Detenidos cuatro empresarios que quitaron el uniforme a un empleado fallecido en un accidente laboral

La única prevención que cuatro empresarios de Chiclana de la Frontera (Cádiz) tomaron con su empleado fue autoprotegerse cuando él ya estaba moribundo. No estaba dado de alta en la Seguridad Social, ni tenía formación específica para manejar maquinaria, ni ropa de protección adecuada. Pero sí estaba trabajando a los mandos de una carretilla elevadora vestido con su uniforme cuando sufrió un accidente que acabó siendo mortal. Los jefes optaron por despojarle de su ropa de trabajo camino del hospital y ahora todos ellos han acabado detenidos acusados de homicidio imprudente.

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Los hechos ocurrieron el 17 de julio del pasado año en una empresa chiclanera dedicada al montaje e instalación de decoraciones en ferias y eventos. Sin embargo, no fue hasta enero de 2019 cuando la Guardia Civil inició una investigación, a instancias del Juzgado Mixto Número 4 de la localidad, interesado en esclarecer lo ocurrido en el accidente que acabó con la vida del trabajador A.S.S., de 42 años. En principio, el caso se había considerado un suceso producido fuera de su puesto de trabajo. Eso provocó que su mujer y dos hijos quedaran “prácticamente en la indigencia”, ya que se les compensó con pensiones acordes a un fallecimiento por contingencias comunes, según ha explicado la Guardia Civil este jueves en un comunicado.

Pero esa calificación —y, por tanto, los subsidios aparejados a ella— no se correspondía con los hechos ocurridos el pasado verano. Ese 17 de julio el empleado manipulaba una carretilla eléctrica elevadora, conocida como fenwich y que ha dado nombre a la operación de la Guardia Civil sobre el caso. El operario no tenía formación específica para manejar esta maquinaria ni ropa adecuada para garantizar su seguridad, según explican los investigadores, y resultó herido de gravedad tras quedar atrapado en el mecanismo de elevación de la máquina, por lo que el administrador de la empresa y un trabajador lo trasladaron en un coche particular al centro médico de especialidades de La Longuera, en Chiclana.

Por el camino, ambos “le despojaron de la ropa de trabajo, la cual llevaba inscrito el anagrama de la empresa, al objeto de no despertar sospechas y así evitar responsabilidades”, según explica la Guardia Civil. Ante los facultativos, también declararon que “había sufrido una caída fortuita” fuera del trabajo. Horas después, el empleado falleció en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde había sido trasladado ante la gravedad de sus heridas.

Ahora, más de ocho meses después, la Guardia Civil ha dado por probado que “el fallecimiento del trabajador se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria que se estaba utilizando”. Y esa es tan solo una de las irregularidades que los agentes han detectado a lo largo de las pesquisas, realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo, organismo al que la familia denunció las irregularidades del accidente a finales de octubre pasado.

En las sucesivas reconstrucciones de los hechos, los investigadores han descubierto que el empleado no tenía prendas de protección personal ni estaba afiliado a la Seguridad Social, al igual que el resto de operarios que trabajaban en la nave. Los empresarios tampoco contaban con planes de seguridad o de evacuación. Demostraban con ello un “desprecio” por la normativa vigente, según la Guardia Civil, que los responsables prorrogaron más allá del accidente, tal y como los agentes han descubierto tras sus visitas y las declaraciones de testigos.

Los cuatro empresarios fueron detenidos a finales de este mes de marzo y puestos en libertad con cargos poco después. El juez les investiga como presuntos autores de delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. Además, se enfrentan a sanciones de la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social por la profusión de irregularidades detectadas, además de una posible multa de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana por otra infracción detectada en este ámbito. El punto final de la investigación policial ha permitido a la mujer e hijos del fallecido regularizar sus pensiones de viudedad y orfandad, que ahora son acordes al accidente laboral que le costó la vida a su familiar.