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Los ayuntamientos reducen los tipos impositivos del IBI Urbana ante la buena situación municipal

Dada la consolidación de la mejora económica, financiera y presupuestaria del sector local, los municipios pueden invertir sus superávits en infraestructuras que reviertan en los habitantes de dichos territorios.

La mejora financiera de los ayuntamientos en los últimos ejercicios es manifiesta. Cerrando en superávit cada ejercicio desde 2012, son la única administración que cumple con el límite de deuda impuesto al subsector[1].

Es por ello por lo que, ante los límites para hacer crecer el gasto impuestos por la regla de gasto, están optando por derivar esa mejora financiera hacia una reducción de sus ingresos a través de bajadas en el tipo impositivo del IBI Urbana. De este modo, se observa una reducción continua de los tipos impositivos, que disminuyen, en media, un 5% entre 2015 y 2018, pasando de un tipo medio del 0,6224% aplicado en 2015 a uno del 0,5924% en 2018.

Estas bajadas han sido prácticamente generalizadas en los municipios de todas las provincias[2], con disminuciones que en algunos casos superan los dos dígitos, como es el caso de Lugo y Soria.

Los tipos impositivos fijados para 2018 muestran que los municipios de las provincias que tienen menor tipo medio son: Pontevedra (0,47), Santa Cruz de Tenerife (0,48), A Coruña (0,49), Soria (0,49) y Cantabria (0,50).

Por el contrario, los municipios con un tipo medio mayor se encuentran en las provincias de Alicante (0,71), Tarragona (0,70), Cádiz (0,69), Girona (0,69) y Barcelona (0,68), todas costeras y con un gran número de municipios turísticos, donde los tipos suelen ser más altos, asociados a las mayores necesidades de servicios en los periodos vacacionales.

De las diez ciudades de mayor tamaño, solo dos no han reducido el tipo: Málaga, que es la que tiene el tipo más bajo, y Barcelona, que cuenta con el tipo más elevado.

Destaca la importante reducción del tipo en Zaragoza, que experimenta una variación de algo más del 30% entre 2015 y 2018, situándose en este último ejercicio como la segunda ciudad de las diez de mayor tamaño con el tipo más bajo.

Esta reducción generalizada de tipos en las grandes ciudades es extensible a todos los municipios. Separando por tramos poblacionales se observa que, incluso en los más pequeños, donde por el menor nivel de competencias el tipo ha tendido a estar situado más cerca del mínimo legal (0,4%), se han practicado reducciones en los últimos ejercicios.

En todo caso, esta bajada de tipos en los pueblos y ciudades españolas, no ha implicado una reducción de la presión fiscal. De hecho, la recaudación por IBI Urbana creció entre 2015 y 2017 debido a que, para el cálculo del recibo y la recaudación, hay otros factores que se deben tener en cuenta, como si se ha practicado una revaloración catastral o si han aumentado el número de bienes inmuebles en el municipio. En todo caso, las reducciones de tipo han frenado el crecimiento del IBI, que crece a tasas más bajas que el resto de recursos fiscales.

Por tanto, nos encontramos en un escenario en el que, dada la consolidación de la mejora económica, financiera y presupuestaria del sector local, los municipios pueden invertir sus superávits en infraestructuras que reviertan en los habitantes de dichos territorios. El control ejercido por la regla de gasto, para emplear dichos superávits en cuestiones corrientes, está llevando a muchos ayuntamientos a optar por aligerar los tipos aplicados a los contribuyentes en el impuesto municipal por excelencia, sin que esto esté conllevando una reducción significativa de sus ingresos.

[1] La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece un límite al endeudamiento local del 3% del PIB, sin embargo, este se situó a cierre de 2018 en el 2,1%sobre PIB.

[2] Únicamente se dispone de datos para las provincias de Régimen Común.

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