Funcionarios: villanos o héroes

En la crisis económica y financiera iniciada en 2008, y en años posteriores, muchos se empeñaron en propagar la idea de que los funcionarios eran los principales causantes de la crisis, e incluso convencieron de ello a amplios sectores de la sociedad. Se creó la figura del funcionario villano, culpable de casi todo, por lo que cualquier ensañamiento hacia él estaba justificado, puesto que a ojos de buena parte de la sociedad eran los principales responsables de los males que aquejaban en esos años a nuestra economía.

Todo ello sirvió de excusa para que el Gobierno les aplicara duras medidas, como bajarles el sueldo, reducirles los días de vacaciones, no pagarles el sueldo en caso de enfermedad, además de una larga serie de regulaciones que menoscabaron de forma muy importante el nivel de vida de los empleados públicos y sus condiciones laborales.

La elección del colectivo de funcionarios como cabeza de turco no era casual, puesto que se trata de personas que, en ocasiones, provocan cierta envidia en muchos sectores, al disponer de un trabajo asegurado casi a perpetuidad, y porque, además, son percibidos también por una parte de la sociedad, en su condición de funcionario, como personas propensas al escaqueo.

Lo que casi nunca se cuenta es que los funcionarios que engloban amplísimas categorías funcionariales, como inspectores de Hacienda del Estado, médicos, enfermeras, y demás personal sanitario, maestros, técnicos comerciales del Estado, jueces, fiscales, profesores de educación, y un largo etcétera, están ahí por méritos propios, después de pasar unos procesos selectivos muy exigentes, en los que durante años se han dejado parte de su salud y renunciado a relaciones personales y sociales, circunstancias que no se exigen para acceder a cualquier trabajo del sector privado. Ahora que los ciudadanos saben lo que es un confinamiento, se pueden imaginar lo que supone estar varios años encerrado en casa con la única obsesión de sacar el máximo número de horas de estudio al día para aprobar una oposición.

Esa parte de la ciudadanía enervada tampoco percibe que la independencia del funcionario ―que exige puesto de trabajo y sueldo asegurados, fuera del alcance de las manos del político de turno― es una garantía de profesionalidad y de independencia para que el Estado funcione fuera de los avatares y colores políticos, tal como sucedía en el siglo XIX cuando el Gobierno cesaba a todos sus funcionarios y nombraba a otros a su imagen y semejanza.

Conviene aclarar, sin embargo, que no son funcionarios los políticos, ni tampoco sus asesores, esos que en ocasiones se quedan en el puesto aunque el político que los ha nombrado se haya ido; tampoco pertenecen al grupo de funcionarios aquellos recomendados que entran a dedo en algunas Administraciones u Organismos Públicos.

Pues bien, esos mismos funcionarios, tan denostados antes por algunos sectores de la sociedad, son los sanitarios que ahora se juegan la vida intentando salvar vidas; son los militares que han montado en tiempos récord hospitales de campaña o que han desinfectado cientos de residencias de mayores; son los funcionarios de los servicios de empleo que se han visto desbordados con los ERTES y están haciendo un gran esfuerzo para que todos los trabajadores afectados cobren cuanto antes el paro o las subvenciones.

También son funcionarios las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están vigilando que se cumpla el estado de alarma, por el bien de todos; son los diplomáticos que están haciendo todo lo posible por repatriar a los españoles que se han quedado atrapados en todo el mundo; son los bomberos que están siempre ahí para cualquier emergencia. En definitiva, son miles de funcionarios, excelentemente preparados y con una gran vocación de servicio público los que hacen que la gran maquinaria del Estado funcione en momentos tan complicados como los que estamos viviendo en esta pandemia.

Muchos de esos funcionarios reciben a diario aplausos en los balcones, se les ensalza en los medios de comunicación, y hasta los políticos reconocen la enorme labor que están haciendo, siendo calificados de héroes y en muchos casos demandando que se les recompense de alguna manera por su encomiable labor.

Mucho me temo que, una vez pasada esta situación tan grave, todo se quedará en buenas intenciones porque a esta tremenda crisis sanitaria le va a seguir una cruel crisis económica, y ahí los funcionarios se van a convertir otra vez en villanos.

Así las cosas, en plena crisis sanitaria se ha aprovechado uno de los decretos-ley del estado de alarma para cambiar el régimen de clases pasivas, que es previsible afecte a sus pensiones. También se empiezan a lanzar globos sonda sobre una posible bajada del sueldo de funcionarios y empleados públicos, decisiones que, de llevarse a cabo, se contradicen radicalmente con ese reconocimiento del gran trabajo que están haciendo todos en esta situación de pandemia.

Hay que asumir que en una época de crisis económica todos tenemos que arrimar el hombro, pero antes de rebajarle el sueldo a los funcionarios villanos, ahora convertidos temporalmente en héroes, habría que pensárselo dos veces. Sería momento de preguntarse por qué no se han aprobado en estos años de bonanza económica todas aquellas medidas que la mayoría de los partidos políticos proponían, como eran eliminar gastos superfluos, combatir la corrupción, reformar organismos como el Senado, o suprimir las Diputaciones.

Al final será verdad aquello de que siempre pagan los mismos.

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado