El juez de la Audiencia Nacional analizará si funcionó el control interno del BBVA en el ‘caso Villarejo’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó este lunes al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Estos son los mismos delitos que aprecia la Fiscalía. El auto del juez García-Castellón no se ha dado a conocer porque la causa está bajo secreto de sumario. Sin embargo, según fuentes judiciales que han accedido al texto, la argumentación del juez coincide con la de la Fiscalía Anticorrupción en dos de los presuntos delitos: cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Sin embargo, sobre el tercero, corrupción en los negocios, las posiciones del juez están algo más matizadas que las de los fiscales. El magistrado expone que hay que analizar si el BBVA fue beneficiado o perjudicado por la supuesta trama de espionaje que se realizó con la contratación del policía José Manuel Villarejo. Admite que, en el actual momento inicial de la acusación, este es un tema discutible.

Y a continuación explica que, si se acepta que el BBVA cometió el delito de corrupción en los negocios, sería necesario analizar si funcionó el control interno, es decir, si se activaron los necesarios mecanismos de vigilancia de los pagos y de los comportamientos de los empleados clave. El banco tiene, como el resto de entidades, una estructura de control interno de las contrataciones y de los abonos de las facturas, vigilados desde el departamento de Intervención General. Además, cuenta con el departamento de la auditoría interna, que debe velar por el correcto funcionamiento de la organización, así como revisar los procedimientos.

Vigilar lo que dañe la reputación

Además, en la cúpula de la entidad está la Comisión de Riesgos y Cumplimiento que tiene la función de “recibir información de los incumplimientos de la normativa interna o externa aplicable”, según su reglamento. También debe ser informada “de cuestiones relevantes relacionadas con los riesgos legales de la actividad del grupo”. Y el reglamento añade que serán relevantes “las cuestiones que pudieran originar un impacto o daño significativo y material en el patrimonio, los resultados o la reputación del grupo”. También debe “examinar los proyectos de códigos éticos y de conducta”.

La contratación de Villarejo durante 13 años fue una cuestión relevante que afectó a la reputación, aunque se desconoce si lo supo esta comisión, si realizó preguntas cuando se conocieron las primeras noticias de la contratación del policía, en mayo de 2018, o si trató de tomar medidas que no han trascendido. Ahora, la Comisión de Riesgos y Cumplimiento está presidida por Juan Pi Llorens, con José Miguel Andrés Torrecillas, Jaime Caruana, Carlos Loring y Susana Rodríguez como vocales.

Para los expertos consultados, esta situación también podría cuestionar el papel de los supervisores, ya que no parece que tuvieran noticias de este asunto. El propio banco ha abierto varias investigaciones internas, de más de un año de duración, para conocer cómo se realizaron los pagos a Villarejo, lo que cuestiona su control interno.

Según fuentes financieras, el BCE seguirá de cerca cómo le puede afectar la imputación en la evolución de los negocios del BBVA, la cotización y los grandes accionistas de la entidad. El objetivo es seguir de cerca cualquier efecto que pudiera afectar a su estabilidad financiera.

Tras la imputación del banco, CC OO, el principal sindicato del BBVA, acusó al expresidente de la entidad Francisco González de ser actualmente “el principal responsable de la pérdida de reputación del banco” y pidió “resolver cualquier relación formal” con él. Carlos Torres, actual presidente del BBVA, manifestó en una nota que su prioridad era “el esclarecimiento de los hechos”.

“El ministerio público considera que desde el BBVA se produjeron contrataciones y pagos ilícitos a la mercantil Cenyt, cuyo titular era Villarejo, que afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad, durante un prolongado periodo temporal”, explicó la Audiencia. La causa permanece secreta.

Pagos en áreas sensibles

La Fiscalía pidió la semana pasada investigar si el banco contrató a Cenyt para espiar a diferentes personas con el objetivo de obtener información sobre la constructora Sacyr. Esta firma trató de relevar a Francisco González de la presidencia del BBVA en 2004 y 2005. La novena pieza del caso Villarejo se centra en los trabajos desempeñados para el BBVA por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Villarejo presuntamente trabajó bajo cuerda para el banco 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.

La contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Villarejo prestó servicios al banco desde 2004 a 2017. La Fiscalía llega a estas conclusiones tras el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA.

El ministerio público destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al ser la causa secreta, supuestamente percibieron dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones.