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Trump pone en jaque las inversiones españolas en Cuba

La Ley Helms-Burton permitirá a partir del 17 de abril demandar a los actuales propietarios de bienes expropiados tras la Revolución

Vista de un hotel en La Habana, Cuba.
Vista de un hotel en La Habana, Cuba.

La amenaza de una oleada de reclamaciones ha puesto en guardia a las empresas españolas presentes en Cuba. El motivo es la decisión del gobierno de Donald Trump de desbloquear la ley que permite a los ciudadanos y las compañías estadounidenses que poseyeran bienes o terrenos en la isla confiscados y nacionalizados tras la Revolución castrista de 1959, demandar a sus actuales propietarios. Si nada cambia, la conocida como Ley Helms-Burton desplegará sus efectos el próximo 17 de abril y se abrirá la veda para centenares de litigios que pueden perjudicar seriamente a los intereses españoles en Cuba. La norma, promulgada en 1996, habilita a los norteamericanos, o cubanos que hayan adquirido la nacionalidad, a exigir ante los tribunales federales estadounidenses una indemnización por la utilización y el beneficio obtenido de las propiedades que les fueron expropiadas (práctica que la ley define como trafficking).

Hasta ahora, los sucesivos presidentes estadounidenses habían mantenido suspendida la aplicación de la norma. Sin embargo, la Administración Trump, mucho más beligerante con el régimen cubano, anunció recientemente que reducía dicha suspensión a 45 días (plazo que concluía el 17 de marzo) y, hace unas semanas, otorgó una nueva prórroga de 30 días. Por tanto, y si no se produce un nuevo vaivén, la ley será plenamente aplicable a partir del próximo 17 de abril.

No obstante, esta última ampliación del plazo encierra una restricción: solo podrá interponerse demanda contra las empresas que figuren en una suerte de lista negra elaborada por el Gobierno estadounidense; la llamada Cuban Restricted List. En este índice, que es público y de actualización periódica, figuran más de 200 entidades en Cuba, la mayoría del sector hotelero.

La normativa castrista impide a las compañías extranjeras trabajar directamente en la isla, debiendo hacerlo a través de subentidades o filiales cubanas nacionalizadas (participadas por el gobierno). Esto es relevante a efectos procesales, porque la demanda estadounidense no se dirige directamente contra la multinacional, sino contra una entidad cubana. Ello, no obstante, no libra a la empresa de tener que responder si finalmente es condenada, tal y como explica Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal. “El riesgo es mayor para las compañías que tienen presencia en Estados Unidos”, señala, porque como las sociedades gubernamentales cubanas nunca acuden a los litigios ante tribunales estadounidenses, estos dictan sentencias en rebeldía “que repercuten a la matriz extranjera con la que trabaja la compañía isleña objeto de denuncia”. Es decir, la justicia dirige el cobro de la deuda que no paga la filial contra la matriz y hacerle frente es el único método que tiene la segunda para evitar problemas en el territorio norteamericano como el embargo de bienes o el bloqueo de cuentas.

¿Cómo puede protegerse una entidad afectada por la ley Helms-Burton? El primer paso es realizar una investigación para comprobar si está entre las candidatas a ser objeto de litigio. Este trámite debe hacerlo a través de la Oficina de Certificaciones de Reclamaciones Extranjeras, órgano estadounidense que se encarga de validar si una demanda cumple con los requisitos necesarios. Desde la publicación de la norma, se han certificado un total de 6.000 reclamaciones. No obstante, se calcula que existen alrededor de 200.000 pendientes de validación. “Lo normal es que las posibles reclamaciones se encuentren ya dentro de las validadas”, explica Aparicio, que incide en la laboriosidad del proceso de comprobación, porque tiene que hacerse revisando “expediente por expediente”.

En caso de detectarse que un bien o terreno puede ser objeto de un pleito, el siguiente paso es evaluar el posible impacto y decidir si conviene asumirlo o no. Es decir, valorar qué probabilidad hay de que se tramite con éxito la reclamación, cuál sería la indemnización y qué medidas de protección deberían asumirse.

Sin embargo, esto no elimina todo el riesgo, ya que puede ocurrir que un antiguo propietario o sus descendientes demanden en el futuro. Por ello, y cada vez con más frecuencia, las grandes empresas con negocios en la isla (o que pretenden abrirlos) contactan con el antiguo titular y llegan a acuerdos extrajudiciales para evitar un posible pleito. Una estrategia que, en todo caso, “debe estar autorizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros norteamericana” (OFAC, por sus siglas en inglés), advierte el letrado.

No todo son malas noticias para las empresas españolas. La Unión Europea, distanciada de la política estadounidense con Cuba, cuenta con una Directiva que impide reconocer en territorio comunitario la validez de las sentencias de los tribunales norteamericanos que apliquen la Ley Helms-Burton. Asimismo, habilita a los europeos a demandar a quien le haya denunciado en base a esa ley y a reclamarle una indemnización por los daños ocasionados.

Por tanto, en el caso de recibir una notificación, “lo primero que debe hacer la compañía es informar a la Secretaría de Estado de Comercio o la Comisión Europea”, apunta Hermenegildo Altozano, socio de Bird & Bird, que valorarán si la empresa deberá o no acatar la sentencia. De lo contrario, si paga la cantidad requerida en contra del criterio de estos organismos, puede vulnerar dicha normativa y “enfrentarse a sanciones de hasta 600.000 euros”. El abogado, además, apuesta por incrementar la protección de las compañías europeas a través de más medidas disuasorias anti Helms-Burton, como vetar la entrada en territorio comunitario a los estadounidenses que presenten una reclamación contra propietarios europeos. “De esta forma, los demandantes se lo pensarán dos veces antes de presentar una denuncia”.

 

Giro político

La Ley Helms-Burton fue promulgada en 1996, bajo el mandato de Bill Clinton. La norma, bautizada con el nombre de sus promotores, el senador Jesse Helms y el congresista Dan Burton, incluía una excepción que permitía al presidente de los EEUU suspender su aplicación por un plazo de seis meses. Esta opción, que respondía al temor de que una avalancha de reclamaciones colapsara los tribunales del país, ha sido aplicada por todos los presidentes hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La activación de la ley incluye dentro del giro político respecto a la isla, poniendo fin al acercamiento iniciado por Barack Obama.

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