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Andrea Orcel contrata un bufete para estudiar si demanda al Santander

El italiano busca una indemnización tras no ser nombrado consejero delegado

Andrea Orcel, en Londres en 2013.
Andrea Orcel, en Londres en 2013. Olivia Harris (Reuters)
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Ana Botín, la presidenta del Santander, dijo que mantenía buena relación con el banquero italiano Andrea Orcel tras el fiasco de su fichaje. Pero esa armonía no ha impedido que Orcel contrate los servicios del despacho español De Carlos Remón para estudiar si le conviene demandar al Santander por anular su nombramiento como consejero delegado de la entidad, según fuentes cercanas al bufete. “Todavía no ha decidido los pasos que va a dar. De momento Orcel está analizando la situación y lo que le puede convenir”, han apuntado.

Tras dos meses de rumores sobre lo que podía hacer Orcel, finalmente, el exejecutivo de UBS decantó en febrero por trabajar con este despacho, que actualmente no tiene ninguna vinculación con el Santander y que está especializado en el desarrollo de estrategias jurídicas complejas y diseñadas para evitar o restaurar una pérdida jurídico-patrimonial. Este despacho defiende también los intereses de Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, en la demanda que presentó con Santander y HSBC a los que reclama 1.005 millones por los perjuicios que le causaron al provocar su destitución en octubre de 2015.

El bufete está dirigido por José Manuel de Carlos Bertrán, quien trabajó en Clifford Chance de 1990 a 2010, solo interrumpido entre 2000 a 2002 cuando fue secretario del consejo de administración de Jazztel y director de su asesoría jurídica.

El Santander comunicó el nombramiento de Andrea Orcel como nuevo consejero el pasado 25 de septiembre, en una decisión llamativa, por tratarse de un ejecutivo de la banca de inversión, y no de la banca comercial. Debido a sus obligaciones con UBS Group, Orcel no podía asumir el cargo hasta marzo de 2019. Pero el consejo de administración del Santander decidió, en enero pasado, no seguir adelante con el fichaje de Orcel, al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que supuestamente se había comprometido a abonarle UBS, de unos 50 millones.

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