La violencia daña todas las causas
Libertad de expresión y de manifestación, sí. Pero no deben derivar en patente para ocupar ciudades
Libertad de expresión y de manifestación, sí. Pero no deben derivar en patente para ocupar ciudades de forma que se restrinja gravemente, de forma continuada y con amenazas y violencia la libertad de circulación de los demás. Y su integridad: periodistas o competidores.
Los excesos de esta última y permanente huelga de taxistas en Barcelona y Madrid no solo enajenan anteriores simpatías ciudadanas. Tintan de incertidumbre grandes eventos económicos, como el Mobile o Fitur, claves para las metrópolis que los acogen. Y dificultan más la resolución de un problema ya de por sí enojoso y arduo.
Lo es, pues siempre resulta complicado conciliar intereses legítimos —y a veces enquistados— de sectores enfrentados. Todos, taxistas y conductores de Uber y Cabify, los tienen, amparados por distintas licencias, regulaciones europeas y locales, que establecen distintos requisitos al transporte de viajeros.
La dificultad se agranda al tratarse en buena medida de una reconversión industrial que se promete radical. Un sector (el del taxi) atraviesa, junto a virtudes tradicionales, un declive, el peso y las inercias del pasado, incluso algunas deleznables prácticas mafiosas.
Y el portador de futuro en tecnología, en flexibilidad y en capacidad de competencia y precios (los VTC) acusa también puntos débiles. Como una menor especificación de requisitos y responsabilidades y una debilidad de protección laboral siamesa de otras industrias de plataforma.
Para más inri, la competencia e intervención de tres niveles de gobernanza distintos —estatal, autonómico y local—, y ocupados por fuerzas dispares, obstaculizan la fragua de una regulación de consenso.
Que abra paso a las bienaventuranzas del futuro sin dejar en la cuneta a los esforzados herederos del pasado. Mientras eso sucede, las libertades ciudadanas integrales de ambas capitales no deben decaer entre exculpaciones de responsabilidad de cada nivel de gobierno.
La radicalidad de algunos abusos tiene que ver con lo que algunos se juegan: su patrimonio, los ahorros de su vida, o los futuros (vía crédito) con los que adquirieron a precios astronómicos sus licencias.
Hay que acabar con su encarecedor sistema de subasta. Con su carácter hereditario, de forma que a la jubilación o muerte del conductor la licencia vuelva a la Administración. Y equiparar las condiciones de acceso al oficio. Pero eso necesita negociación. Tiempo. Periodificación. Cesiones. Apoyo financiero blando. Firmeza. Pactismo. Política.
