Reestructuración bancaria y exclusión financiera

Desde finales de 2008 se han cerrado en España casi 10.500 sucursales bancarias, lo que supone una reducción del 23%. En este contexto, ¿ha afectado al acceso de la población a los servicios y productos financieros y, por tanto, a la exclusión financiera?

Con objeto de responder a esta pregunta, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha llevado a cabo una investigación donde identifica los municipios españoles donde no existe ninguna oficina bancaria y los cambios que se han producido como consecuencia de la crisis. Además identifica aquellos municipios en los que solo existen sucursales de un determinado tipo de entidad de depósito, de forma que estima el porcentaje de la población que tiene acceso a los servicios financieros gracias a que solo un banco o una caja de ahorros o una cooperativa de crédito tienen una sucursal en su lugar de residencia.

La comparación de la situación existente en 2008 antes de la crisis con la de 2012 (último año analizado) es que el porcentaje de población que vive en municipios en los que ni siquiera existe una oficina bancaria ha aumentado de un 2% en 2008 (936.079 habitantes) a un 2,2% en 2012 (1.017.361 habitantes), lo que en cifras absolutas son 81.282 habitantes. La cifra de población excluida es muy superior a la estimada en otros informes, ya que el de Funcas incluye todos los municipios españoles y no solo los de más de 1.000 habitantes como han hecho otros estudios, siendo en los municipios más pequeños donde más dificultades existen en el acceso a los servicios financieros.

En volumen de población excluida, el mayor aumento ha tenido lugar en las provincias de Barcelona (con un aumento de 16.454 habitantes), Tarragona (14.258), Cáceres (14.229) y Madrid (11.319). Con esta variación, a finales de 2012 hay 11 provincias españolas en las que más de un 10% de su población reside en municipios en los que no hay ninguna oficina bancaria, llegando a superar el 25% en Zamora. Los municipios que no disponen de ni tan siquiera una oficina bancaria son muy pequeños, con una media de solo 276 habitantes, frente a un promedio del total de municipios de 5.824 habitantes. En algunas provincias (como en La Rioja o Soria), el tamaño medio de los municipios excluidos no llega a 100 habitantes. En el ámbito de comunidad autónoma es Castilla y León la que sufre la mayor exclusión financiera, con un 75% de sus municipios, en los que viven 353.836 habitantes (el 13,9% de su población), sin sucursales bancarias.

Con la crisis, otros 81.282 habitantes han dejado de tener acceso en su población a un banco

La información referida a 2012 muestra que las cajas de ahorros son con diferencia las más activas en el fomento de la inclusión financiera, ya que rescatan de la exclusión al 2,2% de la población española, es decir, a 1.063.166 habitantes que residen en 995 municipios en los que solo hay sucursales de cajas de ahorros. En valores absolutos es en Barcelona donde más población es rescatada de la exclusión financiera por las cajas de ahorros (102.454 habitantes), seguida de Tarragona (94.803) y Ourense (67.638).

A gran distancia de las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito son el segundo tipo de entidad financiera más activa en la lucha contra la exclusión financiera, ya que 209.245 habitantes (0,4% del total) residen en municipios en los que solo una cooperativa de crédito tiene oficinas bancarias. Destaca sobremanera la provincia de Cuenca, con un porcentaje máximo de población rescatada de la exclusión del 8,2%. En términos absolutos, la mayor población rescatada de la exclusión financiera por las cooperativas de crédito es Valencia, con 26.826 habitantes.

De los tres tipos de entidades de depósito, los bancos son los que menos población rescatan de la exclusión financiera, ya que solo en 122 municipios, en los que viven 150.851 habitantes (el 0,3% del total), hay oficinas exclusivamente de bancos.

En comparación con la situación existente en 2008, en 2012 se ha reducido la población rescatada de la exclusión por las cajas de ahorros (en concreto, en 95.512 habitantes), si bien la caída es de solo el 8%. Por tanto, a pesar del importante ajuste en el exceso de capacidad instalada que ha acompañado la reestructuración de las cajas de ahorros, su objetivo fundacional de luchar contra la exclusión financiera se ha visto afectado en escasa cuantía. Es principalmente el cierre de oficinas de cajas de ahorros lo que explica que haya aumentado la población rescatada por los bancos (ha aumentado en 107.770 habitantes), si bien siguen siendo las cajas con diferencia las más activas en la lucha contra la exclusión financiera.

En resumen, los desequilibrios acumulados en la anterior etapa de expansión han obligado al sector bancario a realizar una profunda reestructuración que conlleva un ajuste drástico en la capacidad instalada. Aunque la reducción de la red de sucursales ha empeorado la accesibilidad financiera, es un ajuste necesario para reducir costes y ganar eficiencia y para adecuar la capacidad instalada a un nuevo escenario en el que la economía española debe reducir su nivel de endeudamiento. Además, a pesar del cierre de oficinas llevado a cabo, España sigue siendo el segundo país de la eurozona con el mayor número de oficinas por habitante.

Si bien el informe de Funcas muestra que el impacto de la reestructuración sobre la accesibilidad financiera ha sido reducido (solo ha aumentado en 81.282 el número de personas que no tienen acceso a una oficina en su municipio de residencia), hay importantes diferencias a nivel territorial, siendo el mapa regional de las fusiones llevadas a cabo principalmente entre cajas de ahorros lo que explica esas diferencias.

Aunque en España algo más de un millón de personas no tienen acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia, eso no implica necesariamente exclusión financiera, ya que hay otras formar de acceder a los servicios financieros a través de la banca por Internet o la banca telefónica. En consecuencia, además de luchar contra la exclusión social (como la pobreza, que es uno de los determinantes fundamentales de la exclusión financiera), es fundamental que la población tenga acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar su exclusión financiera.

Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador del IVIE y colaborador del CUNEF.