Shake Shack o cómo el rescate económico en Estados Unidos acaba beneficiando a los ricos

La noticia comenzó a correr como la pólvora por las redes sociales el domingo por la noche. Los primeros ejecutivos de Shake Shack, una famosa cadena de deliciosas hamburguesas en Estados Unidos, anunciaron que devolverán a las arcas públicas 10 millones de dólares que acababan de embolsarse procedentes del fondo para pequeñas y medianas empresas que el Congreso creó para mitigar el impacto del coronavirus. “Hasta que cada restaurante que lo necesite tenga la misma oportunidad de recibir ayudas, nosotros devolvemos la nuestra”, escribieron Danny Meyer y Randy Garutti. Antes de ese ataque de generosidad, las críticas a la cadena llevaban días goteando en esas mismas redes sociales: ¿Por qué una compañía con casi 8.000 empleados y 1.600 millones de valor de mercado se había hecho con esa inyección pensada para pequeños negocios, sobre todo, cuando los fondos se habían agotado en solo dos semanas? Más de 70 empresas cotizadas han sacado provecho de este fondo.

La polémica refleja los problemas de inequidad que el modelo de rescate impulsado en la primera potencia mundial está empezando a generar, un manguerazo de 2,2 billones de dólares que, entre sus medidas, incluye la entrega de cheques prácticamente lineales para toda la población y un potente regalo fiscal aprobado en el último momento para los millonarios. Tras el rescate de 2008, la banca rescatada no tardó ni un año en aprobar 140.000 millones en bonus para sus ejecutivos y a las familias les llevó alrededor de una década recuperar el nivel de ingresos precrisis. Demócratas y republicanos han pactado algunas salvaguardas que buscan evitar un reparto tan desigual de los estragos de la crisis –por ejemplo, la que premia el mantenimiento del empleo–, pero la letra pequeña sigue generando fenómenos extraños.

El programa de ayudas del que se beneficiaron Shake Shack y otras grandes cadenas, con un presupuesto de 349.000 millones de dólares, establecía créditos de hasta 10 millones de dólares para ayudar a las pequeñas y medianas compañías a pagar las nóminas de los trabajadores que la Administración perdonaría al negocio si mantenía el empleo durante al menos dos meses o si volvían a contratar a los despedidos no más tarde del 30 junio. Solo los negocios de hasta 500 trabajadores podían acogerse a las ayudas, pero algunas grandes empresas hallaron un hueco legal: contabilizaron el número de trabajadores por local (y tienen 189), en lugar del total. Así, la cadena de bocadillos Potbelly, con 400 locales, se hizo con otros 10 millones y el grupo Ruth’s Chris Steak House, con 150 restaurantes, con 20 (10 millones por subsidiaria). En total, hasta 71 empresas cotizadas han recibido ayudas de este fondo, según el recuento hecho por Forbes.

El grifo se abrió el 3 de abril y en tan solo dos semanas quedó agotado, con millones de pequeños empresarios a dos velas. El dinero se iba concediendo a través de los bancos comerciales por orden de llegada, quien antes cumplía los requisitos, antes se llevaba el dinero, lo que de entrada favorecía a las empresas con mejores recursos legales, administrativos y capacidad de crédito previa. Los datos del pasado lunes, cuando aún quedaban fondos, apuntaban que empresas de la construcción y del sector fabril se habían beneficiado mucho más que la hostelería, con muchos más problemas en estas crisis: las empresas de la construcción se habían hecho con 34.000 de los 250.000 millones concedidos hasta ese momento y los fabricantes, con 30.000 millones. Mientras, el hospedaje y los servicios de alimentación se habían hecho con menos de 23.000 millones. La Casa Blanca, los republicanos y los demócratas ultiman ahora un acuerdo para refinanciar esta línea de ayudas con otros 310.000 millones.

El plan de estímulos aprobado por unanimidad en el Congreso el pasado 25 de marzo despertó críticas de progresistas como la joven demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Lo ocurrido con el fondo para pequeñas y medianas empresas ha ganado también para la causa a republicanos como el congresista de Florida Rick Scott, quien lamentó que “muchas empresas con miles de empleados han encontrado huecos para beneficiarse de estos préstamos”. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, un inversor que ha trabajado 17 años para Goldman Sachs y es poco sospechoso de socialista, celebró este lunes en su cuenta de Twitter que Shake Shack devolviese el dinero.

Otros elementos del plan de rescate han suscitado críticas. Por ejemplo, una provisión de última hora introducida por los republicanos elimina los límites en la deducción que las entidades vehiculares (pass through entities) pueden obtener de los ingresos no relacionados con el negocio, como las ganancias de capital. La medida costará unos 90.000 millones a las arcas públicas solo en 2020 y el 80% de los beneficiarios serán contribuyentes con más de un millón de dólares de ingresos, según el informe del Comité del Congreso sobre Impuestos, independiente de los partidos. También las inyecciones directas al bolsillo de los ciudadanos –al margen de los subsidios por desempleo– resultan poco progresivas: se trata de un volumen 1.200 dólares (y 500 por menor a cargo) para todo aquel que gane hasta 75.000 dólares, igual para quien gane 74.000 o gane 44.000, haya perdido o no su empleo.

El pequeño imperio de Danny Meyer

“Shake Shack tuvo la suerte el pasado viernes de poder acceder al capital adicional que necesitamos para asegurarnos la estabilidad a largo plazo y la estabilidad en los mercados”, señalaron los ejecutivos de la empresa en su comunicado del domingo. La cadena fue fundada por Danny Meyer en 2001 como poco más que un puesto de perritos calientes en Madison Square Park, en Nueva York, y en 2015 debutó en Wall Street con una valoración de 1.650 millones de dólares, curiosamente, el mismo valor que estos días. Su cotización, de 70 dólares por acción en febrero, ha caído a 43,50. Aun así, las cadenas de comida rápida son las que –dentro de lo malo– mejor están capeando la debacle económica generada por la covid-19, ya que pueden seguir vendiendo para llevar. El propio Meyer lo ha vivido en sus carnes, ya que algunos de sus negocios ha cerrado a cal y canto y otros, no. A través de su holding Union Square Hospitality Group es dueño de otros restaurantes en la ciudad.