¿Sirven para algo los informes ‘forensic’ en los casos de corrupción?

En los últimos meses, fruto de la presunta implicación del BBVA e Iberdrola en el ‘caso Villarejo’, el término forensic (forense, en castellano) ha multiplicado su presencia en los medios de comunicación. En el ámbito empresarial, este anglicismo sirve para referirse a las labores de prevención, detección e investigación interna de irregularidades y fraudes en el seno de las organizaciones (normalmente, grandes empresas); unos procedimientos de alta complejidad y que requieren gran capacitación tecnológica. No obstante, el vocablo también puede utilizarse para denominar a los expertos que desarrollan las pesquisas (los forensics) o al informe en el que se recogen sus resultados.

El boom de la actividad forensic está ligado a la regulación, en 2015, de los programas de compliance (cumplimiento) penal, que exigen que las compañías investiguen los actos de sus directivos y empleados sospechosos de ser ilícitos. No obstante, la creación de los equipos especialistas en la materia data del año 2000, cuando se reformó la legislación procesal para admitir la prueba pericial de parte; hasta entonces, solo podía solicitarla el juez. En ese momento, se disparó la demanda por parte de las empresas de informes con los que acreditar en un juicio, por ejemplo, una cuantificación de daños o una actuación contable.

Los equipos forenses, en todo caso, no solo actúan en investigaciones criminales. También pueden hacerlo ante un problema laboral (suelen ayudar en casos de acoso), de competencia, de protección de datos o de tipo financiero.

Gracias a su enorme capacidad tecnológica, el forensic es una de las especialidades de las big four, consultoras a quienes suelen encargarse los casos más relevantes. De hecho, tanto BBVA como Iberdrola han confiado a PwC la elaboración de su informe sobre la trama Villarejo. En otros asuntos conocidos, EY investigó las cuentas de Dia o KPMG las de Pescanova. No obstante, las auditoras y consultoras no son las únicas que ofrecen este servicio. También puede encomendarse a empresas más pequeñas como Auren, BDO, Grant Thornton o PKF Attest, así como a otras firmas muy especializadas.

Según explican fuentes del sector, la contratación de los expertos forensic puede provenir directamente de la compañía o llegar a través de su bufete de confianza. En todo caso, al tratarse de asuntos turbios, en la investigación siempre intervendrá un equipo de abogados. “Nosotros somos los expertos en las pesquisas y el despacho dirige la estrategia legal. Somos parte del mismo guiso, pero cada función está perfectamente diferenciada”, relata Jorge Lledías, socio de forensic de Deloitte. Naiara Rodríguez-Escudero, socia de Latham & Watkins, completa la descripción. “Los forenses son esenciales para obtener la prueba. Ellos hacen un barrido de la información y, después, los letrados la estudiamos durante semanas para encontrar los datos clave”. Para el ‘caso Villarejo’, BBVA cuenta con Garrigues y Uría Menéndez. Es normal que el bufete que dirige la investigación también se ocupe de la defensa de la persona jurídica.

A pesar de que no existe ningún obstáculo legal para asumir a la vez el papel de abogado y forensic, las propias consultoras (que cuentan también con servicios jurídicos) reconocen que conviene contratar cada función con una firma diferente. “Refuerza tu imagen como perito no presentarte bajo la misma marca que dirige la defensa”, subraya Lledías. En un juicio, la contraparte descarga toda su artillería para desacreditar a los especialistas presentados por el adversario, y la confluencia de papeles da un argumento para sembrar dudas sobre la independencia pericial. En donde el conflicto de interés es evidente es si confluyen auditoría y forensic, especialmente si lo que se revisan son irregularidades contables.

Menos entusiasta del valor de estos informes se muestra Juan Antonio Frago, fiscal experto en delitos económicos. Según subraya, como ante toda prueba de parte, los jueces mantienen un lógico escepticismo porque “quien hace estas periciales nunca deja a los pies de los caballos a quien lo ha contratado”. En todo caso, a diferencia de los abogados, la ley exige a los peritos actuar “con la mayor objetividad posible”, bajo amenaza, incluso, de sanción penal si faltan a la verdad.

Fases de las pesquisas

A diferencia de en la auditoría, las investigaciones internas no están regladas, por lo que no deben cumplir unos requisitos de validez. El primer paso, una vez que la compañía y sus abogados han decidido llevarla a cabo, es definir el perímetro de las indagaciones: qué se busca. A partir de ahí, el cómo hacerlo, ya es tarea de la consultora.

Tras las pesquisas, la firma emite un primer informe forensic, de carácter interno, que debe ser evaluado por el equipo jurídico. Este documento, no obstante, en ningún caso se aporta tal cual ante los tribunales. Para poderlo emplear como prueba, ya sea en el marco de una estrategia judicial defensiva u ofensiva, la consultora tendrá que darle forma de informe pericial, normalmente haciéndolo mucho más explicativo y didáctico. A partir de ahí, se integra en el proceso como un elemento más que valorarán los magistrados.

Al margen de su valor probatorio, las investigaciones internas y el forensic son importantes nichos de negocio para bufetes y consultoras. Según explican los abogados de empresa, es un servicio especialmente lucrativo por dos razones: porque su contratación suele venir directamente del consejo de administración y, además, porque a las compañías les interesa trasladar la imagen de que no escatiman en gastos contra las irregularidades. Racanear es poco estético. “La competencia nos ha obligado a ajustar tarifas, pero el precio-hora de un consultor o auditor tecnológico es muy similar al del abogado de un despacho grande”, admite Lledías.