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Grecia: un baño de realidad a las primeras de cambio

La promesa de bajar impuestos del nuevo Ejecutivo de Mitsotakis choca con la exigencia de los acreedores de lograr las metas fiscales fijadas en el tercer rescate

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Kyriakos Mitsotakis, durante su intervención en el Parlamento griego, este sábado. AP

Cada noche de verano, sectores enteros de Atenas se quedan a oscuras. El funcionamiento intensivo de los aparatos de aire acondicionado en hoteles y apartamentos turísticos, sumado al de las casas particulares, provoca una sobrecarga en la red eléctrica, cuyo estado de conservación y distribución es más que calamitoso. La compañía estatal (DEI, en sus siglas griegas) acumula impagos desde que empezó la crisis, en 2009, y no tiene capacidad financiera, según sus responsables, para instalar siquiera un par de torres de alta tensión que alivien los apagones. Los griegos deben a la DEI casi 3.000 millones de euros, lo que supone el porcentaje más alto de Europa de morosos energéticos: son deudores más del 40% de los helenos.

Tras la salida del tercer rescate, hace un año, todo parecía encarrilado en términos económicos para Grecia: un crecimiento del 1,9% en 2018, más un desempleo del 18,1% en marzo pasado, el porcentaje más bajo desde 2011 (en el culmen de la crisis superó el 27%). Pero la economía real se empecina en poner trabas al optimismo con muestras de inanición: la citada indigencia energética; 40% de paro juvenil (el más alto de la UE y la OCDE); un poder adquisitivo un tercio inferior a la media europea, según Elstat, la autoridad estadística helena; la gran morosidad de las empresas y, como corolario, una deuda externa del 181% del PIB, contra la que nada han podido las recetas impuestas por los tres rescates desde 2010 (280.000 millones de euros en conjunto). Si hay algo de recuperación en el empleo y, por tanto, el consumo (en 2018 este aumentó un 1%), es gracias —o a pesar de— a la generalización del modelo de la gig economy entre jóvenes y no tan jóvenes: con trabajos volátiles y sueldos de miseria.

El nuevo primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ganó las elecciones el 7 de julio con mayoría absoluta gracias a una promesa central: bajar los impuestos para aliviar la presión sobre la clase media y los autónomos, los más castigados por la política impositiva que se vio obligado a implementar, a instancias de Bruselas, el Gobierno precedente mediante, por ejemplo, aumentos del IVA hasta el 24% en su tramo máximo, el aplicable a muchos productos alimenticios.

La economía crece y el paro baja, pero aún quedan lastres: la deuda externa y la morosidad

Respaldado por la cómoda mayoría absoluta, Mitsotakis se las prometía muy felices para aplicar el anhelado alivio fiscal. Pero el primer día de mandato del nuevo Ejecutivo, el 8 de julio, llegó un rotundo no de Bruselas, vía reunión del Eurogrupo: no hay rebaja posible al objetivo del 3,5% del PIB de superávit primario —excluyendo los intereses de la deuda— hasta 2022, y del 2,2% en adelante; precisamente la rebaja con la que contaba Mitsotakis como margen de maniobra para bajar impuestos. Pese a la salida del rescate, la supervisión técnica de los acreedores (la troika formada por Comisión Europea, BCE y FMI) continúa, y todos insisten en la estricta observancia de las metas fiscales para acabar de sanear las finanzas.

Medidas

El plan fiscal de Mitsotakis contempla, entre otras medidas, reducir el impuesto de sociedades del 28% al 20% para facilitar la inversión y la creación de empleo; recortar un 30% en dos años el impopular impuesto sobre la propiedad inmobiliaria que dejó como herencia el segundo rescate (2012), y una rebaja del IVA al 11% y el 22% frente a los actuales 13% y 24%. El nuevo Ejecutivo también pretende acabar progresivamente con el llamado impuesto de solidaridad creado por el precedente para paliar la crisis humanitaria, así como rebajar en 1.000 euros por cada nuevo hijo el mínimo fiscal exento, en un país con 11 millones de habitantes y un envejecimiento demográfico galopante (y del que han huido cientos de miles de jóvenes por falta de expectativas de futuro). Las nuevas autoridades también pretenden reducir a 500.000 la cifra actual de desempleados, de 800.000.

El primer día de su mandato Mitsotakis se encontró con un no rotundo de Bruselas

Pero, por activa y por pasiva, vía Eurogrupo o a través del Mecanismo de Estabilidad Financiera (ESM, en sus siglas inglesas), el mensaje a Atenas es igual de firme: no ha lugar para menores objetivos fiscales. Este martes, el director gerente del ESM, Klaus Regling, insistió en su primera ­reunión con Mitsotakis en que los recortes de impuestos que el nuevo Gobierno planea aplicar deberán combinarse con la ampliación de la base tributaria y el respeto de los objetivos fiscales acordados.

Según el responsable del ESM, el plan gubernamental para reducir el impuesto sobre la renta a los asalariados y jubilados con ingresos por debajo de los 10.000 euros anuales del 22% al 9% —otra de las promesas de campaña— debe acompañarse de la reducción del mínimo exento de imposición de los 8.640 euros actuales a los 5.700. Esta medida, aprobada por insistencia de los acreedores en 2017, debía aplicarse a partir del 1 de enero de 2020, pero fue revocada en mayo —con las elecciones ya en el horizonte— por el Gobierno de Alexis Tsipras. Según cálculos del nuevo Ejecutivo, dicha reducción tendría un coste fiscal de 800-900 millones al año.

Con las manos atadas por los compromisos con la troika, el nuevo Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis hereda también otros lastres, como la gestión del programa de privatizaciones y, en concreto, el desbloqueo de Hellinikon, la joya de la corona de ese programa impuesto por el tercer rescate (2015, 86.000 millones) y que, teóricamente, debía suponer al Estado griego un total de 50.000 millones de euros por la venta de propiedades públicas, de aeropuertos a edificios históricos o puertos, como el del Pireo (controlado al 100% por la china Cosco).

Entre las tareas está desbloquear el proyecto Hellinikon y avanzar en las privatizaciones

Hellinikon, que toma el nombre del área que rodea el antiguo aeropuerto de Atenas, es un megaproyecto inmobiliario y urbanístico presupuestado en 8.000 millones que pretende levantar en seis millones de metros cuadrados de la Riviera ateniense apartamentos, hoteles, centros comerciales, zonas verdes y campos de golf, lo que daría trabajo a 75.000 personas. El estudio de los arquitectos Foster & Partners figura como principal diseñador de una intervención tras la que se halla el Global Investment Group, integrado por la compañía de inversión china Fosun Group —Grecia es la puerta grande de la Nueva Ruta de la Seda en Europa—; la firma Eagle Hills, de Emiratos Árabes Unidos, y el grupo local Latsis.

Pese a las credenciales de lujo, Hellinikon ha sido hasta ahora el cuento de la lechera: un edén de zonas verdes y edificios futuristas e inteligentes, bañado por el Mediterráneo y a pocos kilómetros de Atenas, que durante los cuatro años del Gobierno de Syriza no ha pasado de su fase virtual. Prueba de la importancia que ambos asuntos, la quiebra funcional de DEI y el bloqueo de Hellinikon, revisten para el nuevo Ejecutivo es el hecho de que el ministro responsable de Desarrollo e Inversiones y el de Energía abordaron esos dosieres en su primer día de trabajo. Con un cheque en blanco de cuatro años, Grecia inaugura esta etapa sin saber cómo va a pagar la factura del cambio.

 

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