Suben las partidas para la violencia de género y el Instituto de la Mujer

Las políticas para la igualdad entre hombres y mujeres y los planes para combatir la violencia machista contarán con más fondos, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha definido este lunes como "unas cuentas feministas". El Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado a 220 millones el dinero reservado al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el destinado al Instituto de la Mujer, que contará con 26,5 millones en el presupuesto. Una de las medidas estrella para la conciliación, la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas, supondrá 825 millones de euros. 

El gran pacto contra la violencia -ratificado por todas las fuerzas políticas en 2017, salvo Unidos Podemos, que se descolgó porque lo consideró insuficiente-, preveía 200 millones anuales que en 2019 sube a 220 millones. Esta partida supone el 0,06% del gasto total, 345.358  millones en las cuentas con el mayor aumento de gasto desde 2010 y que serán sometidas a votación el 13 de febrero.

Como ya había anunciado, el Ejecutivo ha doblado la partida destinada a los Ayuntamientos de 20 a 40 millones. A través de los servicios sociales municipales, entre otras instituciones, se pondrá en marcha uno de los puntos previstos en el pacto de Estado, la acreditación de víctima de violencia de género sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial. Es una de las iniciativas aprobadas para facilitar ayudas y cobertura a las mujeres que no se atreven a denunciar (casi tres de cada cuatro de las asesinadas nunca habían presentado denuncia). La fórmula para esa habilitación como víctima está aún en discusión entre el Gobierno y las comunidades, a las que les corresponden 100 millones a repartir de estos presupuestos para el Pacto y otros 80 para el Estado. 

Las cuentas públicas contra la violencia de género recogen además 14 millones de euros para familias e instituciones sin ánimo de lucro para destinar a ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia de género, atender a víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras actuaciones. En lo que llevamos de 2019, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 47 el año pasado, 976 desde que comenzó el recuento oficial en 2003.

6,7 millones más para el Instituto de la Mujer

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades pasa de 19,8 a 26,5 millones de euros, aunque esa nueva partida incluye el presupuesto de la Secretaría de Estado de Igualdad, por lo que la subida del dinero previsto íntegramente para el instituto será del 21%, según fuentes del organismo. Aumentan las transferencias a fundaciones y entidades públicas (de 575.000 a 875.000 euros) y pasan de 3,7 a 5,4 las previstas para familias e instituciones. Los gastos de personal suben de 6,7 a 8 millones de euros y se reduce 390.000 euros la partida para las comunidades autónomas (hasta los 100.000 euros). El Instituto ha previsto abrir este año una escuela de pensamiento feminista. Deberá desarrollar también funciones previstas en el Pacto de Estado relacionadas con el Observatorio de la Imagen de las Mujeres y la elaboración de un sello identificativo para empresas públicas y privadas que establezcan políticas de responsabilidad social y corporativa, según recoge el proyecto del Gobierno. También

La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas tendrá un impacto de 825 millones de euros, según el plan de presupuestos, que señala que beneficiará a 190.000 familias. Es una medida, ha dicho Montero, que persigue que las mujeres "no se sientan penalizadas ante el mercado laboral".

Jueces y unidades de valoración 

La partida para financiar los “gastos de personal” en Justicia alcanzan, en el 2019, los 1.463 millones de euros, con un incremento del 5,3% respecto al año 2018. Según el proyecto del presupuesto, con estas dotaciones se financian la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, además de las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral, unas unidades específicas en los juzgados para evaluar el riesgo que corren las víctimas que comenzaron a desarrollarse en 2004 pero que 15 años después aún no están totalmente implantadas.