de dirigir los desarrollos urbanísticos de dicha localidad, acaparando las parcelas del Ayuntamiento y suelo rústico propiedad de terceros que pasaría después a urbanizable”. El informe asegura que las irregularidades supusieron un desvío de las arcas públicas de más de siete millones, además de arrebatar al Ayuntamiento “unas plusvalías que pudieron suponer los 60 millones”.

La Fiscalía añade en su informe que Soriano participó “en el reparto del botín” al recibir “dinero en efectivo” y un chalé de 406 metros cuadrados. También pone bajo sospecha la adquisición que hizo, junto a su esposa, de otros tres inmuebles en Valdemoro a uno de los constructores de la trama, escriturados presuntamente muy por debajo del precio real.