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El Gobierno estudia créditos sin intereses a los inquilinos vulnerables para hacer frente a los alquileres

Los ministerios de Transportes, Economia y Hacienda llevarán la propuesta al Consejo de Ministros del martes, donde intentarán obtener el visto bueno de los ministros de Podemos

José Luis Aranda
Cartel de alquiler de una vivienda en Madrid.
Cartel de alquiler de una vivienda en Madrid.David G. Folgueiras

Créditos sin intereses a devolver en seis años para pagar las rentas. Esa es la propuesta que una parte del Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes para intentar cerrar el tema de las ayudas a los alquileres durante la crisis del coronavirus. La cuestión ha levantado ampollas y la nueva fórmula todavía no cuenta con el visto bueno de los ministros de Unidas Podemos, por lo que fuentes del Ejecutivo admiten que es probable que la medida que se apruebe finalmente sea diferente.

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La idea de los Ministerios de Transporte (el antiguo Fomento), de Economía y de Hacienda es que el Estado avale créditos finalistas concedidos por los bancos, que solo podrán usarse para pagar la renta, y que tendrán un plazo de devolución de hasta seis años, como ha adelantado la cadena SER y confirman fuentes de dos de los tres ministerios implicados. Si transcurrido el plazo de devolución, el inquilino no ha podido devolver el préstamo, el Estado satisfará el importe, que será cargado a cuenta del Plan Estatal de Vivienda.

Sin embargo, no está claro que esta propuesta sea la que salga adelante el martes ya que los tres departamentos que la han consensuado pertenecen a la cuota socialista del Gobierno de coalición. Fuentes de uno de los ministerios en manos de Podemos señalan que ese planteamiento nunca ha estado sobre la mesa y no lo reconocen. Desde hace días existen discrepancias entre ambas partes, que en ocasiones se han hecho públicas a través de los mensajes que han lanzado los vicepresidentes Nadia Calviño (Economía) y Pablo Iglesias (Derechos Sociales).

Desde el inicio de la crisis sanitaria, y particularmente desde que el Gobierno aprobó una moratoria sobre las hipotecas, la formación de Iglesias abogó públicamente por extender ayudas similares a los alquileres, en la línea que piden algunas organizaciones como los sindicatos de inquilinos. Calviño mostró, también públicamente, su rechazo a esa idea, recordando que muchos de quienes alquilan vivienda en España son pequeños propietarios y podrían verse perjudicados al no percibir las rentas. Así que el consenso quedó anclado en la idea básica de que había que buscar una solución para quienes se van a ver perjudicados económicamente por el coronavirus y no pueden hacer frente al alquiler.

En los diez días transcurridos desde la aprobación de la moratoria hipotecaria, en el Consejo del pasado 17 de marzo, las posturas han variado pero no acaban de coincidir. La última de Unidas Podemos pasa por que el Estado exima del pago de la renta a los inquilinos vulnerables durante dos meses (y prorrogable hasta el mes siguiente en que se levante el estado de alarma) y que compense a los propietarios. La medida se aplicaría también a autónomos y pymes para el alquiler de sus oficinas o locales. La compensación conllevaría el pago directo de entre el 5% y un 100% de las rentas no satisfechas por el inquilino al propietario en función de su perfil, de manera que quien alquila hasta dos inmuebles no perdería nada mientras que los arrendadores de más de ocho inmuebles solo recibirían una vigésima parte.

Sin embargo, esa idea no acaba de convencer a sus socios de Gobierno, que plantean dudas jurídicas y económicas, por el impacto que tendría en las arcas públicas. En España, antes de la emergencia de la Covid-19, había unas 400.000 inquilinos vulnerables, según cálculos de Fomento, y el temor es que esa cifra se dispare en torno a 1,5 millones con las consecuencias económicas de la epidemia.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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