Impuestos, pobreza y política climática

El cambio climático es, sobre todo, un gran desafío ético y de justicia social. Es un problema causado por los más pudientes, países y personas, y sufrido en gran medida por los que menos capacidad económica tienen para la adaptación. Por si fuera poco, las políticas climáticas también son soportadas de forma desproporcionada por los más desfavorecidos porque las subidas de precios asociadas suponen, en general, una mayor merma de su renta disponible y estos no cuentan con medios para minimizar los impactos correctores mediante el cambio de vehículos o la rehabilitación de sus viviendas.

Hemos observado en países próximos y lejanos la fuerte oposición a políticas restrictivas que afectan a sus necesidades energéticas o de transporte. Es fundamental preguntarse cómo introducir las políticas correctoras socialmente necesarias sin que sus impactos las hagan inviables. Las compensaciones distributivas a los más afectados tienen una importancia crucial. Y deberían definirse, en primer lugar, sin afectar a la efectividad de la política correctora (no, por tanto, en forma de subsidios energéticos), concentrándose además de forma prioritaria en los grupos con menos capacidad económica y materializándose no solo como transferencias compensatorias o cheques incondicionados, sino también como subvenciones al cambio de stock (vehículos o calderas). Además, se deben integrar las políticas climáticas en una reforma fiscal más amplia ante las dificultades, de nuevo observadas en la práctica, de desactivar minorías de bloqueo solo con compensaciones o incluso la reversión de las políticas.

España es un laboratorio perfecto. No solo porque los medios con que contamos para avanzar en la descarbonización son particularmente débiles en algunos casos: el transporte, por ejemplo, principal fuente de gases de efecto invernadero, cuenta con unos niveles impositivos muy por debajo de los necesarios para la mitigación de sus emisiones (que siguen subiendo) y muy alejados de la media europea. De hecho, a la necesaria intensificación de nuestras políticas climáticas se une la creciente preocupación por las disparidades distributivas, acentuadas por la gran recesión y recientemente evidenciadas en el demoledor informe sobre pobreza promovido por la ONU.

La igualación fiscal de diésel y gasolina tiene especial interés. Permitiría reducir moderadamente las emisiones y elevar sustancialmente la recaudación, si bien distribuiría la carga de forma regresiva (pagarían más proporcionalmente los que menos renta tienen). Una primera solución sería la devolución íntegra de lo recaudado mediante transferencias per cápita a toda la población. Otra alternativa sería limitar la compensación solo a la mitad de la población con menos renta, dejando así un importante remanente de recursos para usar, por ejemplo, para subvencionar el cambio de vehículos hasta un determinado umbral de renta o para mejorar el transporte público en zonas rurales.

Estas soluciones tendrían un impacto distributivo positivo, aunque podrían ser vistas como parches y por tanto serían insuficientes para conseguir la aceptación social de las regulaciones climáticas. Pero existen opciones redistributivas más potentes que podrían compensar los efectos regresivos de la subida fiscal con una política de reducción de la elevada tasa de pobreza con transferencias directas. En este caso sería posible reducir una décima parte el número de familias en situación de pobreza usando menos de la mitad de la recaudación obtenida por la subida fiscal de los carburantes. En suma, insertando la política climática dentro de un paquete más amplio de intervención redistributiva podremos evitar retrasos en su aplicación a la vez que abordamos otros acuciantes problemas sociales de la España post-recesión y beneficiamos a los principales damnificados del cambio climático.

Xavier Labandeira es catedrático de Economía, Universidade de Vigo, y director de Economics for Energy.