La historia del trabajador de Chiclana a quien no respetaron ni después de muerto

“No les has encontrado, ni les vas a encontrar”. Al otro lado del teléfono ya advierten que de poco vale patearse Chiclana de la Frontera, preguntando aquí o allá sobre los cuatro empresarios acusados de homicidio y de quitarle el uniforme a un trabajador moribundo tras un accidente laboral. La advertencia de una fuente cercana a la investigación no falla. Nadie dice conocer a los responsables de Musieventos CH 2014 SL, el negocio al que la Guardia Civil ha acusado de mostrar “desprecio” por la normativa laboral al tener a A. S. S., empleado de 42 años fallecido, sin contrato y sin formación, manejando la carretilla elevadora que le costó la vida.

La compañía figura en los registros empresariales disponibles en Internet como un negocio creado en marzo de 2014 con el capital mínimo inicial de 3.000 euros y un único administrador, Óscar A. B. Su objeto social es la construcción, el transporte, el ocio y la prestación de servicios y hostelería. Traducido, resulta que Musieventos CH dedicaba su actividad a montar suelos de madera, escenarios o barras en las ferias de toda Andalucía. “Tienen cuatro o cinco camiones y están todo el día fuera de Chiclana. Empiezan en la Feria de Vejer [en abril] y no terminan hasta la de Jaén [en noviembre]”, explica un empresario cercano que prefiere no revelar su identidad.

Cuando en la empresa paran por la localidad, lo hacen en una nave del Parque Comercial La Fábrica, una zona privada ubicada en el camino del Molino Viejo de Chiclana que estos días ha perdido su paz habitual. Desde el pasado jueves, medios de comunicación y curiosos se han acercado para ver el lugar en el que A. S. S. sufrió un accidente mortal el 17 de julio de 2018.

Cuatro personas a las que la Guardia Civil considera responsables de Musieventos están ahora, casi un año después, acusadas de homicidio imprudente. Poca actividad se apreciaba en el entorno el pasado viernes, aunque el enfado y la indignación de otros empresarios del polígono es más que evidente. Están preocupados por lo ocurrido, a la par que molestos por las confusiones que la difusión del caso ha creado con otras empresas cercanas.

En el día de los hechos, la nave de los feriantes sí estaba abierta. Dentro, el empleado de 42 años manejaba una carretilla elevadora tipo fenwich —que da nombre a la operación policial— cuando quedó atrapado en el mecanismo de elevación. La investigación posterior —realizada por los agentes con la ayuda de la Inspección de Trabajo— determinó que el siniestrado no tenía filiación a la Seguridad Social, ni formación para manejar la maquinaria, ni prendas de protección personal.

Todo se intentó tapar en el camino al centro de salud de La Longuera, en el que otro trabajador y el administrador le despojaron del uniforme. Ante los médicos, tanto ahí como en el Hospital Universitario de Puerto Real, mantuvieron que había sufrido “una caída fortuita”. Poco después, A. S. S. moría y su caso quedó reconocido en principio como una muerte por contingencias comunes que dejó a su mujer y dos hijos con pensiones “paupérrimas”, según las calificó la Guardia Civil.

Pero en octubre pasado el caso dio un giro cuando la familia, amparada en el informe de la autopsia, decidió denunciar las irregularidades de lo ocurrido. Comenzó una investigación policial a instancias del Juzgado Mixto Número 4 de Chiclana que ahora imputa a los cuatro sospechosos delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente. El abogado de la acusación, Manuel Romero, prefiere no hacer declaraciones sobre la investigación. Al menos hasta que en mayo los empresarios no declaren ante el juez.

Romero ha pedido a la hermana de la víctima que no hable para no dar pista a la estrategia de una defensa que, por ahora, no tiene abogado conocido. En el entorno del obrero solo aclaran que llevaba al menos dos años trabajando con los ahora acusados y apuntan a que quizás se pueda llegar a un preacuerdo con los investigados para que acepten su culpa a cambio de una indemnización.

La investigación no pintaba nada fácil para la Guardia Civil casi tres meses después de los hechos. Por suerte para los agentes, los investigados ni se habían molestado en corregir la larga lista de deficiencias laborales que, en sucesivas visitas, los encargados de las pesquisas han asegurado detectar en un informe que ya obra en poder de las partes. Además de las dos imputaciones, los cuatro empresarios —ya en libertad— se enfrentan a millonarias multas de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social y hasta del área de urbanismo del Ayuntamiento.

El empresario que les conoce pide que se “les respete la presunción de inocencia”. “Son jóvenes y, por tanto, son un poco imprudentes”, dice con cautela. A fin de cuentas, él es el único que reconoce saber quienes son. En Chiclana —cuyo Ayuntamiento incluso premió en 2016 a Musieventos por la decoración de una caseta de su feria— ya nadie parece conocerles o querer acordarse de ellos.