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La Audiencia archiva la causa contra Banca Cívica y su gestor, Enrique Goñi

Tras cinco años de investigación, el juez sigue el criterio del fiscal y afirma que no hubo contabilidad falsa ni enriquecimiento personal con las tarjetas del copresidente

Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, en primer plano, en la junta general extraordinaria de accionistas del 26 de junio de 2012, que aprobó la fusión por absorción de esta entidad con CaixaBank. Ampliar foto
Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, en primer plano, en la junta general extraordinaria de accionistas del 26 de junio de 2012, que aprobó la fusión por absorción de esta entidad con CaixaBank.

El caso de Banca Cívica se podía haber convertido en otro caso Bankia: una salida a Bolsa con problemas contables y acusaciones de uso indebido de las tarjetas de crédito por parte de los directivos. Pero no ha sido así: tras cinco años de investigación, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha declarado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra los directivos del banco que fue comprado por CaixaBank en marzo de 2012 por 977 millones  tras no encontrar cargos contra ellos. Banca Cívica precisó ayudas del FROB que posteriormente devolvió CaixaBank.

El auto (puede consultarlo en este enlace en formato PDF) determinada que los supuestos delitos de falsedad contable y de publicidad falsaria de las acciones, cuando salieron a cotizar en Bolsa, o de apropiación indebida, no han quedado probados: "No hay datos de los informes de Banco de España o de auditores poniendo de manifiesto pérdidas sin contabilizar" en la entidad, apunta el juez. Así, se concluye que “no hay información en el sumario que cuestione la razonabilidad de las cuentas anuales de 2010, que sirven de base al folleto de la OPS” de Banca Cívica, producto de la fusión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos en plena debacle financiera, en junio de 2010.

Entre los denunciados por UPyD y por la asociación Kontuz, estaban Enrique Goñi, copresidente de la entidad, así como los expresidente del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina y Miguel Sanz, así como Álvaro Miranda y Enrique Maya, miembros de la Junta de Entidades Consultivas, integrada en los órganos de dirección de Banca Cívica. El auto afirma que "tras estudiar el patrimonio de los investigados, no se han encontrado indicios" de operaciones "en la que estos hubiesen obtenido ilegalmente algún beneficio de las operaciones realizadas con terceros o hubiese habido algún tipo de apropiación indebida de los bienes de las entidades que administra". Enrique Goñi ha defendido en varias ocasiones la falsedad de estas acusaciones y las  perjuicios que le ha causado este proceso. 

El juzgado no entra “a valorar si la política retributiva era coherente con el nivel de solvencia que atravesaba la entidad”, pero insiste en que no los expertos no han encontrado ninguna transacción irregular. "Respecto del investigado Enrique Goñi se aportaron los contratos marco de las tarjetas, cuenta de cargo, titular de las cuentas y movimientos. Se comprobó que las compras realizadas con ocho tarjetas localizadas fueron cargadas a dos cuentas de las que eran titulares el investigados y su mujer, constando debidamente reflejados los cargos en las mismas", añade el auto. Y apunta que "los gastos realizados con estos dos últimos grupos de tarjetas correspondían a restauración, estaciones de servicio y peajes".

Sin inversiones arriesgadas

Sobre Miguel Sanz Sesma, expresidente del Gobierno de Navarra entre 1996 y 2011, afirma que se comprobó que recibió "remuneraciones de mercantiles y dietas por asistencia a consejos y gratificaciones y gastos", pero "no se encuentra ningún activo que traigan su razón de directa de las operaciones objeto de esclarecimiento salvo la ya indicada de Auna", de la que dice que ya se ha aclarado.

Además de la falsa contabilidad y las retribuciones indebidas, también se acusó a los gestores de realizar "inversiones arriesgadas y compras de inmuebles que podrían constituir administración desleal. Como hemos ido desarrollando, los peritos de Banco de España y agentes de Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF), han analizado cada una de estas operaciones sin que hayan apreciado en las mismas irregularidades, vínculos entre los investigados y las sociedades con las que se negoció la compra o venta de bienes en cada uno de los casos".

Las sospechas de los denunciantes se basaban en que CaixaBank tuvo que realizar dotaciones especiales por valor de 3.850 millones de euros tras adquirir Banca Cívica, lo que indicaba, según esas fuentes, que las cuentas tenían agujeros contables.  Sin embargo, el auto afirma que "los ajustes realizados no implican ni que la contabilidad fuese incierta o estuviese maquillada". "Considera igualmente, en línea con la afirmación mencionada anteriormente en el informe de los inspectores, que la dotación de 3.850 millones, como ajustes por CaixaBank, no obedecía a la cobertura de pérdidas ocultas", concluye el juez.

Según los peritos, estos saneamientos "podría referirse a la inversión crediticia e inmuebles adjudicados. Dichos ajustes de valoración responderían a la puesta a valor razonable (valor de mercado) de dichos activos a la fecha de la toma de control de Banca Cívica", como obliga la normativa contable. “Las cajas fueron auditadas y los informes no tenían salvedades”, remarca. “No hay indicios en los seguimientos del Banco de España y los informes de los auditores de que antes de la contabilización de las combinaciones de negocio existieran pérdidas incurridas sin contabilizar”.

También se han estudiado los créditos a los consejeros, "en donde no se han apreciado irregularidades relevantes ni trato favorable", y se dice que estas operaciones "no han sido clasificadas como morosas".

El juez hace referencia a la investigación que llevó a cabo el Parlamento de Navarra, donde se criticó la gestión de Goñi, pero señala que "tiene una finalidad distinta al procedimiento penal y utiliza distinta metodología".

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