El comercio pide al Gobierno normas que permitan condonaciones en los alquileres

Al igual que el hotelero o el de la restauración, el comercio minorista de productos no alimentarios es uno de los grandes perjudicados de la crisis del coronavirus. Fue de los primeros en sufrir el impacto, con el cierre de todos los comercios no esenciales, lo que ha reducido su facturación casi a cero, y será de los últimos en salir: la reapertura de tiendas no será inmediata, habrá seguramente limitaciones de aforo y se verán afectados por la previsible contención de los consumidores en el gasto. Así, han lanzado este lunes una llamada a las autoridades para que tome medidas que mitiguen sus gastos, sobre todo en alquileres, incluyendo la posibilidad de condonaciones.

Siete patronales del sector (Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE), que agrupan a empresas con medio millón de puntos de venta con 1,7 millones de empleados, ha enviado un manifiesto al Gobierno en el que expresan “la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales”, al cumplirse un mes del cierre de tiendas, que ha supuesto un “corte radical de ingresos”, y ante la perspectiva probable de que el estado de alarma sea prorrogado de nuevo hasta mediados de mayo.

El manifiesto señala que la situación amenaza con provocar el cierre del hasta el 50% de las empresas, según los sectores, y la destrucción de “cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo”. Los firmantes señalan que el comercio emplea en España a 3,2 millones de personas y tiene un peso del 13% en la economía española.

Por ello, reclaman “un sistema de subvenciones [para] hacer frente al pago de los alquileres durante al menos el periodo de cierre forzoso” y “un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas durante el periodo de cierre de puntos de venta y el periodo posterior a la apertura”, al menos hasta seis meses después de la terminación del estado de alarma. Reclaman también al Gobierno la creación de un foro de diálogo para debatir medidas legislativas que “permitan la adecuación de los alquileres al cese forzado de actividad y a la escalonada vuelta a la normalidad”.

Sector de la moda

Dentro del comercio, el de la moda, que emplea a más de 300.000 personas, entre industria y puntos de venta, es uno de los más perjudicados por el cierre de locales no esenciales. Un informe de la consultora EY, junto con la firma Boston Consulting Group, publicado este lunes prevé una pérdida de ingresos de alrededor del 40% en este año, entre 6.000 y 7.000 millones de euros, que se suma a la pérdida del 20% de facturación experimentada desde el inicio de la crisis de 2008 hasta el año pasado. Un cuarto de las empresas del sector y un tercio del empleo están en peligro, según el documento, titulado Informe sobre el sector de la moda en España. Análisis del impacto de la crisis del Covid-19.

El informe hace hincapié en que muchas empresas no pueden hacer frente a un mes de cierre por sus gastos fijos (alquileres, 15-20% de la facturación; personal 13-20%; inventario ya adquirido 10%, que además tendrán que colocar con descuento). Para paliar estos graves problemas de liquidez, el documento propone también normas que permitan la condonación de los alquileres y la renegociación de contratos con efectos desde el estado de alarma y hasta seis meses después de su término, extensión de las medidas sobre los alquileres de vivienda (moratorias, ayudas, etc) a los locales comerciales. También reclama más flexibilidad laboral y mayor libertad de horarios comerciales y beneficios fiscales relativos al IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades.

Cuatro patronales relacionadas con el comercio textil (Acotex, Anged, ModaEspaña y Asepri, de productos para la infancia) hacen suyo el informe de EY y BCG y, en un manifiesto dirigido a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, les reclaman las medidas fiscales y sobre arrendamientos que señala el informe, así como que el compromiso oficial de que la obligación de mantener el empleo en las empresas acogidas a ERTE decae a los seis meses si persisten las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

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