Un instrumento imprescindible

Vivimos momentos de emergencia, en los que se impone la flexibilidad en la aplicación de las normas que tradicionalmente limitan la concesión de ayudas de Estado. La crisis ha llevado a la Comisión Europea a adoptar un marco temporal para supervisar las ayudas públicas en esta situación excepcional. Este marco permite medidas que inyecten liquidez al sistema (préstamos, garantías públicas, aplazamiento de impuestos o Seguridad Social, subsidios salariales, apoyo a I+D de productos relacionados con la pandemia). El mecanismo se apoya en el sistema financiero para conceder las ayudas y asegurar que los fondos llegan a la economía real. Y las medidas deben respetar ciertos límites: no beneficiarán a empresas que ya tuviesen dificultades a finales de 2019, y tendrán una duración e importes limitados.

La mayoría de los Estados han notificado regímenes (más de 50) que la Comisión Europea ha autorizado en plazos récord. Algunos países han previsto medidas de carácter general, mientras que otros se han enfocado en sectores específicos afectados por la crisis. En España por el momento las ayudas no se han centrado en sectores particulares, sino en tipo de empresas, como pymes y autónomos. No obstante, ciertos ámbitos sufrirán particularmente y podría ser útil un apoyo especial a sectores clave de nuestra economía, como el turismo.

Además, siguen aplicándose las directrices de la Comisión previas a la crisis, por ejemplo para empresas que requieran salvamento y reestructuración. Pero subsiste la duda: ¿son estas medidas suficientes?

Parece que no, y por ello la Comisión ha preparado medidas adicionales para regular las tomas de participación de los Estados en el capital de las empresas, aunque ha habido discrepancias sobre el sistema, su duración y plazos de reprivatización. Volveremos así a mecanismos de nacionalización que pensábamos habían quedado atrás. Países como Alemania, Italia, Francia o Países Bajos han anunciado este tipo de medidas respecto de aerolíneas, e incluso el Reino Unido renacionalizaría compañías ferroviarias. En estos casos y por encima de ciertos umbrales se requerirá la autorización de la Comisión caso por caso, que podrá ir acompañada de compromisos para asegurar que las empresas recapitalizadas no destinan los nuevos fondos a realizar adquisiciones de competidores.

El problema siguen siendo las diferencias en los recursos disponibles en cada Estado. Muestra de ello es la disparidad en las ayudas concedidas por los distintos países en el marco de la crisis. Las ayudas de Alemania representan más del 50% de las otorgadas en la Unión. De ahí la importancia de llegar a un acuerdo europeo sobre la financiación común. Sin fondos suficientes, el sistema de control por la Comisión no podrá asegurar la igualdad de condiciones competitivas entre las empresas de la Unión.

Edurne Navarro y Patricia Vidal son abogadas de Uría Menéndez.

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