Cajeros subvencionados contra el vacío bancario
La Generalitat Valenciana gastará 7,4 millones en alquilar dispensadores automáticos para que las entidades los pongan en marcha
Castellnovo, un municipio del interior de Castellón de apenas 950 habitantes, se ha quedado financieramente desamparado. La población disponía de tres oficinas bancarias y en pocos años se han ido todas. La última, dirigida por un agente colaborador del Banco de Santander, ha echado el cierre hace solo una semana. “Quedan pocos negocios en el pueblo, la gente se está yendo y solo nos falta que nos quiten más servicios. Esto va a la carrera”, se queja Carmina Gil, alcaldesa de Castellnovo.
En Vallibona, otra localidad castellonense entre montañas, de 70 habitantes, nunca ha habido bancos ni cajas de ahorros, así que un autobús de la diputación traslada a sus vecinos todos los jueves a Morella, a 27 kilómetros, donde está la sucursal bancaria más próxima. “La gente está acostumbrada pero a veces calculan mal el gasto semanal y tienen que fiarles en la tienda o en el bar. No pasa nada porque nos conocemos, pero saben que hasta el siguiente jueves no tendrán efectivo”, cuenta su alcalde, Juan José Palomo.
No son los únicos pueblos sin servicio financiero físico; más de 4.000 localidades españolas se han quedado en la última década sin sucursales bancarias y el Banco de España estima que la población española potencialmente excluida desde el punto de vista financiero superó el año pasado el 3%. Los recientes anuncios del Banco Santander o de Caixabank de nuevos ajustes en sus redes apuntan a que la brecha se hará todavía más grande.
"Es una cuestión asistencial"
En la Comunidad Valenciana, la exclusión financiera, un problema común a toda la España vaciada, afecta a unos 135.000 valencianos que han perdido desde 2007 el acceso a una sucursal en su municipio. “Para nosotros no es una cuestión financiera sino asistencial”, defiende el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, que ha colaborado con la Dirección General de Administración Local en un concurso público para instalar cajeros automáticos en 120 municipios y pedanías huérfanas de entidades.
La idea es alquilar durante cuatro años estos cajeros con un plan dotado con 7,4 millones de euros. “Queremos que el banco sea de alguna manera quien sostenga el cajero, reponga el dinero, tenga un teléfono donde respondan rápido y ofrezca algún tipo de asesoramiento a los habitantes de la zona”, añade Illueca.
El contrato de la Generalitat, al que las entidades financieras pueden concurrir, cubrirá el alquiler del cajero y su mantenimiento. “Además, las entidades que concursen podrán ofertar también la creación de oficinas de asesoramiento financiero, una de las cuestiones que puntúan más a la hora de adjudicar el pliego”, añade Antoni Such, director general de Administración Local de la Generalitat.
“En el mundo rural, donde la población está envejecida, se funciona mucho con efectivo y el uso de las tecnologías es el que es. Tenemos mucha demanda, hasta el punto de que los Ayuntamientos nos están cediendo espacios para acoger los cajeros”, añade Illueca, quien tiene el cajón lleno de cartas de personas quejándose de la marcha de los bancos. Otros lugares de España, como Badajoz o Granada, han recurrido también a esta medida para cubrir el vacío bancario.
Oficinas móviles de los bancos
“Siempre he defendido que el problema no lo ha ocasionado la banca, que tiene que ser rentable. La exclusión financiera es un problema y hay que combatirlo desde un punto de vista social”, sostiene el catedrático de Análisis Económico y director adjunto del IVIE, Joaquín Maudos, autor del informe El acceso a los servicios bancarios en España. Según el economista, el sector público debe paliar las consecuencias del cierre intenso de oficinas. Las entidades financieras han puesto oficinas móviles, agentes financieros que recorren las zonas sin sucursal y, en algunos casos, han dejado los cajeros tras el cierre de su oficina.
José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), insiste en que el compromiso de los bancos es ofrecer en estas zonas despobladas canales digitales y otras soluciones para atender a los clientes pero remarca que España registra la mayor densidad de oficinas por habitante de los principales países europeos. “Carecer de sucursal bancaria no significa exclusión financiera, como tampoco es exclusión sanitaria la falta de una farmacia o consultorio médico en el municipio”, sostiene. La entidad ha puesto en marcha Expertclick, que forma en el uso de nuevas tecnologías para mayores de 55 años del ámbito rural.
“Los mayores sí pueden usar los cajeros automáticos, no es una complicación muy grande pero ¿quién resuelve sus dudas cuando les llega una carta del banco que no entienden, cuando hacen la declaración de la renta o cuando un recibo no está claro?”, concluye la regidora de Castellnovo, que ha emprendido una recogida de firmas para que sus vecinos tengan asesoría en el mismo término municipal.
Uso del dinero en metálico
En un país como España, donde el medio de pago más utilizado —más del 50%, según el Banco de España—, es el dinero en metálico, preocupa que no haya acceso al efectivo en todo el territorio. “Estamos por debajo de la media europea en uso de internet para operaciones bancarias, por tanto tenemos un potencial no utilizado. Los bancos tienen que incentivar el uso de internet y enseñar a la gente, como se hizo antes con los cajeros”, cree el catedrático Joaquín Maudos. Para el economista no hay varita mágica, es una cuestión de cultura financiera, de ir poco a poco y de involucrar al sector público porque, señala, es un problema social. Según un informe de densidad de la red bancaria de McKinsey, a finales del año pasado en España había 600 sucursales por cada millón de habitantes, frente a las 1.000 que había durante la crisis.
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