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España y Francia relanzan el seguro de paro comunitario

Los dos países presentan una propuesta con tres vías para crear un sistema de desempleo europeo

La ministra Nadia Calviño, con su homólogo rumano, Eugen Orlando Teodorovici, en el Eurogrupo de Bucarest.
La ministra Nadia Calviño, con su homólogo rumano, Eugen Orlando Teodorovici, en el Eurogrupo de Bucarest. EFE

La dureza de la última recesión supuso la destrucción de empleos a mansalva. El paro subió, el gasto en subsidios se disparó y los presupuestos nacionales sufrieron enormes boquetes. España y Francia relanzaron ayer una propuesta para un seguro de desempleo comunitario que aporte una mayor “estabilidad macroeconómica” a la zona euro. El documento, presentado a un nivel técnico, plantea tres alternativas para su ejecución: un mecanismo de préstamos, un fondo con contribuciones o la integración casi total del sistema de desempleo.

España y Francia no quieren renunciar a blindar al euro con una capacidad fiscal para el conjunto de sus miembros. Y en plena batalla por un presupuesto de la zona que sirva para hacer frente a las crisis, ambos países hicieron tándem el lunes al llevar a los grupos de trabajo técnicos del Comité de Economía y Finanzas un documento con tres vías para empezar a trazar las líneas de un sistema comunitario de desempleo que complemente a ese embrión de presupuesto de los países de la moneda única.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya avanzó a sus socios en el Eurogrupo del pasado fin de semana de Bucarest que el documento llegaría a sus despachos en cuestión de días. Le bastaron solo dos. Según fuentes consultadas, esa propuesta también cuenta con la simpatía del ministro alemán de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz. Junto a Calviño, el titular de la Hacienda alemana presionó en el último Eurogrupo para que esa idea no quedara asfixiada por la presión de los países del norte que, liderados por Holanda, se han convertido en los guardianes de la disciplina fiscal. Sin embargo, sus aliados de la CDU recelan sobre dar ese paso. Fuentes diplomáticas sostuvieron que su introducción en un nivel técnico, con cargos de Scholz, asegura más recorrido a la propuesta.

España y Francia plantean en el documento crear un sistema que permita romper el “dilema” al que se enfrentaron los países del euro en la última depresión. Entonces, la disyuntiva era o ignorar a los inversores y exponerse a quedar fuera de los mercados o bien ejecutar recortes para “compensar” el incremento “automático” del gasto en subsidios de desempleo.

Las tres alternativas

España también quiere que las decisiones fiscales de la UE salgan de su corsé técnico para llegar al ámbito social. “Nos parece fundamental construir una UE para la ciudadanía. Y después de diez años hablando de redes de seguridad desde el punto de vista económico y financiero, hablemos de redes de seguridad para las personas”, sostuvo Calviño tras el Eurogrupo. Y así lo recoge el documento: “La UE todavía es capaz de realizar reformas con un impacto social para proteger a sus ciudadanos contra las peores consecuencias de una crisis”.

El texto, de cuatro páginas, pone como ejemplo el mecanismo de paro norteamericano, que combina la autonomía de los estados con el apoyo federal mediante liquidez y transferencias. E incide en que, salvo que se pretenda ir a una integración completa, no se requeriría de ajustes en los mercados laborales ni las políticas de prestaciones más allá de “un equilibrio en el ciclo” de los sistemas estatales. El nuevo engranaje comunitario se activaría, de acuerdo con esa propuesta, cuando el “paro nacional exceda una media a medio plazo” y en una cantidad que se defina previamente.

España y Francia ponen tres propuestas sobre la mesa. La primera consistiría en fijar un sistema de préstamos que podría articularse entre países, con un fondo común o con un instrumento de emisión de deuda. La segunda se basaría en transferencias no reembolsables que recibirían los países que sufrieran shocks económicos duros. Y la tercera consistiría en un sistema genuinamente comunitario en el que las prestaciones no pasarían por los Estados, sino que irían directamente al bolsillo del ciudadano. Los promotores de la propuesta admiten que esta última posibilidad supone “establecer unos estándares mínimos” para asegurar que esos subsidios “no desincentivan un rápido retorno” al mercado laboral.

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