Abertis no cobrará los 3.000 millones que le reclama al Estado al menos hasta agosto de 2021

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que notifica que no se pronunciará sobre la petición de compensación por casi 3.000 millones de euros que reclama Abertis al Estado por la explotación de la autopista AP-7 hasta que no finalice la concesión de la misma en agosto de 2021, según informó este jueves la empresa participada por ACS y la italiana Atlantis.

Peor suerte ha corrido Abertis en el otro gran pleito que mantiene contra el Estado. Y es que la misma sala del Supremo ha desestimado el recurso del grupo catalán contra la negativa del Consejo de Ministros, de 18 de marzo de 2016, a otorgar el reequilibrio económico-financiero de su concesionaria Aumar, según publica Cinco Días. Abertis reclamaba 785 millones al cierre de ese 2016 por incumplimiento contractual de la Administración ante el impacto, generado desde 2002 en los ingresos, por la construcción de vías gratuitas en el entorno de la autopista de peaje AP-7.

Abertis reclama 2.951 millones de euros al Ministerio de Fomento por la compensación por las obras realizadas por su concesionaria Acesa en la ampliación de la AP-7 entre Girona y Tarragona y el descenso del tráfico. La empresa exige que se compensen las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en función del convenio alcanzado en 2006 con el Gobierno socialista y aprobado por real decreto.

No obstante, la sentencia considera que, hasta que no finalice la concesión y se proceda, conforme a lo establecido en el propio convenio, a practicar la liquidación definitiva del saldo de compensación, el Tribunal Supremo no debe pronunciarse sobre el fondo de la interpretación del convenio. De esta manera, se difiere la cuestión al momento de la finalización de la concesión, el 31 de agosto de 2021. La resolución de esta sentencia no tendrá impacto alguno en las cuentas anuales de Abertis, según la empresa.

En 2006, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Abertis firmaron un convenio que recogía los términos de la ampliación de la AP-7 por el que la concesionaria se comprometió a invertir más de 500 millones de euros para ampliar la AP-7 en Girona y Tarragona. Del total de la reclamación 890 millones corresponden a compensaciones por inversiones realizadas por la concesionaria en la ampliación y mejora de la autopista, y los otros 2.061 millones, a la compensación por el descenso del tráfico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció a Fomento a compensar a Abertis con 1.500 millones de euros, pero el ministerio recurrió la sentencia al Supremo. El convenio contemplaba la construcción en la AP-7 de un carril adicional en determinados tramos, la implantación de un sistema de peaje cerrado y la concesión de ciertas gratuidades y descuentos. Además, establecía que la diferencia de ingresos que se produzca por el tráfico se añadiría a la cuenta de compensación.

La concesionaria y el ministerio discrepan desde hace tiempo sobre la compensación que tiene que recibir Abertis al final de la concesión, en el año 2021. Se calculaba que el tráfico que generaría el tercer carril serviría para pagar las obras, pero la crisis económica provocó un caída de la circulación del 30% en España. El tribunal sentenció que Fomento le diera a Abertis una compensación de 1.500 millones de euros por inversiones adicionales. No obstante, el ministerio, que entonces encabezaba Íñigo de la Serna, recurrió esa sentencia ante el Tribunal Supremo.

Recurso de Aumar

En el caso de Aumar, Abertis invocó la figura de factum principis o intervención administrativa no relativa directamente al objeto del contrato concesional, pero que implica un cambio de condiciones externas de la ejecución del mismo. La reclamación sumaba, a los 785 millones, los daños “que pudieran producirse hasta el fin de la concesión”, en este 2019.

El fallo de Aumar, por contra, expresa que la Administración ha cumplido con su deber de sanear y mejorar el sistema viario en interés de los ciudadanos. “En más de 40 años de explotación, la concesionaria no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viarias en el entorno de sus 500 kilómetros de autopistas, continúen sin desdoblarse, sin cinturones viarios que rodeen las ciudades, y otras medidas de mejora”, subraya el Supremo.

De hecho, la Sala considera “anómala” cualquier postura pasiva de la Administración ante la necesidad de realizar mejoras de seguridad o desdoblar carreteras como respuesta al incremento de la demanda. Y añade que “pretender la petrificación de la red viaria próxima a sus autopistas de peaje desde el otorgamiento de las concesiones, a principios de los 70 del siglo pasado, es algo llamativo como argumento”.