El Gobierno trata de blindar la subida de las pensiones con el IPC antes de las elecciones

Todavía no está claro si el Pacto de Toledo concluirá sus recomendaciones antes de acabar la legislatura. No obstante, el Gobierno pretende aprovechar, al menos, la única cerrada y presentada en público para blindar ya la actualización de las pensiones “en base al IPC real”. El acuerdo global está casi hecho, pero la cercanía de las elecciones puede impedir que se cierre pronto. Ante este escenario, fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que si no se alcanza rápido el pacto general, intentarán salvar esta parte a través de un decreto ley.

En 2018 y en 2019 el poder adquisitivo de las pensiones está asegurado. Para ambos años está garantizado por su vinculación con el IPC medio de cada año, a partir de 2020 ya no. El decreto con el que se revalorizaron este ejercicio comprometió una solución definitiva en los primeros seis meses de este año, pero la convocatoria de elecciones general dificulta este horizonte.

La cita con las urnas el 28 de abril (y el 26 de mayo) también está poniendo en riesgo el cierre de un acuerdo definitivo en el Pacto de Toledo. Casi todos los portavoces de esta comisión parlamentaria, coincidían ayer en admitir que los textos sobre las más de 20 recomendaciones que deben servir de guía al diálogo social y al Gobierno de turno para elaborar la próxima reforma de la Seguridad Social “están muy maduros y trabajados”. En lo que no hay tanta coincidencia, es en la inminencia del texto definitivo. Unos creen que ya podría cerrarse esta misma semana; otros —tras más de tres años de conversaciones— que hace falta más tiempo, lo que supone demorarlo hasta después del ciclo electoral.

“Está por ahí un acuerdo”, apuntó ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una entrevista en Telecinco, en referencia al Pacto de Toledo. Añadió que con eso no apuntan que hubiera que hacer “grandes reformas”, más bien sería “darle un pequeño empujón”. Posteriormente, fuentes de Trabajo precisaron que se refería a la recomendación sobre el mantenimiento del poder adquisitivo, ya cerrada y publicada en septiembre.

Entre lo avanzado en el resto de consejos del Pacto de Toledo, la obligación de cerrar el déficit de la Seguridad Social en 2025 con más aportaciones de recursos procedentes de impuestos, como adelantó ayer Cinco Días. Además, la misma recomendación pide un estudio “que refleje en qué medida las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado”.

La exigencia no es inocente. Este cálculo cuantifica cómo las cotizaciones han financiado a lo largo de la historia la Sanidad, el complemento de las pensiones que no llegan al mínimo o las políticas activas de empleo. Con él, se puede justificar que se deje a cero la deuda que la Seguridad Social tiene con el Estado por los préstamos de los últimos años o esas aportaciones que tendrá que hacer la Hacienda pública para cerrar el déficit de las pensiones.