Andalucía clama contra el pago por las autovías, y Cataluña, Valencia y Galicia piden explicaciones

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, admitió este martes, en declaraciones a Telecinco, que la posibilidad de imponer un pago “simbólico” —en torno al 10% de los peajes de las autopistas de pago— “es una cuestión a debatir y sobre la que reflexionar”, aunque el proceso ni siquiera se ha iniciado.

Asimismo, y en respuesta a la información publicada por EL PAÍS, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoció, en declaraciones a Antena 3, que el Gobierno está estudiando “diferentes fórmulas” como las que ya se aplican en otros países de Europa para mantener la red de alta capacidad (autovías y autopistas). “Estamos estudiando las diferentes fórmulas que existen en otros países de Europa, contando con los trabajos técnicos iniciados en el Congreso, que no pudieron llevarse a conclusiones, a buen puerto, pero es un elemento, una motivación para recuperar esos trabajos”, dijo.

Pero esa propuesta en ciernes no ha gustado nada al Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos. “El Gobierno del PSOE se niega a pagarle a Andalucía los 4.000 millones que reclama nuestro Parlamento y encima ¡quiere hacernos pagar por usar las autovías construidas con nuestros impuestos! ¿Es una broma? Como presidente de Andalucía me opongo desde ya”, señaló el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

La consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, aseguró a este diario que la Junta no cobrará en las carreteras de su titularidad y se cuestionó que ahora que se va a liberar de peaje la AP-4 entre Sevilla y Cádiz a finales de año, el Gobierno central se plantea tener que volver que pagar por circular por las autovías.

Desde la Consejería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, bajo mandato del PP, se exigió al Gobierno que presenta una propuesta concreta sobre un nuevo modelo de gestión de las vías de altas prestaciones. “La Xunta tiene claro que una minoría de españoles no puede pagar peajes tan caros cuando una mayoría no paga nada. Pero hasta ahora el Gobierno se limitó a lanzar un globo sonda sobre el que no es posible opinar. Es sorprendente que anuncia su intención de regular un asunto de tanto calado estando en funciones, al mismo tiempo que usa esta situación como excusa para mantener bloqueados otros asuntos urgentes”, indicaron en fuentes de la consejería.

Por su parte, Cataluña no se opone frontalmente a estudiar cambios, pero ha recibido la propuesta de Fomento con escepticismo. La Generalitat considera que la mejor solución es implementar el sistema de la viñeta, una tarifa plana para todos los coches, lo que eliminaría las barreras de los peajes. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, celebró que se abra el debate sobre qué hacer ahora que empiezan a vencer las concesiones de las autopistas, pero ha afirmado que “España va tarde”, dijo Calvet, en una intervención en RAC1.

La Generalitat lleva dos años estudiando cómo implementar esta tarifa plana, que se inspira en la euroviñeta que pagan los camiones en países como Suecia, Dinamarca, Holanda o Luxemburgo. El sistema se está analizando y será presentado en el parlamento catalán en los próximos meses. Se trata de una tarifa plana para todos los coches que usen las vías de alta capacidad, y que se situaría entre 40 y 110 euros anuales. Mediante esta viñeta se podrían usar las vías sin necesidad de parar en los peajes. El proyecto también estudia modificar el pago, en una segunda fase, según la distancia que recorran los vehículos.

Por su parte, Arcadi España, consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat valenciana, gobernando por el PSOE en coalición con otros partidos, indicó que el debate abierto respecto al pago simbólico de las autovías es un tema independiente al de la liberalización de la AP-7, a finales de este año.

“Los valencianos y valencianas hemos pagado peajes durante muchos años y por ello, ante cualquier propuesta que pueda haber en el futuro respecto del pago por uso en las carreteras españolas, queremos conocer bien la propuesta para poder estudiarla en profundidad y poder pronunciarnos poniendo, como siempre en primer lugar, los intereses de los ciudadanos así como el de los transportistas”, indicó España en declaraciones a EL PAÍS.

Cálculo de Seopán

La patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopán, calificó esta eventual medida de “beneficiosa” tanto para la economía española como para el conjunto de la sociedad. En declaraciones a la Cadena Ser, el presidente de Seopán, Julián Núñez, afirmó que tenía que haberse implementado en España “mucho antes”, ya que prácticamente en toda Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad.

Las constructoras han solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno que contemple la articulación del cobro de un peaje por circular en la red de autovías del Estado, con el fin de obtener los recursos necesarios para costear su mantenimiento, y que deje así de recaer en los Presupuestos. El pasado mes de junio, Seopán propuso el precio del peaje al que estarían sometidas las autovías ahora gratuitas: 0,03 euros por kilómetro para los vehículos y 0,14 euros para los camiones.

Se trata de una tasa que, si bien sería la “más reducida de entre las actualmente vigentes en Europa”, y permitiría al Estado recaudar unos 1.200 millones de euros anuales, cantidad muy similar al coste actual del mantenimiento de las vías de gran capacidad, según Seopán.

Esta información ha sido elaborada por Eva Saiz, Josep Catá, Ferran Bono, Sonia Vizoso y Ramón Muñoz. 

Los camioneros advierten de que perjudicará a la economía y aumentará los accidentes

La patronal de los camioneros y transportistas también ha reaccionado con duras críticas a la propuesta. "La posible implantación de un pago por el uso de las autovías perjudicaría gravemente las exportaciones españolas, lo que resultaría preocupante en la actual situación de inestabilidad económica", ha señalado Fenadismer en un comunicado.

La federación de pequeños y medianos transportistas ha defendido que se opone a la medida porque el sector ya paga muchos impuestos a través de las tasas a los hidrocarburos. "El sector del transporte por carretera con la actual fiscalidad que soporta, más de 21.000 millones de euros anuales, ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras españolas". Asegura que el uso de las autovías, si fueran de pago, "aumentaría los costes de explotación de la actividad del transporte lo que afectaría al valor final de los productos españoles destinados a la exportación".

También la asociación de consumidores Facua se muestra contraria a la propuesta. La organización entiende que la medida supone un auténtico "copago o repago" porque "obliga a los ciudadanos a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de sus impuestos". En su comunicado defiende que "el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado".

La asociación advierte de que la iniciativa acabará afectando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo, incentivará el uso de las carreteras nacionales —"donde la siniestralidad es más alta y no están mantenidas correctamente por el Estado"— y que supondrá un "claro perjuicio" para quienes no viven en grandes núcleos urbanos y necesitan usar esas vías para acudir al trabajo, colegios u hospitales.