Los letrados del Congreso piden que se cambie el informe de la crisis porque incluye graves acusaciones

El dictamen de la comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso será el último texto sometido a votación antes de disolver las Cortes. Tiene 273 páginas y aglutina las declaraciones de más de 80 ponentes que han comparecido durante año y medio de trabajo. Tras las largas negociaciones entre todos los partidos, el texto final consensuado contiene dos acusaciones que pueden traer problemas a la Cámara, según los letrados. Incluso, podría darse la posibilidad extrema de que se anulase el informe si los afectados, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), decidieran recurrirlo ante los tribunales. No obstante, varios diputados consultados creen que ya han cambiado los responsables de estos organismos y los actuales no van a recurrir las conclusiones.

La redacción de estas acusaciones se podría haber suavizado, pero Ciudadanos se ha opuesto a la modificación y se necesita la unanimidad de todos los grupos. “Vamos a votar en contra del dictamen porque pensamos que no se establecen responsabilidades ni por la salida a Bolsa de un banco quebrado, ni por las decisiones políticas. El único párrafo en el que sí se hace es el que se ha querido cambiar”, afirma Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos.

Una de las frases de la polémica se recoge, a propuesta de Ciudadanos, en el folio 187: “El Banco de España incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP [la agrupación de cajas] contabilizar de forma singular el deterioro existente al cierre de 2010, de 7.619 millones, contra reservas en lugar de ir a la cuenta de resultados”.

Según se desprende de este texto, el supervisor podía haber tomado una actitud más prudente cargando los saneamientos inmobiliarios contra los beneficios. Lo cual habría significado que Bankia habría entrado en pérdidas en 2010, complicándose mucho su salida a Bolsa en julio de 2011.

“Se considera que la literalidad de este párrafo no es la más adecuada en aras a respetar la doctrina constitucional”, dice el informe de los letrados. Añaden que “existen fórmulas de redacción que podrían alcanzar el objetivo político perseguido”. Sin embargo, varios portavoces de esta comisión creen que el Tribunal Constitucional se refiere al honor de las personas, y el dictamen solo habla de instituciones, que por definición no tienen honor.

Ante esta situación, el PSOE, mediante un voto particular, quería reescribirlo con la siguiente redacción: “El Banco de España incurrió en un desacierto que pudo agravar las dificultades al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP contabilizar de forma singular todo el deterioro neto existente al cierre del ejercicio 2010, de 7.619 millones de euros, contra reservas en lugar de ir a cuenta de resultados”. Es decir, sustituye “grave irregularidad” por desacierto y “consecuencias nefastas” por “pudo agravar las dificultades”.

La segunda afirmación polémica, a propuesta del PNV, figura en la página 196 y versa sobre las preferentes. “Los bancos y cajas, ahogados por la crisis financiera, encontraron en la emisión de este tipo de productos, una forma de financiación eficaz que les permitía sanear sus balances negativos, sin tener en cuenta los intereses de sus clientes, incumpliendo la normativa de protección al consumidor. Y todo ello bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron hacia otro lado”.

“Parece que se está imputando el incumplimiento de la normativa de protección al consumidor por parte de la banca, así como la inobservancia de los reguladores”, explican los letrados. El PNV estaba dispuesto a cambiar el escrito, pero el veto de Ciudadanos lo ha impedido.

Algunos diputados señalan que el Banco de España está detrás de este intento de modificar los textos, pero fuentes oficiales del supervisor lo desmienten rotundamente. En el fondo, el informe cuestiona la decisión judicial de no imputar al Banco de España en el caso Bankia. Respecto a las preferentes, dice que el Banco de España alertó en 2002 del peligro de estos productos, pero que en la crisis no impidió que se colocaran a los minoritarios, consciente de que los grandes inversores ya habían abandonado ese mercado. Previsiblemente, el Congreso aprobará este jueves una de las investigaciones más controvertidas que carga la responsabilidad, sobre todo, en los gestores y supervisores.