Salario mínimo contra discriminación femenina

Los argumentos de las ministras Nadia de Calviño (Economía) y Magdalena Valerio (Trabajo) que vinculan la subida del salario mínimo (SMI) a la lucha contra la brecha salarial de género significan un cambio radical en las relaciones laborales. Su propuesta nace de la constatación de que un 70% de los perceptores del salario mínimo son mujeres.

Hasta ahora los estudios sobre las subidas del salario mínimo se han centrado en sus efectos sobre el empleo. La mayoría de investigaciones consideran que los efectos de las subidas del SMI sobre el empleo no son concluyentes. Y si hay consecuencias negativas son mínimas. En estos trabajos sólo se tomaban en consideración dos variables: la cuantía del salario mínimo y el volumen de empleo.

La introducción de un tercer factor, la brecha salarial, supone incorporar en el análisis económico la necesidad de eliminar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Esta perspectiva de la economía feminista es necesaria si se quiere reducir esta injustificable desigualdad social.

La propuesta es pertinente porque en nuestro país la brecha salarial de género crece. El salario medio anual de las mujeres fue de 20.131 euros anuales en 2016, un 77,6% del de los hombres. Es decir, las mujeres cobraron un 22,4 % menos que los hombres, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de aquel año, última disponible. En 2008, la brecha salarial era menor al percibir las mujeres un salario equivalente al 78,1% del de los hombres.

El segmento de la población que percibe los salarios más bajos está cada vez más ocupado por mujeres. En 2016, un 55% de las mujeres tenían un salario de entre cero y dos veces el salario mínimo, mientras que los hombres con estos ingresos eran el 35%. En 2008, el porcentaje de mujeres con salarios bajos era del 43% y entre los hombres el 35%.

La discriminación salarial tiene hondas raíces. Como señala la historiadora Joan W. Scott en La mujer trabajadora en el siglo XIX, “la introducción de las mujeres significaba que los empleadores habían decidido ahorrar costes en la fuerza de trabajo”.

La profesora Mertxe Larrañaga en el libro Con voz propia, coordinado por la profesora Cristina Carrasco, señala que además de la discriminación salarial las mujeres soportan otro tipo de segregación como la precariedad laboral. En 2018 tenían empleo a tiempo parcial el 22,7% de las mujeres y el 6,5% de los hombres. Larrañaga señala que “el empleo parcial es fundamentalmente un asunto de mujeres, tal vez porque se ha considerado que son empleos que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar”. Argumento que la propia autora refuta.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera aumentar el SMI hasta 1.000 euros en 2020. La introducción de esta tercera variable no ha hecho más que empezar y ha descolocado a los críticos de la subida del SMI, que por ahora guardan silencio. Las cuentas en la economía capitalista son más fáciles de cuadrar si hay una parte explotada que no se tiene en cuenta.