La CNMC fijará los peajes de los mercados eléctricos y de gas desde 2020

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), tiene previsto aprobar este viernes un Real Decreto-ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean independientes. La decisión supone cumplir con las exigencias de Bruselas y pone fin al enfrentamiento que el organismo mantiene con el departamento de energía desde hace varios años.

De esta forma, la CNMC asumirá las funciones de aprobación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifa eléctrica y de gas que hasta ahora estaban atribuidas al Ministerio para la Transición Ecológica (antes al Ministerio de Energía). Los peajes suponen en torno al 40% de la factura de la luz y a ellos se añaden los impuestos. La CNMC se encargará, en concreto, de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad y a las plantas de gas natural licuado desde 2020. De igual modo, determinará las retribuciones de esas actividades.

Asimismo, serán de su competencia las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

Con el real decreto-ley, homologable al de los demás estados europeos, el Gobierno salva que la Comisión Europea presente un recurso ante el Tribunal Europeo, y en consecuencia una sanción importante, por trasposición incorrecta de dos directivas sobre la que había sido advertido desde septiembre de 2016. El incumplimiento, que provocó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP, supuso que la Comisión Europea amitiera un dictamen motivado que acabó en las advertencias citadas que coleaban.

El plazo definitivo terminaba el 31 de diciembre de 2018, pero el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, concedió un periodo de gracia hasta el 20 de enero. La premura por cumplir supuso que esta normativa se desgajara del anteproyecto de ley de medidas urgentes en la que se incluirá el plan de Energía y Clima y las estratgeias de transición energética.

Orientaciones del Gobierno

La CNMC, en todo caso, deberá de tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno y que abarcarán aspectos como la seguridad de suministro, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, entre otros. En ese sentido, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta de la CNMC a las orientaciones.

En caso de suscitarse discrepancias entre ambas partes, se convocará a la Comisión de Cooperación para buscar el entendimiento. Este organismo estará compuesto por tres personas en representación de la CNMC y tres personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria, con una periodicidad de un año.

En el caso de que no existan discrepancias o se alcance un acuerdo en el seno de la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba “de acuerdo con las orientaciones de política energética del Miteco”. En caso de no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta “oído el Miteco”. En este caso, el Gobierno puede recurrir a instancias judiciales si resulta procedente.

Además de la determinación de las prioridades, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. También será competente en la aprobación la estructura de los cargos, su metodología y sus valores, y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Por último, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.