“Estudiamos cómo ayudar a los que no pueden permitirse opositar”

José Antonio Benedicto (Santander, 1971) acaba de sacar adelante un decreto para que diabéticos, portadores del VIH, celíacos o afectados por la psoriasis puedan acceder a las pruebas de acceso a las oposiciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, o Aduanas. Benedicto está al cargo del área que gestiona las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Estado desde el pasado junio, cuando Pedro Sánchez lo nombró secretario de Estado. Reconoce que estudia cómo reformar el acceso al empleo público y que su principal reto consiste en abordar el envejecimiento de las plantillas ministeriales. Y, sobre todo, cómo atraer talento a un sector algo denostado desde algunos sectores.

Pregunta. ¿España tiene muchos o pocos funcionarios?

Respuesta. España tiene los funcionarios que tiene que tener. En comparación con los países de nuestro entorno, tenemos menos.

P. Entonces, deberíamos tener más.

R. No necesariamente.

P. Algunos sectores cuestionan las cifras de precariedad y eventualidad de la Administración.

R. Las cifras de temporalidad actuales no son asumibles para la Administración. Precisamente por eso, el año pasado se firmó un acuerdo con las organizaciones sindicales para abordar un plan de reducción del empleo no estable. El objetivo era reducir la temporalidad al 8%, una meta que plantea la Comisión Europea.

P. Un año después de aquel acuerdo, ¿cómo va?

R. Podemos decir ya que el Estado tiene una cifra de temporalidad del 6,1%, por debajo de los objetivos de Europa. Pero el objetivo es llegar al 8% en tres años en el conjunto de las Administraciones.

P. Hace unas semanas, se alcanzó el acuerdo para recuperar el derecho ante la incapacidad temporal que existía antes de la crisis. ¿Se han recuperado ya todos los derechos recortados en la crisis?

R. Con eso hemos recuperado los derechos más sangrantes que perdieron los empleados públicos. Era una medida esencial. No creo que reducir el salario de alguien que tiene que coger una baja porque tiene un problema de salud sea la manera de atajar una crisis, ni la manera de motivar el empleado público.

P. Habiéndose recuperado los derechos más sangrantes, porqué cree que estamos viendo estas movilizaciones de funcionarios de Justicia, Sanidad y Educación...

“Las cifras de temporalidad actuales no son admisibles”

R. La Administración es una organización de más de 2,5 millones de empleados. Es normal que en determinados sectores pueda haber desconocimiento de algunas medidas, problemas en la aplicación, u otras reivindicaciones. Ahora bien, nosotros hemos asumido dos compromisos importantes, acordados por el anterior Gobierno. Uno es la equiparación salarial de cuerpos y fuerzas de seguridad y el otro es el acuerdo que fija un marco salarial temporal a tres años. Ese pacto es el único marco en el que se pueden desenvolver ahora todas las reclamaciones retributivas de los empleados públicos. En determinados ámbitos de la Administración se están haciendo reclamaciones que van más allá y deben reconducirse.

P. Existe un cierto debate en la sociedad porque el salario de los empleados públicos es un 40% superior al del sector privado.

R. Las comparaciones siempre hay que hacerlas en términos homogéneos y creo que se están comparando cosas heterogéneas. En el caso de los empleados públicos, comparamos el 100% de la retribución de todo el escalafón del sector público, desde el presidente del Gobierno hasta la persona que menos cobra. Y cuando comparamos el empleo privado, no comparamos el presidente de una sociedad o de un banco o de una gran empresa, que está cobrando probablemente 300 o 400 veces más que lo que cobra el presidente del Gobierno. Qué hay salarios en el empleo privado más bajos que los más bajos que los del sector público, seguro. Y estamos luchando contra eso. De hecho, el Gobierno acaba de firmar un acuerdo para incrementar el salario mínimo interprofesional a 900 euros.

P. Para cuándo un plan de movilidad geográfica para que los empleados públicos puedan trasladarse a otros territorios.

R. En principio, la legislación ya lo permite. En la conferencia sectorial del pasado octubre, la primera celebrada en los últimos 10 años, se acordó estudiar vías para facilitar e incrementar la movilidad. Las personas que se quieren mover de una Administración a otra o de un territorio a otro no están encontrando dificultades.

P. La plantilla de empleados públicos tiene una elevada edad media.

R. Ese es uno de los elementos clave que tiene que afrontar la Administración. Creo que tenemos tres grandes retos sobre la mesa: el envejecimiento de la plantilla, atraer talento joven y la digitalización. Estos retos están vinculados entre sí.

P. ¿Y en concreto sobre el envejecimiento?

“El reto contra el envejecimiento es atraer talento joven a la Administración”

R. En los últimos 12 años, la edad media de la plantilla de la Administración del Estado ha pasado de 46 años a 51 años. Es una barbaridad. Es consecuencia de las escasas ofertas de empleo que hemos tenido los últimos años. Es un problema para la Administración, pero primero tenemos que diagnosticarlo, ver en qué segmentos lo tenemos, si es necesario rejuvenecer la plantilla o si en determinados servicios se nos van a producir jubilaciones y amortizamos esos puestos. A lo mejor mucha mano de obra se pierde por la jubilación y no hace falta sustituirla porque la digitalización absorbe el contenido de esos puestos. Hay muchos elementos que contemplar. Pero el gran reto relacionado con el envejecimiento es atraer talento joven, no para que baje la edad media, sino para atender a las nuevas necesidades que van a surgir en la Administración.

P. ¿Cree que con los salarios que se pagan en la Administración se puede atraer al talento?

R. Discrepo. La simplificación de eso es que la gente con talento no está en el sector público. Y creo que en el sector público hay mucha gente, muy buena y con mucho talento. El sector público ofrece muchas otras cosas, y no solo una retribución económica. Ofrece estabilidad, trabajar en un marco donde prima la igualdad, la corresponsabilidad, la conciliación, que también son retribución. Creo que el sector público puede resultar muy atractivo. Que hay gente que prioriza el salario, por supuesto.

P. ¿Cómo es posible que en 2018 todavía tengamos que hablar de digitalización en la Administración española?

R. Lamentablemente, es así. Nos hemos planteado un objetivo estratégico en materia de digitalización, que es la carpeta ciudadana. Se trata de que un ciudadano pueda acceder a un espacio único en Internet donde tenga todos los expedientes con la Administración pública y poder gestionarlos desde ahí. Los asuntos de la Administración de Justicia, Tributaria, becas, carné por puntos... Nuestro compromiso es tenerla lista en la primavera de 2020. Es prioritario y afecta a estrategias como es el reto demográfico. En 18 meses nuestro compromiso es tener el 80% de los servicios más demandados de la Administración General del Estado.

P. En el año del #Metoo qué medidas se están impulsando para reforzar la igualdad

R. En la Administración General del Estado no hablaría de desigualdad salarial entre hombres y mujeres por razones estrictamente de sexos.

P. Eso es la brecha salarial.

R. En la Administración la retribución de un puesto de trabajo es igual para un hombre y una mujer. Diría que en la Administración que yo conozco en ningún caso creo que perjudican la carrera profesional de una mujer respecto a un hombre.

P. Pero, ¿qué medidas concretas?

R. Seguimos abordando planes de igualdad en la Administración porque hay que adaptarlos y modernizarlos. Y con lo que si estamos preocupados es con la atención a las empleadas públicas víctimas de la violencia de género. De hecho, en la conferencia sectorial, el primer acuerdo y único ha sido un acuerdo de todas las Administraciones públicas de movilidad de empleadas públicas víctimas de violencia de género para que en el caso de necesitar salir del territorio donde están o de la Administración donde trabajan porque consideran que en un entorno donde se encontrarán más protegidas está fuera de esa Administración puedan hacerlo sin tener que preocuparse en absoluto ni por su futura carrera profesional, ni por su retribución, garantizando tanto la una como la otra.

P. Hay quien dice que en los altos cuerpos del Estado hay cierta endogamia familiar. Sobre todo en aquellos donde solo puedes acceder si puedes permitirte estar tres o cuatro años opositando sin trabajar. ¿Se prevén medidas o ayudas para eliminar estas barreras al talento?

R. Respecto al tema de las familias, yo diría que eso ya no existe y eso es historia afortunadamente. Sobre la igualdad, ese es uno de nuestros objetivos. Queremos atraer talento a los principales cuerpos del Estado, que es donde se podrían haber planteado esos problemas. Estamos trabajando en reformar el sistema de acceso al empleo público. Son reformas que hay que hacerlas a medio o largo plazo, con tiempo para no perjudicar a los actuales opositores. Pero estamos muy sensibilizados con el hecho de que podemos estar perdiendo talento porque hay ciudadanos cuyas familias no pueden permitirse prescindir de los recursos económicos que aporta.

P. Las oposiciones no son el mecanismo ideal para atraer talento.

R. Depende de para qué talento. Hay que idear un sistema que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad en las mismas condiciones que los sistemas actuales y que a la vez nos permita atraer talento.

P. Y qué sería un sistema de ayudas, becas, préstamos...

R. Habrá que pensarlo, pero esa es una línea en la que estamos trabajando.