Agricultura refuerza la lucha contra contratos ilegales en la cadena alimentaria

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria, AICA, perseguirá de forma prioritaria el cumplimiento de la política de contratos entre todas las partes que participan en la cadena alimentaria, según se contempla en el Plan de actuaciones previstas para este año, dados los elevados incumplimientos de los mismos.

En este objetivo, se prevé la inspección como mínimo de más de 2.000 operaciones comerciales, desde el campo a la distribución. El plan contempla realizar dos centenares de auditorías a los operadores acogidos a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito supra autonómicas que lo hayan solicitado, como Jamón de Jabugo, Queso de Beyos, Ternera de Ávila, Arroz de Calasparra y Cordero Segureño.

Igualmente, en el sector oleícola contempla 1.157 inspecciones en las comunidades autónomas donde la agencia tiene la encomienda de los gobiernos regionales, como son los casos de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja. En la misma línea, se realizará la coordinación de las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, el control de la contratación y de las declaraciones obligatorias en el sector de la leche y los planes de control de la información en los mercados del aceite y de la aceituna.

La agencia, desde su puesta en marcha en 2014, ha llevado a cabo más de 4.000 inspecciones en todos los sectores que componen la cadena: producción, mayoristas, industria y distribución minorista. De ellas, solo 243 han partido de denuncias, con un total de 1.499 sanciones por un montante de 10,2 millones de euros. De esas sanciones, un 44% corresponden a incumplimientos en los plazos de pago y un 25% a la no existencia o existencia defectuosa de los contratos. Por sectores, los mayores incumplimientos se producen en frutas y hortalizas, el vino, la leche y el aceite.

En frutas y hortalizas, el 52% de las 559 sanciones corresponden a los plazos de pago y un 27% a los contratos. El 70%, a los mayoristas. En el vino, el 88% de 172 sanciones se deben a los plazos de pago y de las mismas, el 90% a las industrias. En el sector lácteo, de 295 infracciones, un 65% son por los contratos y las industrias suponen el 84%. En el sector oleícola, de 183 infracciones, un 61% son por los plazos de pago y un 22% por contratos irregulares, correspondiendo el 66% a la industria. En el porcino, de 11 sanciones, el 50% fueron por la ausencia de contratos o contratos irregulares. En vacuno, de 11 infracciones, el 45% fueron por ausencia de contratos. En ovino, de 12 sanciones el 50% fue por no haber contratos. En huevos, de nueve sanciones, el 67% fue por falta de contratos.

Por operadores en la cadena, un 40% de las infracciones se las lleva la industria alimentaria, el 31% la distribución mayorista, un 19% la distribución minorista y un 10% los productores.

En relación con la aplicación de la Ley de la Cadena y las actuaciones de la Agencia, desde los operadores se ha planteado la necesidad de cambios. Estos no entienden que se hayan producido solo 243 denuncias, algo que se achaca al miedo a que se pueda conocer la identidad de los denunciantes. Desde la Agencia se indica que la privacidad está totalmente garantizada. Otra cuestión pendiente es la prohibición por ley de hacer públicas las empresas sancionadas, aunque la multa ya sea firme. Con la futura directiva sobre prácticas comerciales desleales se podía solventar esa prohibición. En los últimos años se dio el caso que la agencia no podía hacer públicas sus sanciones a firmas como el grupo de distribución Dia, mientras la empresa la hacía pública, solo en el caso de ganar un recurso ante los tribunales.