Cuatro años sin elecciones, carta blanca para pactar

Durante estas fechas, los pactos están en el centro de la agenda política. Todos los esfuerzos de nuestros políticos están centrados en las mesas de negociación. Pero, ¿cuál creemos que es su máxima a la hora de pactar? ¿Sus límites son meramente coyunturales y se ponen al servicio de alcanzar el máximo poder posible? ¿Responden los pactos a su verdadera posición ideológica, en la que quieren ser percibidos por sus votantes?

Desde luego, no es posible generalizar en este sentido, ni podemos conocer la intención verdadera que hay detrás de la formación de gobierno y las negociaciones. Sin embargo, desde los medios de comunicación, muchas veces se conciben los pactos como prueba irrefutable de la posición política de los distintos actores políticos y, sobre todo, de aquellos partidos cuya posición es más difusa o más abierta.

A la hora de adivinar las intenciones de los partidos, conviene recordar que los temas que configuran la competición partidista son extremadamente volátiles. Nos encontramos inmersos en una performance constante, acelerada por las redes sociales. La agenda política es un producto de usar y tirar, y ya no importa tanto el fondo del tema en cuestión, como la capacidad que tenga de agitar timelines y audiencias. Hay poco de novedad en esto, pero en ocasiones olvidamos introducir este factor en nuestros análisis y más concretamente en lo relativo a los pactos.

Los pactos en CCAA y ayuntamientos no tendrán efecto a largo plazo, y es menos probable que lo tengan en las elecciones de 2023

Por mucha importancia que tengan los pactos de gobierno, su alcance en términos políticos puede que se extinga en pocos meses. La sentencia del ‘procés’ prevista para octubre es solo un ejemplo de un tema de agenda política que está por venir y que parece seguro que marcará el debate político a la vuelta del verano. Por no hablar de una posible recesión económica que algunos economistas apuntan a que tendrá lugar en los próximos años, o de todos los temas que están por aparecer en el futuro y que no podemos anticipar. Lo que es seguro es que nuevos temas políticos se irán haciendo hueco en la agenda y desplazarán a los que ahora se encuentran en el centro, que quedarán relegados a un discreto lugar en el recuerdo.

Además, estamos a punto de estrenar un oasis electoral sin precedentes en la historia de España. Un periodo que en la mayoría de comunidades autónomas supondrá más de 1.500 días sin urnas (exceptuando las elecciones catalanas, vascas y gallegas). Si añadimos a la volatilidad de la agenda política este extenso periodo de normalidad institucional, obtenemos dos factores claves que pueden ser tenidos en cuenta para las negociaciones de gobiernos autonómicos o alcaldías.

Los pactos de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos seguramente no vayan a tener un efecto a largo plazo, y es menos probable todavía que lo tengan en las elecciones que se celebrarán en 2023. Con la salvedad de una coalición de gobierno a nivel nacional, que sí podría reunir las condiciones mediáticas suficientes como para arrastrar su efecto durante cuatro años, el resto de pactos es posible que no supongan más que una pregunta incómoda en una entrevista en la campaña electoral de 2023. Este lejano horizonte deja un margen de actuación demasiado amplio para los partidos, que tienen cuatro años para desdecirse, defender o hacer olvidar los pactos que conformen ahora. Pacten en uno u otro sentido, los partidos tienen cuatro años para reconfigurar sus posiciones.

* Gonzalo Velasco Monasterio es analista político de la Fundación Alternativas