“La exclusión financiera lleva siempre a la exclusión social”

“Al Defensor del Pueblo le caracteriza la independencia de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y que no está sujeto a mandato imperativo alguno, en absoluto”, explica Cava de Llano. La Defensora del Pueblo en funciones transmite en distancia corta cercanía, fortaleza y autoridad moral y, desde ella, se ha dirigido al Banco de España y a la banca porque considera que en la defensa del ciudadano no puede inhibirse.

Pregunta. Ha llamado la atención al Banco de España en el informe Crisis económica y deudores hipotecarios.

Respuesta. Es que tiene que ser el regulador de los mercados financieros y el árbitro entre las entidades bancarias y los ciudadanos, intentando conciliar posturas y evitando muchos litigios, pero, por desgracia, lo que estoy viendo desde hace tiempo es que se preocupa mucho de las entidades y menos de los ciudadanos. Existe un desequilibrio entre las entidades financieras y los particulares que me resulta incomprensible y preocupante y lo he querido poner de manifiesto.

Pregunta. ¿Se ha puesto en contacto con usted?

No es de recibo que se modifique la ley urbanística para incumplir sentencias

Respuesta. En este momento, no; hace años —porque el tema no es nuevo—, sí mantuvimos un encuentro. Aparte de la supervisión de las entidades financieras, la orden ministerial del 12 de diciembre de 1989 le obliga a tramitar las quejas que le presenten los clientes contra las entidades de crédito. Y, sobre todo, debería ejercer de árbitro.

P. Es usted muy valiente. No es fácil ser beligerante con la banca.

R. La banca ha recibido ayudas —ayudas que no han recibido los ciudadanos— con el dinero de todos, lo que me parece bien por la supervivencia del sistema. Ha habido que tomar medidas extraordinarias porque vivimos una crisis económica extraordinaria, pero entiendo que también se deben adoptar medidas extraordinarias para las personas que se han encontrado con una crisis a la que han sido ajenos, ante una situación que les ha supuesto una exclusión total del sistema financiero.

P. El impago de hipotecas.

R. Al no poder hacer frente a la hipoteca, entran a formar parte del registro de morosos, con lo que se les imposibilita la obtención de crédito. Y la exclusión financiera lleva siempre a la social y a familias desestructuradas, vemos casos de familias viviendo en coches… En situaciones extraordinarias hay que responder también de forma extraordinaria, por eso nosotros decíamos que, cuando se trata de vivienda habitual o de un local de negocio, que es el pan de muchas familias, cumpliendo una serie de requisitos, se pueda llegar incluso a la dación en pago. Hacíamos un llamamiento a las entidades bancarias para que flexibilicen los pagos, limiten los intereses moratorios, se busquen fórmulas jurídicas como arrendamientos forzosos o leasing, se mejore la publicidad de las subastas por Internet…

P. Se dirige a las entidades financieras y no solo al regulador.

R. Ante una situación tan dramática como la que vive el pueblo español, entiendo que el Defensor tiene que dar un paso adelante. Lo cómodo, lo no arriesgado, sería decir que al ser entidades privadas no tengo competencia. Y no recibiría críticas, pero estoy poniendo en conocimiento de la Administración que la situación es muy dura para mucha gente que está viviendo una situación muy dramática. El Defensor del Pueblo es una atalaya, un barómetro de la sociedad, y no puede quedarse impasible.

P. Está siendo el Defensor del Pueblo más cercano de todos.

R. Es que la palabra lo dice todo. Un Defensor del Pueblo tiene que abogar por el pueblo, y romperse la cara por él, no puede permanecer al margen, aunque eso resulte ingrato. Creo que un defensor que no se atreve a defender el pueblo y a estar al lado del pueblo no merece ser Defensor del Pueblo.

P. ¿Aumentan las quejas por vivienda?

R. Sobre todo por las hipotecas —y por eso hemos presentado este trabajo, por la gravedad y urgencia—, pero recibimos quejas también sobre la Renta Básica de Emancipación o la Sociedad Pública del Alquiler. También he abierto una investigación ante la Agencia Tributaria por las numerosas quejas de inquilinos cuyos caseros tienen deudas con Hacienda. Han recibido una diligencia de embargos de crédito de difícil comprensión, lo que les obliga a dirigirse a las oficinas para ampliar información, una molestia que se puede evitar con un escrito claro, razonado y accesible.

P. ¿Y el sistema urbanístico?

R. La política urbanística no es competencia del Defensor del Pueblo, pero los atropellos en materia urbanística sí. Hace poco hemos hecho una recomendación porque nos preocupa que se modifican leyes urbanísticas intentando no dar cumplimiento a sentencias judiciales. No nos parece que sea de recibo, no da seriedad al sistema, al Estado de derecho.

R. En la memoria alude a notarios, tasadores…

P. Entre las medidas preventivas citamos la de hacer efectivo el asesoramiento técnico tanto por las entidades, que tienen la obligación de informar y asesorar, como por los notarios, quienes tienen encargada la transmisión al cliente de la información financiera de forma comprensible y no solo su lectura en voz alta.

P. Mañana recibe a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que defiende la ocupación.

R. Una cosa es que yo abogue por los intereses de esta gente, pero no puedo estar de acuerdo con actuaciones que no sean legales.

P. ¿Hay más quejas porque hay mayor conciencia cívica?

R. Quiero pensar eso y estamos haciendo mucha difusión para que se aproveche una institución que cuesta 32 céntimos a cada ciudadano. Entiendo que la gente se tiene que beneficiar de la institución y, si es mucho trabajo, mejor si podemos a atender a más gente. Para eso estamos.

P. ¿Cuánta veces le hacen caso en el legislativo?

R. Afortunadamente, muchas. Al Defensor del Pueblo le nombra las 3/5 partes del Congreso y del Senado, lo que da un respaldo moral importante para que las resoluciones que dicta, aunque no sean vinculantes, sean atendidas por las Administraciones más o menos en un 80% de los casos. Hemos conseguido la modificación de normas, y también tenemos la satisfacción de que muchas sentencias de los tribunales de Justicia están acogiéndolas.

P. Y la prensa también…

R. Por eso, el Defensor del Pueblo tiene que ser valiente para decir las cosas, pero a la vez debe ser prudente porque no se trata de arrojar piedras contra las Administraciones públicas sino de conseguir beneficios para los ciudadanos intentando mediar.

P. Además de defendernos de la actuación de la Administración pública supervisa su actuación.

R. La misión del Defensor del Pueblo es la defensa de los derechos fundamentales reflejados en el título primero de la Constitución, pero entiendo que puede en muchos momentos ir un poco más allá en defensa del ciudadano, en defensa del sentido común y en defensa de una convivencia pacífica y armónica entre todos.

Mientras hacemos la entrevista se decide su confirmación, que finalmente se pospone. En el palacio del Marqués de Bermejillo todos hacen votos para que siga.