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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Las firmas de ingeniería se rebelan contra Fomento

Las empresas acusan al ministerio de privilegiar a Ineco en la concesión de contratos y de favorecer la competencia desleal

Miguel Ángel Noceda
Sede de la CNMC en Madrid.
Sede de la CNMC en Madrid.

Las empresas de ingeniería se encuentran en pie de guerra contra el Ministerio de Fomento por el tratamiento privilegiado que le otorga a Ineco, empresa pública controlada por Renfe, Adif y Enaire, a la que acusan de competencia desleal. No están todas las que son (175 firmas pequeñas y medianas frente a un total que supera las 3.000, según fuentes del sector), pero las que están mantienen una pelea desde hace años que se incendió en 2018, coincidiendo con la llegada de la Administración socialista.

Después de amenazas y de reunirse con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, el 26 de octubre del año pasado, a primeros de 2019 siete asociaciones presentaron una denuncia contra Fomento ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de cuya respuesta aún están a la espera. La denuncia persigue "detener el abuso de los encargos por parte del Ministerio de Fomento a su empresa pública". Como ya se van a cumplir cinco meses, ahora amagan con llevar el asunto a instancias comunitarias y denunciar al ministerio por ayudas de Estado.

Pese a que las siete asociaciones (andaluza, catalana, gallega, castellanoleonesa, extremeña, valenciana y aragonesa) presentaron un dictamen jurídico a partir de la nueva ley de contratos del Estado, parece que no tienen muchas esperanzas de que el organismo regulador se vaya a pronunciar a favor de sus tesis. Más bien, al contrario, ya que no está muy claro que sea competencia de la CNMC. Este organismo ha pedido información complementaria. Ya pasó algo parecido en temas como el de Easypark, asunto en el que concluyó que el Ayuntamiento de Madrid no habría ejercido competencia desleal en la adjudicación del cobro de la zona de aparcamiento regulado por app. Es decir, la vía tendría que ser la del Tribunal de Contratación Pública.

La queja de las ingenierías reside principalmente en que Ineco no deja de recibir encargos de gestión de Fomento con tarifas superiores en muchos casos a los costes de mercado, lo que permite luego competir a la baja en otras licitaciones en el mercado nacional y europeo. Las denunciantes defienden que la entidad actúa al margen de los límites de la Ley de Contratos del Sector Público.

A su juicio, Fomento abusa de forma continuada de la denominada encomienda de gestión (adjudicación directa sin concurso), que se encarga a Ineco a pesar de tratarse de actuaciones en las que no se dan los requisitos de emergencia, urgencia y seguridad nacional que se requiere para ello. Esa situación provoca que Ineco (al igual que ocurre con otras empresas públicas como Tragsa e Isdefe) ejerza una competencia desleal contra empresas privadas que se consideran perfectamente capacitadas para llevar a cabo dichos trabajos.

Según las asociaciones, se vienen contabilizando encomiendas de gestión de forma creciente, superando las 30 por año en obras de carreteras, aeropuertos y proyectos para estaciones de Renfe. En muchos de esos casos se otorgan para realizar tareas que están fuera de su objeto social, se trocean e incluso subastan determinados trabajos encomendados, lo que al final provoca numerosos sobrecostes y modificados de obras, denuncian.

"Queremos que dejen de encargar trabajos a Ineco y, a la vez, alertamos de que el proceso de internacionalización implica la drástica reducción del mercado nacional, que es el de las pymes", arguye Ignacio Sánchez Mato, presidente de la asociación andaluza y erigido portavoz de las siete denunciantes. Ante eso, reclaman que se detengan, así como que se actualicen los sistemas de contratación y que se destinen recursos al mantenimiento de infraestructuras. Para ellos esta figura supone un ataque contra la libre competencia y su vulneración puede acarrear sanciones de hasta 10 millones de euros, así como la paralización de la relación contractual con Fomento.

La solución, a su entender, pasa por que se privatice la sociedad estatal, algo que se exigió en 2015. Además, otras vías barajadas podrían pasar por reducir el tamaño y dedicar la empresa a aquello para lo que realmente fue creada cuando no había tantas empresas de ingeniería o centrarla en el exterior para no hacer competencia en el mercado nacional. Esta idea ya fue reclamada a Fomento por el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que reúne a las grandes ingenierías.

Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda
Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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