Abengoa paga a los pequeños bonistas y evita que soliciten el concurso necesario

Abengoa ha salvado el concurso necesario que pedía un grupo de pequeños bonistas contra la empresa y sus filiales tras alcanzar un acuerdo. El pacto ha supuesto que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla que lleva el caso haya archivado la causa. Según la resolución, que exime tanto a los acreedores como a las deudoras del pago de las costas, Abengoa habría solventado sus diferencias con los bonistas, a los que el juez Márquez dio la razón en el procedimiento de impugnación del acuerdo de refinanciación, reconociendo su derecho a ser reintegrado el importe de los bonos, que ascendía a 10 millones.

Según fuentes jurídicas, el auto del juez se conformó el pasado 30 de noviembre. Fuentes de la empresa se han remitido al acuerdo, aunque no han precisado los términos del mismo. Por su parte, Ángel Zamora, socio del despacho Zurbarán Abogados que ha negociado la recuperación de la inversión para estos bonistas, ha declinado hacer ningún comentario al respecto. Este grupo lo formaban en torno a una veintena de particulares, entre ellos las familias Fernández de Bobadilla y Melgarejo. El acuerdo alcanzado despeja una sombra de la insolvencia y la compañía presidida por Gonzalo Urquijo consigue un avance hacia la senda de la normalidad.

Desproporción

El concurso necesario fue solicitado el 25 de septiembre de 2017 por los bonistas. El juez Márquez les dio la razón al reconocer que Abengoa quería imponerles “un sacrificio desproporcionado”. Los acreedores presentaron la solicitud de concurso necesario el día en que les fue notificada la sentencia, ante el miedo de que el siguiente paso de Abengoa fuera la propia solicitud de concurso voluntario o una nueva refinanciación. Cualquiera de las dos vías hubiera dificultado el cobro de sus créditos. Sin embargo, el concurso necesario procuraba la protección concedida por la Ley Concursal al acreedor que la instaba.

Pero salvado este match ball, todavía está pendiente de resolver la demanda que es de que es mayor cuantía presentada por otros inversores, la mayor parte de ellos internacionales, que tampoco firmaron el acuerdo de refinanciación y también pidieron la devolución de su inversión. Según los demandantes, el nominal asciedne a unos 145 millones, que tendría un impacto incremental de la deuda de 72 millones, según reconoció en su momento la empresa. Los principales demandantes son la aseguradora Zurich, Portland General Electric Company y Export-Import Bank of the United States.

En su momento, Abengoa logró un eximente (o waiver), de manera que los principales bancos y fondos que recapitalizaron la deuda se comprometieron a que el pago no fuera considerado motivo de terminación de los acuerdos. Así se lo comunicó a la CNMV. La empresa admitió que la deuda reclamada superaba las previsiones del plan, por lo que los pagos anticipados la colocarían en una situación límite.

La compañía remitió al juez dos escritos, uno de “aclaraciones” y otro de “complemento”, para determinar la cuantía exacta a devolver y si era posible adscribir a los reclamantes a la opción menos dura del plan de viabilidad, que contempla quitas del 70% en lugar del 97%, algo que el juez rechazó. Pero el problema es que si se reconocen los más de 200 millones que reclaman los acreedores y no los 72 que ella reconoce, estaría asentándose en un supuesto erróneo. Y si no paga, se situaría ante un presupuesto objetivo de concurso necesario, al que se vería abocado si cualquier acreedor lo insta. Otra opción, según fuentes jurídicas, sería solicitar otra vez la aplicación del artículo 5bis (el preconcurso de acreedores), lo que implicaría cuatro meses más para negociar.