Choque político en Madrid en plena guerra del taxi por el tiempo de reserva para los VTC

Después de tres días de cierre patronal, con los taxistas asediando la feria de Madrid durante la celebración de Fitur, el Ayuntamiento (Ahora Madrid) y la Comunidad (PP) pactaron ayer abrir una mesa técnica para afrontar la crisis. Las dos administraciones miden el conflicto laboral —explicitado en cortes de carretera, una decena de heridos y un detenido—, desdes perspectivas opuestas.

El borrador del decreto con el que el Gobierno regional quiere regular las VTC recoge que estas operarán en regimen de prereserva, pero no tasa el tiempo de espera entre que se solicita el servicio y se recibe. Esa decisión correspondería a los Ayuntamientos, que así podrían adaptar los límites a sus circunstancias. Sin embargo, el equipo de Manuela Carmena considera que es competencia del Ejecutivo regional fijar un tiempo mínimo y máximo que acote la decisión de cada consistorio, como ha hecho la Generalitat.

“Estamos dispuestos a legislar definiendo qué es precontratación”, explicó el presidente regional, Ángel Garrido, que se enfrenta a la crisis sabiendo que no continuará en el cargo tras las elecciones de mayo. Fijar el margen de antelación con el que los usuarios deben reservar un servicio de VTC, detalló, “corresponde” a los municipios.

“La responsabilidad es de la Comunidad, quien tiene que desarrollar el marco legal que habilite a los Ayuntamientos”, discrepó Inés Sabanés, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, por donde circulan casi 7.000 VTC. “Nosotros podemos trabajar técnicamente, pero lo primero es que la Comunidad ponga sobre la mesa las bases de regulación. Sin eso no podemos trabajar”, añadió.

“La responsabilidad recae en la Comunidad y en segundo lugar en el Ayuntamiento. Sería mejor que Garrido diera menos consejos en materia de seguridad y que se pusiera a trabajar más en la regulación del sector”, terció el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, informa F. Javier Barroso.

El enfrentamiento entre las dos principales Administraciones de la región se reprodujo entre los partidos en la Asamblea, demostrando las dificultades que tendrá el Gobierno para sacar adelante el decreto con el que quiere reformar la ley —sea cual sea su contenido—.

Así, tanto el PSOE como Podemos se muestran a favor de tasar la precontratación, mientras que Ciudadanos se opone, y propone “flexibilizar” el sector.

“Estamos en una situación de crisis grave”, dijo el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que pidió una mesa de negociación. “Somos partidarios de la regulación. Hay asuntos que son muy importantes, como la precontratación, de los que habría que hablar”, añadió. “A los Ayuntamientos no les corresponde esa regulación”.

“Entendemos que la parte de la precontratación es nuclear y que la Comunidad tiene que asegurar jurídicamente un mínimo y que desde ahí los Ayuntamientos puedan ampliar”, coincidió María Acín, diputada de Podemos. “La medida de Barcelona la vemos con buenos ojos”, añadió la representante del partido de Pablo Iglesias, que defiende la habilitación de una licencia municipal para las VTC.

“La segunda licencia es complicar la situación por no querer gobernar”, discrepó Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. “De la prereserva no somos partidarios. Restringe la oferta de manera artificial”.

Mientras los políticos discuten, las protestas continúan. Los taxistas de Madrid, que quieren que la regulación de la precontratación sea autonómica para tener una mayor seguridad jurídica, continuarán su protesta de forma indefinida.