El Gobierno de Johnson mantiene los ERTEs hasta finales de octubre

El Gobierno británico ha anunciado este martes su voluntad de mantener el llamado Jobs Retention Scheme (Programa de Retención de Empleos) que puso en marcha al inicio de la pandemia hasta finales de octubre. Se trata de un mecanismo muy similar al de los ERTEs que se han aplicado en España, por el que se ha garantizado el 80% del salario (hasta un límite de 2.850 euros) de los trabajadores de empresas afectadas por el coronavirus. 7,5 millones de personas se han acogido a esta protección, al que se han suscrito un millón de empresas. “Creo en la dignidad del trabajo, y este Gobierno va a estar siempre detrás de aquellos que han dejado de trabajar involuntariamente porque su empresa se ha visto forzada a cerrar temporalmente”, ha dicho el ministro de Economía, Rishi Sunak, en la Cámara de los Comunes, durante el anuncio de la prórroga del programa de ayudas.

El ministro respondía de ese modo a los reproches de Anneliese Dodds, la portavoz laborista de Economía, quien ha recordado al ministro los comentarios de miembros del Gobierno filtrados a los medios en los últimos días que sugerían una cierta “adicción a las ayudas” que debía frenarse cuanto antes. “No me habrá oído usted utilizar esa palabra, con la que no estoy de acuerdo en absoluto", se ha defendido Sunak.

Además, el ministro ha anticipado la voluntad del Gobierno de comenzar a compartir gastos con los empresarios que sigan acogiéndose al programa en los próximos meses, pero ha garantizado que el nivel de las ayudas que reciban los empleados no disminuirá. Hasta finales de julio, la proporcionalidad del reparto seguirá como hasta ahora. Pero entre agosto y septiembre, ha dicho Sunak, se permitirá la incorporación a tiempo parcial de algunos empleados, y serán los empresarios quienes asuman esa parte del salario.

“Necesitamos poder analizar los detalles de la decisión, pero es un mensaje a las empresas de que el Gobierno estará apoyándolas si ellas apoyan a sus trabajadores. No debería haber urgencia en comenzar a despedir”, ha dicho Len McCluskey, el secretario general de la central Unite. Los sindicatos han presionado con fuerza al Ejecutivo de Johnson durante las últimas semanas, cuando comenzó el debate interno entre ministros sobre la necesidad de dar marcha atrás a una medida que ha supuesto ya para las arcas británicas un gasto similar al destinado al Servicio Nacional de Salud.

El Gobierno de Johnson cambió este lunes el énfasis en las directrices para hacer frente a la crisis y animó a reincorporarse a su puesto de trabajo a todos aquellos que no pudieran operar desde sus hogares. Los sectores principales a los que afecta el cambio son los de la construcción, manufactura, logística, distribución e investigación científica.

A última hora del día se publicaron las guías de seguridad que deben seguir las empresas, que obtuvieron el respaldo de los principales sindicatos, después de una jornada de confusión y críticas por los mensajes contradictorios que surgían de Downing Street. Las empresas estarán obligadas a negociar con los representantes de los trabajadores las reglas de distancia social, que en cualquier caso incluirán el “rediseño del lugar de trabajo para mantener dos metros entre las personas”, cuando la plantilla supere los 50 empleados. En caso de no ser posible, “deberá facilitarse la incorporación de barreras en espacios compartidos, y la creación de turnos y hábitos fijos que reduzcan al mínimo el número de personas en contacto entre ellas, así como asegurar que los trabajadores que trabajan uno frente a otro se hallen alejados”, dice la guía.

“Después de la confusión de los últimos días, los trabajadores solo se sentirán seguros y si Gobierno y empresas comienzan a hacer realidad estas medidas de protección. Hacer esto bien es de interés nacional. Si algunos empresarios tramposos utilizan atajos no pondrán a todos ante el riesgo de una nueva ola de contagios”, ha advertido Frances O´Grady, el secretario general de la central TUC.

La presidenta de la principal patronal, CBI, Carolyn Fairbairn, ha dado también la bienvenida a la guía del Gobierno como un “paso en la buena dirección” pero ha reclamado a la vez mayor flexibilidad para que cada empresa pueda adaptarse al nuevo ambiente.

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