Los taxistas andaluces empiezan a movilizarse para frenar a los VTC

La nueva consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, se ha reunido esta mañana con varios representantes del sector del taxi de la comunidad para escuchar sus reivindicaciones en relación con los servicios de transporte con conductor (VTC ) y evitar que el conflicto abierto en Barcelona y Madrid se extienda a esta región, en la que sería la primera crisis del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos. El gremio, de momento, ha optado por agotar la vía del diálogo, mientras Carazo ha evitado pronunciarse sobre cuál es la posición del Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno, sobre la situación en el sector.

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La titular de Fomento ha ganado tiempo acordando la creación de un grupo de trabajo que se reunirá dentro de 15 días, con ello busca aplacar la tensión entre los principales involucrados y minimizar potenciales enfrentamientos con gobiernos locales, como el de Sevilla, dirigido por el PSOE, que ha asumido las peticiones de los taxistas y las ha elevado a la Junta como medida de presión para garantizar la paz en las calles.

Los taxistas representados por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Elite Taxi Sevilla y Solidaridad del Taxi, también de Sevilla y una de las asociaciones más beligerantes del gremio, han presentado a la consejera una serie de propuestas muy similares a las de sus compañeros en Barcelona y Madrid y que formalizarán en las próximas horas. Entre ellas se incluye la imposición de una precontratación de entre 30 minutos y una hora (que puede ampliarse a los 15 minutos de Barcelona), la eliminación de la geolocalización y obligación de regresar a la base. Unas medidas que sí han sido asumidas por el Gobierno de la Generalitat, provocando el abandono de las plataformas de Uber y Cabify de Barcelona, pero que cuentan con la oposición frontal del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, del PP como la consejera. “De momento hemos visto más sensibilidad hacia los problemas del taxi en Andalucía por parte de la consejera que de Garrido hacia los compañeros de Madrid”, ha señalado Miguel Ruano, presidente de la FAAT tras la reunión que se ha prolongado durante dos horas y media.

Las distintas agrupaciones del taxi de momento esperarán a que avance la comisión, que estará formada por técnicos de la consejería y del sector del taxi, antes de adoptar otras medidas de presión. “La situación del taxi en Andalucía es distinta que la de Madrid y Barcelona, no podemos permitirnos las mismas acciones que en otros lugares”, ha señalado Ruano. Si bien las posiciones entre los distintos grupos varían. Desde Elite Taxi Sevilla, su presidente, Pedro López, es más partidario de lanzarse a la calle que el de la FAAT.

Carazo, en una nota de prensa, ha expresado su voluntad de “encontrar el equilibrio entre ambos sectores y alcanzar así una convivencia normalizada que conlleve un mejor servicio al ciudadano”. Delimitar el marco de actuación del taxi y de las VTC es una demanda de todos los sectores involucrados en el conflicto. Andalucía es la tercera comunidad de España con más licencias VTC (1.869 del total nacional de 12.865, según el Ministerio de Fomento) y Málaga, con 1.184, y Sevilla, con 222, son la tercera y cuarta ciudad, respectivamente, con más vehículos autorizados de este tipo circulando por sus calles, tras Madrid y Barcelona. En el gremio del taxi no tienen datos que cuantifiquen las pérdidas que para el sector ha supuesto la aparición de plataformas como Cabify o Uber en la comunidad. La consejera se ha tomado esta reunión como “una primera toma de contacto”, si bien hasta ahora no ha contactado ni con las asociaciones o empresas de los vehículos de transporte con conductor, ni con los Ayuntamientos o los representantes de los consumidores.

El gremio en Andalucía, especialmente en Sevilla y Málaga es muy reivindicativo. En noviembre, en la capital andaluza, los conductores llevaron a cabo huelgas encubiertas y concentraciones que colapsaron el centro de la ciudad como medida de presión para que el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Andalucía establecieran regulaciones más restrictivas para los vehículos de alquiler con conductor. También obligaron a suspender un mitin de la candidata del PSOE, Susana Díaz, en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, cuando un centenar de encapuchados trató de entrar a la fuerza en el teatro en el que se iba a celebrar el acto. Estos últimos días, varios taxistas han sido acusados de atacar a algunos chóferes de VTC en Granada, donde Uber comenzó a operar hace una semana, pese a la oposición del consistorio granadino, gobernado por el PSOE.

Guerra del taxi como medida de presión política

Las medidas que han presentado los responsables del taxi fueron asumidas el pasado martes por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, que ha decidido remitirlas a la Consejería de Fomento “con la intención de implicar a más ciudades y que sirva de base para llegar a un acuerdo conjunto entre todas las partes implicadas que permita fijar a nivel autonómico las competencias del taxi y de las VTC”, explican a este diario desde la delegación de Movilidad del consistorio de la capital sevillana. Córdoba, indican desde el Ayuntamiento hispalense, también se ha interesado en este acuerdo.

Esta iniciativa, sin embargo, no es compartida por la FAAT, que ve en ello una maniobra política de presión por parte de un Gobierno local socialista al recién estrenado Gobierno de la Junta, dirigido por el PP y Ciudadanos. “Que no jueguen con nosotros”, advierte Ruano, quien recuerda que estas mismas reivindicaciones se trasladaron al anterior director general de Movilidad de la Junta, cuando estaba dirigida por el PSOE, “y tampoco se puso manos a la obra”.

También se ha desvinculado de la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla, el de Málaga, gobernado por el PP, que, no obstante, también ha sido bastante receptivo a las reivindicaciones de los taxistas. Desde el consistorio prefieren esperar a los próximos pasos que dé la nueva consejera y cargan las tintas contra el Gobierno central que, sostienen, ha trasladado la responsabilidad de regular la situación a las Comunidades Autónomas.

Aunque han dado su voto de confianza, Ruano y López recelan de las posturas sobre el conflicto que defienden Ciudadanos y PP. Ambos están radicalmente en contra de la liberalización que propugnan los de Rivera y en cuanto a recuperar la ratio 1:30, López señala que “la actual situación en la comunidad impide volver a esa proporción al menos hasta dentro de cuatro años”. “Se ha incumplido la legalidad vigente y es complicado hacerla cumplir”, se lamenta Ruano, por su parte.

El reclamo turístico ha llevado a Uber a elegir Andalucía como su principal área de expansión el pasado año. Primero desembarcó en la Costa del Sol en junio de 2018, en septiembre empezó a operar en Sevilla, en octubre en Córdoba y la semana pasada, en medio de las huelgas de los taxis en Barcelona y Madrid, se puso a circular por las calles de Granada. Los consistorios de Córdoba y Granada, especialmente, han sido muy reticentes a admitir la presencia de los vehículos de esa plataforma en sus respectivas ciudades. En Sevilla, donde hace dos años aparecieron varios quemados varios coches de Cabify, se ha destinado una unidad de la Policía Local para mitigar las fricciones entre ambos sectores.

Los taxistas aseguran que quieren que la nueva regulación que la Junta debe aprobar, tras el decreto aprobado por el Ministerio de Fomento, se realice con el mayor consenso posible, pero se niegan a sentarse en la misma mesa con representantes de las VTC. “Es un sector que no es leal, mientras no actúen de forma correcta y finjan agresiones por parte de taxistas que no se han cometido, como en el caso de Granda, no nos sentaremos con ellos”, dice Ruano que advierte de que interpondrán acciones legales contra quien acuse a los taxistas de atacar a chóferes de vehículos con conductor.