Europa lanza el fondo de rescate como el gran salvavidas contra la crisis

Los ministros de economía de la zona euro parecen dispuestos a desplegar finalmente una primera línea de defensa frente a la crisis económica desencadenada por la pandemia de la Covid-19. Los documentos elaborados para la cita virtual del martes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, detallan la intervención en ciernes y amplían por primera vez el alcance de las medidas que se esperan de organismos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede). El plan se elevará a una cumbre europea, que podría celebrarse también la semana que viene, y se espera que sea el arranque de “una respuesta fuerte y coordinada (…) frente a unos desafíos económicos sin precedentes”, según la descripción recogida en los documentos que servirán de base al buscado acuerdo.

A la cuarta podría ir la vencida. Tras tres reuniones fallidas del Eurogrupo y una cumbre europea que acabó en gran bronca entre el norte y el sur (con Alemania y Holanda, por un lado, y España e Italia, por el otro), la cuarta reunión de los ministros de Finanzas desde el comienzo de la epidemia espera cerrar el martes un principio de acuerdo sobre la respuesta económica europea. Las fuentes consultadas indican que aún no hay unanimidad para aprobar las nuevas medidas, con el Gobierno holandés de Mark Rutte como el principal obstáculo. Pero la mayoría del Eurogrupo se muestra dispuesto a zanjar de una vez el debate y trasladar al Consejo Europeo un plan de intervención que ya está prácticamente cerrado.

El plan, como se esperaba, convierte al Mede en el principal cortafuegos frente a la crisis de liquidez más inmediata. Esa respuesta, sin embargo, no zanja las demandas de mutualización de la deuda planteadas por países como Francia, España o Italia, por lo que se espera que, incluso si se pacta esta primera línea de intervención, el debate sobre las medidas a medio y largo plazo todavía continuará.

80.000 millones de emergencia

El proyecto elaborado por los técnicos del Eurogrupo prevé, en primer lugar, la activación del Mede, el fondo de rescate creado en 2012 a raíz de la crisis de deuda soberana. Las negociaciones iniciales apuntaban a que los países más golpeados por la Covid-19, entre los que destacan Italia y España, se acogieran una de las líneas de crédito previstas en ese mecanismo. Pero la trifulca de la cumbre europea del pasado 26 de marzo, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, exigieron una respuesta europea de mayor alcance, ha llevado a revisar y ampliar la oferta del fondo.

El plan actualizado tras la cumbre apunta a la creación de un nuevo instrumento de financiación, bautizado por ahora como Rapid Financing Instrument, y con “una capacidad de financiación de global de unos 80.000 millones de euros”. Esa línea de crédito estaría disponible hasta 12 meses, con una dotación para cada país proporcional a su participación en el capital del Mede o vinculada a factores como la gravedad de la pandemia o la envergadura del daño económico sufrido. En el caso de España, con una cuota en el Mede del 11,8%, la línea podría facilitar hasta 9.440 millones de euros.

La gran novedad de esa línea pendiente de creación es que está abierto a todos los Estados miembros (sin ninguna condición previa relacionada con su situación fiscal), así como el carácter benévolo de su condicionalidad, relajada hasta extremos sin precedentes. Aunque los aspirantes a su utilización deben respetar las normas del Pacto de Estabilidad y los compromisos asumidos en el marco del llamado Semestre europeo (sistema de vigilancia macroeconómica), esas obligaciones no quedarán recogidas en un pliego de condiciones específico sino en un “plan de respuesta económica” que será considerado como equivalente al Memorándum requerido por el Tratado del Mede y permitirá la liberación de los fondos.

Los créditos tendrían una duración de entre tres y cinco años. Según los documentos del Eurogrupo, en este plazo “daría tiempo suficiente para la absorción del shock económico”. El coste de la financiación, según el proyecto, podría reducirse al mínimo posible para que el Estado receptor no pague más que las comisiones imprescindibles.

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La participación del Mede en la lucha contra la crisis económica se completa con una “línea de crédito reforzada ligada a la pandemia”. En este caso, sí que se trata de una línea ya existente (nunca utilizada), a la que se añadirían ligeras modificaciones para adaptar y rebajar su condicionalidad.

El proyecto de acuerdo señala que los Estados que se acojan a esta segunda línea de crédito deberán comprometerse a destinar los recursos a gastos relacionados con la crisis sanitaria, así como a respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (lo cual no quiere decir que el déficit esté por debajo del 3%) y el Semestre europeo. A diferencia de la primera línea, estos compromisos sí que quedarán recogidos en un Memorándum suscrito de manera individual por el Estado que desee acceder a los fondos del Mede.

Una vez activada, la línea podrá conceder créditos equivalentes al 2% del PIB de cada país, aunque se contempla posibilidad de ajustar esos límites “a la vista de las necesidades que surjan en cada Estado en función de la severidad de la pandemia y de su impacto económico”. Para España, los recursos disponibles podrían rozar los 25.000 millones de euros como mínimo.

La línea de la pandemia también abriría la posibilidad de que el Mede adquiriese deuda pública del Estado beneficiario en el momento mismo de su emisión (mercado primario). Ello podría ayudar, llegado el caso, a colocar las emisiones de los Tesoros en momentos de tensión en los mercados de deuda soberana. El BCE no puede ayudar en ese terreno porque, a diferencia del Mede, no puede actuar en el mercado primario.

La línea de crédito estaría disponible durante 12 meses, prorrogable por otros seis. Los préstamos serán reembolsables en un plazo de entre 5 y 10 años. El plan también prevé rebajar las comisiones del crédito, fijados ahora en 50 puntos básicos en la apertura de la línea y 35 puntos básicos de cuota anual.

Fondo de garantías

El tercer frente que quiere abrir el Eurogrupo es a través del Banco Europeo de Inversiones. El BEI y la Comisión Europea ya habían puesto en marcha un plan de apoyo que aspiraba a movilizar 40.000 millones de euros. “Sin embargo, dada la gravedad de los retos que encara la economía de la Unión Europea esa cantidad está lejos de ser suficiente”, reconoce el documento del Eurogrupo que diseña una intervención reforzada.

La intención del Eurogrupo es establecer “un fondo paneuropeo de garantías en respuesta al Covid-19”, con el que inyectar hasta 200.000 millones de euros en las empresas europeas, desde las pequeñas y medianas hasta las grandes multinacionales.

El fondo se diseñará “para financiar operaciones de alto riesgo”, un perfil alejado de la tradicional prudencia del BEI, siempre celoso de su elevada calificación crediticia. Las empresas potencialmente beneficiarias serán todas aquellas cuyas dificultades económicas sean consecuencia clara y directa de la pandemia del Covid-19. El BEI gestionará el fondo, pero no se verá salpicado por ningún riesgo potencial. Las operaciones estarán avaladas “de manera conjunta” por los Estados miembros, que deberán ofrecer por adelantado unos avales por valor de 25.000 millones de euros. Las posibles pérdidas se repercutirán de manera proporcional a la aportación de cada país, que se espera que sea según su participación en el BEI.

Ayudas para el desempleo

La última gran pata del plan es el mecanismo de reaseguro de desempleo comunitario, cuya propuesta ha sido lanzada por la Comisión para financiar, de forma temporal, los esquemas que fomentan la suspensión temporal de empleo, como los ERTE españoles, y las ayudas a autónomos. La propuesta se articulará mediante préstamos y es vista por los grupos de izquierda parlamentaria como un primer paso, pero no definitivo, para un fondo europeo de desempleo. Sin embargo, Bruselas teme las críticas que puedan llegarle de los halcones, por lo que defiende que su despliegue se hará bajo el artículo 122 del Tratado de Lisboa. Con 100.000 millones de euros, Bruselas espera que con ese instrumento se pueda evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo.