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El Supremo decide que la Audiencia investigue la denuncia sobre la compra de DIA

El alto tribunal acuerda que el instructor José Luis Calama asuma la causa por la supuesta operación para provocar el desplome de las acciones de la cadena de supermercados

Fridman Audiencia Nacional
En el centro, el empresario ruso y máximo accionista de DIA, Mijaíl Fridman, a su llegada a la Audiencia Nacional este lunes. EFE

Los frentes se le multiplican en la Audiencia Nacional al magnate Mijaíl Fridman, uno de los oligarcas rusos más poderosos. Este órgano judicial se encargará finalmente de investigar si el empresario maquinó una operación para alterar a la baja las acciones de DIA con el objetivo de adquirir la cadena de supermercados a través de la sociedad Letterone. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo a través de un auto fechado el pasado 18 de septiembre, donde da luz verde al magistrado José Luis Calama para que impulse las pesquisas tras tramitar una denuncia donde se acusa a Fridman de encabezar un "entramado societario criminal" que actuó para provocar una situación de "bloqueo e iliquidez a corto plazo en la compañía".

Esta decisión del alto tribunal se conoce el mismo día en que el magnate ha acudido a la Audiencia Nacional a declarar en una segunda causa instruida por el juez Manuel García-Castellón, donde se le imputa haber provocado también el hundimiento de la tecnológica Zed para comprarla a bajo precio. Una tesis que Fridman ha negado "categóricamente" durante su comparecencia ante el magistrado.

En la causa abierta por las acciones de DIA, el Supremo aprecia la posible existencia de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas e, "incluso", otro por el presunto uso de información privilegiada.  Todo ello, atribuido supuestamente al empresario ruso, al que se le sitúa —siempre según la denuncia— en un entramado societario internacional con presencia en Noruega, Reino Unido, Holanda y España. 

"El comportamiento denunciado se proyecta como altamente lesivo no solo para el conjunto de accionistas minoritarios de DIA, sino también para sus trabajadores y proveedores de la citada mercantil", continúan los magistrados del Supremo en su escrito. En este añaden, a su vez, que los datos que constan en la causa apuntan a que el perjuicio causado puede superar los siete millones de euros. "Si tenemos en cuenta que lo que presuntamente se altera es el precio de las acciones de una multinacional que estaba en el IBEX 35 en ese momento, lo que ha tenido que repercutir también en el precio de una multiplicidad de inmuebles de la compañía, con perjudicados extendidos por toda la geografía nacional", apostilla el auto.

Fridman no se encuentra aún imputado en este proceso, que recae ahora en Calama después de que el propio juez de la Audiencia Nacional decidiera no admitirlo a trámite por falta de competencia y lo remitió a un juzgado ordinario de Madrid, que también rechazó asumir entonces la causa y lo envió al Supremo para que acordase quién debía seguir adelante con la investigación. Ahora, los magistrados del alto tribunal han decretado que sea Calama el que continúe con las pesquisas debido a "la complejidad de los hechos" y a que los hechos denunciados hayan podido "producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas" en todo el país.

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