Las empresas no quieren gastar tanto en abogados

Se avecinan fuertes cambios en el mercado legal. La abogacía de los negocios (los grandes despachos) es un sector que ha resistido relativamente bien los embates de la crisis gracias a su amplia oferta de servicios. En la época de bonanza, alimentan los ingresos las operaciones financieras, mercantiles e inmobiliarias; mientras que, en los malos momentos, se disparan los litigios, las reestructuraciones y los despidos colectivos. Sin embargo, cada vez son más los indicadores que alertan del agotamiento de este modelo de éxito. Con algo de retraso respecto a otras actividades, la máxima de renovarse o morir ha llegado a la abogacía.

El gran motor de esta revolución serán (o están siendo ya) las asesorías jurídicas internas de las empresas, departamentos encargados de decidir a qué firma contratar. El cliente manda y, por tanto, sus necesidades marcan la pauta. Y lo que los consejeros delegados de las compañías están exigiendo a los jefes de sus asesorías es hacer “más con menos”. Así lo asevera el estudio Reimaginando la función legal, de EY, según el cual el 82% de los departamentos jurídicos prevé llevar a cabo en los próximos dos años una reducción de costes, un 42% de los cuales lo hará a doble dígito. Y ello a pesar de que la cada vez mayor complejidad regulatoria provoca que nueve de cada diez afirme haber sufrido un incremento de carga de trabajo en los últimos cinco ejercicios. El informe recoge la opinión de 1.058 directores legales de empresas de más de una veintena de países.

Desde la Associaton of Corporate Counsel (ACC, la principal organización de abogados de empresa del mundo), Teresa Mínguez apunta que, en efecto, las asesorías jurídicas pretenden reducir el coste de las “operaciones legales”. Es decir, no es que los departamentos vayan a ver mermados sus presupuestos globales (de hecho, un informe de la organización apunta lo contrario), sino que quieren ajustar lo que pagan por cada servicio jurídico, acercando su precio al valor que realmente aporta a la empresa. Y es aquí donde se produce la gran disrupción.

Dentro del asesoramiento legal conviven dos tipos de tareas. Por un lado, aquellas más sofisticadas, en las que los bufetes aportan un conocimiento y una experiencia de alta calidad. Y, por otro, un conjunto de operaciones y trabajos rutinarios, también imprescindibles, pero de escaso valor (gestión documental, revisión contractual, tramitación de expedientes, etcétera).

Hasta hace unos años, explica Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE, la fórmula que seguían las empresas era la de “un asunto, un despacho; pero eso ha cambiado y ahora segmentan por tipología de trabajo”. Es decir, las compañías solo están dispuestas a pagar los altísimos honorarios que cobran las grandes firmas por aquello que aporte un valor diferencial. En cambio, para todo aquello que sea rutinario (trabajos en los que no se percibe variación de calidad en función de quién lo realice), acudirán al proveedor que ofrezca un precio más competitivo.

Y de ahí surge el auge de los denominados ALSP (Alternative Legal Services Providers), empresas con un alto componente tecnológico que, en Estados Unidos, ya están mordiendo una parte importante del negocio legal. En pocos años han pasado de tener una actividad irrelevante a facturar 8.400 millones de dólares en 2017. En España, los ALSP aún están por explotar, pero muchas asesorías jurídicas ya indagan sobre cuáles pueden servirles para aliviar sus presupuestos.

Transparencia

Estrechamente ligado con lo anterior, el informe de EY apunta que las empresas demandan más transparencia en los honorarios de los bufetes, que tradicionalmente han seguido el método de la facturación por horas. Un modelo “en crisis”, según Félix Plasencia, socio responsable del área legal de EY, “porque plantea un problema de control de costes”. Y no solo hace impredecible el precio final, sino que además es un sistema que desincentiva la eficiencia porque a la firma le puede salir más rentable alargar un asunto que resolverlo rápidamente. “Por eso, la facturación por horas ha quedado limitada a los grandes despachos que trabajan para grandes clientes, con más tolerancia a la incertidumbre y al coste. Aunque esto está cambiando con mucha rapidez”, subraya Javier de Cendra, decano del IE Law School.

Las empresas, por tanto, quieren más seguridad en el precio final y, además, saber qué elementos componen la factura de los despachos para, en su caso, poder separar aquellas tareas que podrían encargar a otro proveedor más barato. Teresa Mínguez, asimismo, vincula la demanda de más transparencia con una mayor exigencia de calidad en el servicio legal, porque “los bufetes no siempre van acompasados al ritmo que necesitamos los abogados internos”. O dicho de otro modo, el control de los honorarios es también un instrumento para supervisar la actividad de sus abogados

Al otro lado del negocio, los bufetes van tomando conciencia de esta revolución y tratan de vencer su tradicional pereza ante la innovación y la tecnología. Algunos también están apostando por crear nuevas formas de negocio que les permitan abarcar esos servicios legales de menor coste. La última firma en subirse a este carro ha sido Eversheds Sutherland, que el pasado 26 de junio anunció el lanzamiento de Konexo, una ALSP con la que aspira a responder a las nuevas demandas de las asesorías jurídicas. Precisamente, la guerra en este segmento del mercado la abrió la propia EY al adquirir el verano pasado la ALSP Riverview Law, poniendo de manifiesto, además, la seria amenaza que suponen las áreas legales de las big four para los bufetes tradicionales.