Los auditores de la UE critican la gestión del Plan Juncker

 En un entorno de anemia inversora en Europa, la puesta en marcha del Plan Juncker en julio de 2015 fue la receta de Bruselas —de la mano del Banco Europeo de Inversiones (BEI)— para dotar de anticuerpos a un organismo debilitado por los zarpazos de la recesión. Tres años y medio después, la iniciativa es omnipresente en la comunicación de la Comisión Europea, con nuevos proyectos anunciados semanalmente, y una riada de datos que justifican su creación. Según Bruselas, hasta el pasado diciembre se han movilizado 371.200 millones de euros, dos tercios de ellos procedentes de inversores privados, para financiar a 856.000 pequeñas y medianas empresas en territorio europeo.

Los auditores se han sumergido en esa maraña de datos para examinar sus entrañas. La conclusión general es positiva: el Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que el Plan Juncker ha servido para lograr inversiones adicionales. Pero ahí se acaban las buenas noticias. Prácticamente todo lo demás es una extensa sucesión de sin embargos a lo largo de 68 páginas que sacan a la luz sus carencias y rebaten un relato a menudo autocomplaciente.

El documento señala que el programa de inversiones no siempre cumplió con su función de traer dinero fresco. A veces actuó como mero sustituto de operaciones que en el pasado correspondían al BEI, a otros instrumentos de la UE e incluso a fuentes privadas. Concretamente, calcula que casi un tercio de los proyectos de infraestructuras e innovación podrían haberse llevado a cabo sin la ayuda del fondo europeo. Para evitar nuevos solapamientos, recomiendan estudiar mejor si disponen en el mercado de alternativas para financiarse.

Desequilibrios geográficos

Otro duro golpe llega cuando se refieren a los números. "En algunos casos, la metodología utilizada para calcular la inversión movilizada sobreestimaba el grado en que la ayuda generaba realmente una inversión adicional en la economía real", alertan. En resumen: cuestionan las cifras de la Comisión sobre el dinero nuevo que de verdad fluye a las empresas. La discrepancia aquí está en la forma de contabilizar. La Comisión suma como inversión movilizada cada proyecto aprobado, pero esa fórmula no siempre es real: el Tribunal encontró tres operaciones aprobadas durante 2016 cuya firma seguía pendiente a finales de 2017.

Los auditores también critican la desigual distribución de las inversiones. Según su examen, la financiación se destinó a Estados con bancos de fomento bien asentados, especialmente a Alemania, Francia, España e Italia. Y países con menos experiencia en desarrollar colaboraciones público-privadas, como es el caso de los socios del Este, quedaron así marginados. La renta per cápita de estos últimos es inferior a la de los países receptores de la inversión, por lo que aunque los auditores admiten que el fondo no está concebido como un instrumento de cohesión para redistribuir la riqueza, piden que se mejore el reparto.