El ‘lobby’ bancario

En las conclusiones del informe sobre la crisis financiera de Estados Unidos (The Financial Crisis Inquiry Report) de enero de 2011 se destaca el importante papel jugado por los lobbies. El documento señala que “la industria financiera jugó un papel clave en el debilitamiento de las restricciones regulatorias de las instituciones, mercados y productos”. Sus redactores añaden que “no sorprendió a la comisión que una industria con tanta riqueza y poder pudiera ejercer presiones en los responsables políticos y reguladores”. Y lo más relevante, precisa que “desde 1999 a 2008, el sector financiero destinó 2.700 millones en gastos de actividades de lobby a nivel federal”. El sector bancario también contribuyó con mil millones de dólares a las campañas electorales.

 A diferencia de Estados Unidos, en España no conocemos nada del dinero que han gastado los lobbies para influir en la regulación. Pero sí sabemos que realizaron actuaciones muy sustanciales que fueron decisivas para rebajar las exigencias de provisiones en materia de créditos, que encarecieron el coste de la crisis.

Jesús Saurina, director general de Estabilidad Financiera del Banco de España, y Carlos Trucharte, destacado investigador de la misma institución, han analizado en su libro Las provisiones contracíclicas del Banco de España, 2000 - 2016, la relevancia de estas actuaciones. Los autores explican cómo en 2000, por impulso del gobernador Luis Ángel Rojo, el Banco de España estableció las llamadas provisiones contracíclicas para cubrir las posibles pérdidas futuras por créditos fallidos.

El objetivo de estas provisiones, llamadas también estadísticas, era cubrir la pérdida media esperada desde el mismo momento de la concesión del préstamo, de acuerdo con la experiencia histórica. Se trataba de que las entidades mantuvieran un nivel de dotaciones a insolvencias similar al de las ocurridas en el periodo 1986 -1998, que se situaba en el 0,9% de la cartera crediticia.

Saurina y Trucharte señalan que los “bancos se opusieron de manera pertinaz, contrariamente quizá a lo que podría esperarse de unos banqueros prudentes, preocupados no sólo por el beneficio a corto plazo sino también por la perduración de la entidad a medio plazo”. Y añaden que “la fuerte oposición de la banca española, entre otros factores, pudo llevar a una rebaja de la calibración inicial propuesta, a un entorno algo superior a una cobertura del 0,4% de la cartera crediticia”.

Entre 2000 y 2007 estas provisiones permitieron crear un fondo de 25.836 millones de euros. Si se hubiera aplicado el 0,9% propuesto por el supervisor se habrían acumulado unos 60.000 millones de euros y las pérdidas de ayudas públicas (48.000 millones según la Unión Europea) habrían sido mucho menores.

Para empezar, los bancos deberían reconocer que se equivocaron con sus presiones. Resultan patéticas las acusaciones de los exbanqueros en apuros que achacan ahora al supervisor la causa de sus desgracias.

Por ello tiene mucho sentido la propuesta de Unidos Podemos en el Informe de la Comisión de Investigación que propugna establecer mecanismos para “regular y fiscalizar la actuación de los lobbies financieros”. Se habla mucho de la captura del regulador pero sería mejor fijarse en los captores del regulador.