El magnate Mijaíl Fridman comparece en la Audiencia Nacional por la quiebra de Zed

El magnate ruso Mijaíl Fridman comparece este lunes en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón lo ha citado como investigado, correspondiente a la antigua figura de imputado, por su presunta responsabilidad en las maniobras empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide.

Fridman había pedido declarar desde Londres por videoconferencia. García Castellón rechazó esta petición, pero sí que retrasó la declaración, prevista en principio para el 7 de octubre, ya que el empresario alegó que por motivos de salud no podía desplazarse hasta Madrid en esas fechas.

El también máximo accionista de Dia está imputado en esta causa desde agosto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que lideró "una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como raider (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas".

Así, por controlar supuestamente toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones, un precio muy por debajo al de mercado, se le imputan los presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración fraudulenta, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

Ya en noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido el expresidente de Zed Javier Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia del grupo tecnológico.

Sin embargo, un informe policial que obra en el sumario, pone en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que el magnate ruso ostenta "el poder fáctico y directo" sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.

El juez García Castellón le citó a declarar por primera vez el pasado mes de septiembre, pero Fridman recurrió dicha citación alegando que él no habría podido incurrir en ninguno de los delitos que se le imputan porque no ocupaba ningún puesto de toma de decisiones en las empresas que suscribieron contratos o ejecutaron préstamos con la mercantil española. Por ello, el empresario ruso sostiene que los investigadores tienen un "sesgo imputatorio" contra él.

El Ministerio Público explicó en un escrito dirigido al juzgado que la sospecha contra el magnate nace en ese punto concreto: en "el hecho de que el señor Fridman 'no ha sido administrador ni de hecho ni de derecho'", porque "camufla su control de la actuación delictiva en subordinados".

Antes de que el juez resolviese dicho recurso, Fridman registró una nueva petición para que su declaración como investigado se aplazase debido a un cambio de abogado y a la necesidad de que la nueva defensa se estudie la causa. El juez acordó volver a citarle el pasado 7 de octubre.

No obstante, al abogado de Fridman solicitó otra vez una nueva fecha debido a que su cliente tenía programadas dos intervenciones oftalmológicas y los médicos le indicaron que no podría volar en un "tiempo prudencia". También sugirió que su cliente pudiera declarar por videoconferencia o ante una comisión judicial que se desplazase a Londres.

El fiscal se mostró contrario a todas estas solicitudes en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, en el que argumentó que de no realizarse la declaración no podría solicitar "la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Además, recordó que dicha 'vistilla' "deberá ser personal y en territorio español".

Se refería así a la audiencia que puede instarse tras la declaración y en la cual las acusaciones tienen la oportunidad de solicitar el ingreso en prisión provisional, la libertad bajo fianza o la imposición de alguna medida cautelar, un trámite en el que se practica prueba si es necesario y se escucha a las partes, y que debe celebrarse estando el investigado a disposición del Juzgado, no en el extranjero.